Opinión

El pequeño margen de maniobra

FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Dicen por ahí que por diagnósticos no queda. Suponiendo que esa afirmación sea correcta, la pregunta que sigue es preocupante: ¿por qué, a pesar de tantos diagnósticos, México no logra encontrar una senda de crecimiento sostenido? ¿Por qué, si se conoce la receta para crecer, simplemente no logramos aplicarla? ¿O será, más bien, que hay muchas recetas y no nos ponemos de acuerdo en cuál nos gusta?

Desde luego, no existe una respuesta única, pero prácticamente todas las explicaciones posibles pasan por una razón ineludible: poca inversión. La inversión captura las expectativas de crecimiento que se tienen para un país, pero no se activa apretando un botón ni creando narrativas sobre estabilidad, beneficios esperados o nuevos planes industriales.

La inversión en México proviene mayoritariamente del sector privado: alrededor de 86 % del total invertido son recursos privados. El restante proviene del sector público, pero aunque el porcentaje parezca menor, la inversión del Estado es fundamental para detonar crecimiento, suponiendo, claro, que verdaderamente sea inversión y no sólo recursos destinados a gasto que aparenten serlo.

Así, cada vez que surge la pregunta sobre qué puede hacer el gobierno para que México crezca más, la conversación choca con la misma pared: las finanzas públicas. El margen fiscal es estrecho, la deuda sube, el déficit persiste y Pemex absorbe recursos que deberían ir a otra parte. Dejemos de lado la voluntad política para pensar en un México de más largo plazo: la realidad es que hay poco espacio económico real para mover la aguja. Pero poco no es nada, y conviene saber exactamente dónde está ese poco y cómo usarlo bien.

En 2025, la inversión cayó 6.7 %, su primera contracción desde 2020. No es un dato menor. La inversión representa casi una cuarta parte del PIB y tiene un efecto multiplicador sobre el resto de la economía: cuando cae, arrastra empleo, productividad y expectativas. Y lo que cayó no fue sólo la privada, que retrocedió 4.4 %, sino también la pública, que se desplomó 18.9 %. Ése es el diagnóstico en dos cifras. Cuando el sector privado, que representa en promedio 86 % de la inversión total, también frena, el problema no es sólo presupuestal: es de entorno.

¿Qué puede hacer el Estado en ese contexto? Lo que no puede hacer es gastar más sin pensar en capacidad productiva. La deuda pública ya se acerca a 62 % del PIB y el FMI proyecta que superará 63 % antes de que termine la década. El déficit fiscal sigue por encima de la mediana de países con calificación similar a la de México. Endeudarse para crecer es una opción cada vez menos disponible sin pagar un costo alto en credibilidad y tasas. Dicho esto, reducir el gasto indiscriminadamente tampoco es la respuesta: el recorte de inversión pública en 2025 fue, en parte, lo que explica la caída de ese componente. La inversión pública se ha convertido en la variable de ajuste. Cuando el Estado deja de invertir, no sólo reduce la producción directamente, sino que manda una señal de desconfianza.

La apuesta actual del gobierno son los proyectos mixtos: atraer inversión privada para infraestructura energética, logística e hídrica, con participación pública como ancla institucional. La lógica es correcta. El problema está en la ejecución. Para que un privado ponga dinero en un proyecto de infraestructura a veinte años, necesita certeza sobre las reglas, los contratos, los plazos y los reguladores. Hoy esas certezas son insuficientes. Los cambios regulatorios del sector energético, incluido el periodo de transición entre reguladores, mantuvieron cerradas las posibilidades de inversión durante meses. Eso tiene un costo que no se recupera fácilmente.

También vale la pena cuestionar las prioridades. ¿Los proyectos que hoy están sobre la mesa son los que mayor impacto tienen sobre el crecimiento? Invertir en movilidad de carga, en modernización de redes eléctricas o en infraestructura hídrica tiene retornos distintos a invertir en trenes de pasajeros o en proyectos de Pemex con rentabilidad cuestionable. El espacio fiscal es limitado; precisamente por eso, cada peso de inversión pública tiene que justificarse con rigor. No alcanza para todo y la priorización importa más que nunca.

Hay otro componente relevante: la Inversión Extranjera Directa (IED). México tiene una posición geográfica y, a pesar de los embates recientes, mantiene un estatus comercial privilegiado. Es el primer exportador hacia Estados Unidos por tercer año consecutivo, y sus exportaciones crecieron 7.6 % en 2025 pese a la incertidumbre arancelaria. Eso habla de capacidades reales. El problema es que la IED que el país necesita no llega sola. Llega cuando el entorno normativo es predecible, cuando el sistema judicial inspira confianza y cuando los mensajes que se mandan al exterior son consistentes. Hoy no siempre lo son.

Ampliar el margen fiscal también pasa por algo que el gobierno ha evitado con cuidado: una conversación seria sobre ingresos. México sigue siendo uno de los países de la OCDE que menos recauda como proporción del PIB. La recaudación tributaria de 2025 fue récord en términos nominales: 5.3 billones de pesos, con un crecimiento real de 4.1 %, pero sigue siendo insuficiente para financiar el gasto que el país necesita sin seguir endeudándose. Sin mayor recaudación, la consolidación fiscal depende casi exclusivamente de recortar gasto, y ya vimos adónde lleva eso.

El cuadro completo es éste: el Estado mexicano tiene un margen fiscal estrecho, pero no inexistente. Lo que tiene que hacer con él no es gastar más, sino gastar mejor, elegir con criterio las prioridades de inversión, generar un entorno que detone la inversión privada y enviar señales consistentes al exterior. Ninguna de esas acciones requiere recursos extraordinarios. Requieren voluntad, coherencia y claridad sobre hacia dónde va el país.

México lleva décadas con el mismo diagnóstico sobre la mesa. El problema no es que no sepamos qué hacer. El problema es que seguimos postergando las decisiones que realmente importan. Y en economía, posponer no es neutro: tiene consecuencias que se acumulan y se cobran más tarde, con intereses.

@ValeriaMoy

Publicado en Este País.

04-05-2026