Los esfuerzos de la actual administración por detener los flujos migratorios en la frontera sur serán fútiles y contraproducentes en la medida que no estén acompañados de un plan ambicioso de inversión en infraestructura y en Estado de derecho en el triángulo del norte compuesto por Guatemala, Honduras y El Salvador. Resolver la cuestión migratoria en América Central debe concebirse como un problema a nivel América del Norte.
La Guardia Nacional deteniendo migrantes en el Suchiate no resuelve, ni tendría por qué resolver, la permeabilidad de la frontera con Guatemala.
El rezago en estados como Chiapas o Guerrero debieran ser una lección de que desplegar a las fuerzas armadas no conduce al desarrollo y sin esto la migración se mantiene como problema perene.
El reto recae en lograr que los países del triángulo del norte transiten de economías rentistas basadas en las remesas, la agricultura, el turismo y la industria de bajo valor agregado hacia la competitividad. Ello requiere que México, Estados Unidos y Canadá reconozcan que el desarrollo de estos países forma parte de su interés nacional y apuesten por la competitividad de una región que hoy no cuenta con la infraestructura física para trasladar bienes hacia el norte, ni con acceso a energía competitiva que permita establecer industrias de alto valor agregado y, quizá el punto más crítico, que ha sufrido un retroceso democrático y de Estado de derecho que pone en jaque cualquier esfuerzo modernizador.
Un punto de partida sería expandir el ferrocarril Chiapas-Mayab hasta Tegucigalpa e invertir en gasoductos que conecten el sur de México con América Central para aprovechar los precios y la disponibilidad del mercado texano de gas natural.
Empero, la diversificación y sofisticación de las economías de estos países no será suficiente sin un compromiso cabal de los gobiernos centroamericanos con la democracia y el Estado de Derecho y un programa de trabajadores temporales donde los tres socios norteamericanos se comprometan a recibir un determinado número de migrantes proporcional al tamaño de sus economías. El gobierno mexicano debería ser el principal impulsor de estas iniciativas.
Los incentivos de las administraciones de López Obrador, con el enfoque de desarrollar el sur-sureste del país, y Biden, presionado por controlar la migración hacia Estados Unidos, están alineados esta materia. Sería un desperdicio desaprovechar el momento para atender los problemas de fondo que aquejan a la región e integrarla plenamente a la cadena de producción de América del Norte. Más allá del turismo en la Antigua y el lago de Atitlán, México requiere entender al triángulo del norte como un interés estratégico para la competitividad de América del Norte.
*Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad del autor y no reflejan la postura institucional.
Publicado en El Heraldo de México.
29-09-2021
