Cuando hablamos de desarrollo, existe el riesgo de reducirlo únicamente al crecimiento económico. Pensamos que producir más, exportar más o atraer inversión extranjera es sinónimo de bienestar. Y aunque el desempeño económico es una condición necesaria, no basta por sí solo para impulsar la competitividad de un estado ni garantizar una mejor calidad de vida para las personas.
Con el lanzamiento del Plan México, el Gobierno Federal plantea una estrategia para potenciar el crecimiento regional a través de la creación de corredores económicos. Entre ellos, el Corredor del Bajío —integrado por Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí— se perfila como una de las regiones con mayor potencial gracias a su fortaleza industrial, su peso exportador y su desarrollo productivo.
Los resultados más recientes del Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2025 lo confirman. Los cuatro estados del corredor se ubican entre los primeros once lugares del subíndice de Innovación y Economía. Aguascalientes (3º) sobresale por su dinamismo innovador y su capacidad para atraer inversión extranjera; Guanajuato (5º), por su combinación de innovación y una economía ampliamente diversificada; Querétaro (8º), por su industria de alta especialización; y San Luis Potosí (11º), por su alta capacidad exportadora.
Sin embargo, el crecimiento económico del Bajío convive con fracturas importantes en materia de seguridad y violencia que amenazan con afectar su competitividad a largo plazo. San Luis Potosí y Guanajuato son los casos con peores resultados en este ámbito.
San Luis Potosí se ubica en la posición 22º en incidencia delictiva, con una tasa de 19.9 delitos por cada mil habitantes y 23º en delitos no denunciados, con una cifra negra del 91%. Por su parte, Guanajuato enfrenta desde hace años un entorno de violencia sostenida. Actualmente, se posiciona entre los estados con peores indicadores de seguridad: ocupa el lugar 28º en homicidios (39.6 por cada 100 mil habitantes), el 26º en incidencia delictiva (23.8 por cada mil habitantes) y el último lugar en percepción de seguridad, ya que solo el 11 % de la población adulta declara sentirse segura en la entidad.
En contraste, si bien Aguascalientes y Querétaro son estados más seguros—Aguascalientes se posiciona en el 6º lugar tanto en homicidios como en percepción de seguridad y Querétaro ocupa el 4º lugar en homicidios y 8º en percepción—, ambos siguen enfrentando algunos retos importantes en otras dimensiones de la seguridad.
Aguascalientes, por ejemplo, ocupa el lugar 30 en incidencia delictiva (28.1 delitos por cada mil habitantes) lo que lo coloca entre los estados con mayor actividad delictiva en la región. De manera similar, Querétaro también enfrenta un panorama complejo: es 30º en robo de vehículos (6.6 por cada mil unidades registradas) y 25º en incidencia delictiva (22.8 por cada mil habitantes).
Así, el caso del Bajío demuestra que, a pesar de su dinamismo económico, buena parte de su población sigue enfrentando contextos marcados por la violencia. Es una región competitiva, sí, pero también frágil. La inseguridad impacta tanto a las empresas como a las familias, y debilita el atractivo de la región para la inversión, comprometiendo su competitividad. Apostar por un desarrollo integral en el Bajío requiere garantizar, a largo plazo, seguridad, justicia y un marco institucional sólido. Por eso, el desarrollo económico por sí solo no basta. Sin Estado de derecho, no hay desarrollo que se sostenga.
