Los mexicanos confiamos poco en los diputados y menos en los partidos políticos, de acuerdo con el último Informe País que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral (INE). Esto quiere decir que 73.6% de las personas encuestadas tiene poca o nada de confianza en los representantes populares de su entidad federativa. El vínculo entre representantes y representados está roto y no se ha logrado mejorar. Peor aún, parece que nuestros representantes, con algunas excepciones, renunciaron a intentar restablecer la confianza en su cargo.
Poner la lupa en los congresos locales y en nuestros representantes populares es importante no solo porque en ellos radica la defensa de nuestros intereses, sino porque, al menos en teoría, deberían llevan a cabo una seria de funciones clave para la democracia y nuestra vida cotidiana. En los congresos locales recae la función de presentar y aprobar leyes, de ratificar a funcionarios públicos e iniciar juicios políticos. Pero existe una función aún más relevante: fungir como mecanismo de control y contrapeso a los otros poderes.
Específicamente, nuestros diputados, tanto federales como locales, tienen la facultad y la obligación de aprobar los presupuestos de egresos del respectivo ámbito de gobierno. Además de decidir la asignación de los recursos públicos, también tienen el poder de monitorear y llamar a rendir cuentas a los funcionarios y personas que gastan ese dinero. A pesar de ello, rara vez vemos que los legisladores se pongan a revisar las cuentas -informes de finanzas públicas- o llamen a rendir cuentas o hacer comparecer a los responsables.
Por lo general, enfocamos la atención en las gobernadoras o gobernadores y, recientemente, en el Poder Judicial. Sin embargo, en México, el Poder Legislativo está diseñado para que los congresos tengan la facultad de aprobar los presupuestos. Es natural que nuestros legisladores no sean expertos en todos los temas. Las finanzas públicas, al igual que otros asuntos, requieren de un conocimiento técnico y especializado. Para ello, existen los órganos de fiscalización o auditorías superiores encargadas de la revisión y evaluación exhaustiva del uso de los recursos públicos.
En el Informe Legislativo 2023 del IMCO se identifica que únicamente en tres congresos, San Luis Potosí, Coahuila y Puebla, el presupuesto otorgado al Poder Legislativo se distribuye equitativamente entre Congresos y órganos de fiscalización. En estados como Durango y Morelos, la auditoría superior solo recibe siete y nueve centavos de cada peso gastado por el Poder Legislativo, respectivamente. La falta de recursos a estos órganos refleja una problemática mayor: a los diputados no les interesa cumplir su función de vigilancia ni auxiliarse de las auditorías para llamar a rendir cuentas a los funcionarios públicos.
Al inicio, durante y al final del manejo de los recursos públicos, el poder del dinero recae en los diputados. Nuestros representantes son los constitucionalmente facultados para aprobar, monitorear y fiscalizar -con ayuda de las auditorías- los recursos públicos. Dicho en otras palabras, si hay un mal manejo de dinero por parte del presidente, gobernadora o gobernador, y no sucede nada -queda impune-, los diputados se vuelven cómplices.
Si nuestros representantes no cumplen con sus funciones, difícilmente podrán mejorar la percepción y confianza de las personas. Mientras nuestros legisladores se oculten en la responsabilidad colectiva, la impunidad del dinero y poder nos perseguirá. Cuando hay demasiados responsables no hay ninguno.
*Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad del autor y no representan la postura institucional.
Publicado en El Sol de México.
10-07-2023
