El transporte público es uno de los servicios públicos que más pueden contribuir a mejorar la movilidad, salud y vida de las personas. En el contexto de las próximas elecciones para el cargo de gobernadora en el Estado de México, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó las condiciones de transparencia, los costos que implica su uso y la situación de mantenimiento de dicho servicio en la entidad con la finalidad de plantear propuestas de política pública para mejorarlo.
Con 17.9 millones de habitantes, el Estado de México es la entidad federativa con mayor población del país. Su proximidad e interconexión con la Ciudad de México implica que el sistema de transporte público en el Estado de México también se enfrenta a las problemáticas de movilidad de la Zona Metropolitana del Valle de México, la megalópolis con el mayor número de unidades de pasajeros en circulación del país.
De hecho, en el Estado de México, aproximadamente un millón 600 mil personas se desplazan constantemente a lugares lejanos a su domicilio para trabajar o estudiar. Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, el Estado de México es la entidad con el mayor porcentaje de población que asiste a la escuela en una entidad federativa diferente (8%) y la proporción más alta de población ocupada mayor de 12 años que labora en un lugar distinto (20.1%).
El IMCO identifica cuatro riesgos principales en la gestión del sistema de transporte público del Estado de México:
1. Poca transparencia sobre las condiciones y características de las unidades de transporte. La propia Secretaría de Movilidad del Estado de México afirma que no cuenta con información referente a las unidades que funcionan de forma irregular en la entidad. Tan solo en 2019 se retiraron de circulación 3 mil 421 unidades de transporte público sin concesión. En parte, la informalidad vehicular se ha mantenido porque las autoridades encargadas no han implementado estrategias efectivas de monitoreo y control. Es decir, se trata de un sistema que no cuenta con la transparencia necesaria para operar de manera efectiva.
2. Altos costos monetarios y de tiempo para la ciudadanía mexiquense. Según la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2020, en el Estado de México el gasto corriente monetario promedio trimestral de los hogares asignado al transporte público fue de $1,742, o 5.7% de su gasto total. Esta proporción representa la más alta a nivel nacional. Ahora bien, para desplazarse los usuarios del transporte público no solo incurren en un costo monetario, sino también en uno de tiempo. Cifras de la última encuesta Origen-Destino del INEGI muestran que 28.9% de la población en los municipios conurbados del Estado de México y de Tizayuca (Hidalgo) gasta más de una y hasta dos horas para llegar al trabajo, siendo el transporte colectivo la opción más usada (51.1%).
3. Altos niveles de inseguridad pública. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2022 se registraron en el país 8 mil 57 casos de robo a transporte público colectivo con violencia, de los cuales 80% (6 mil 436) ocurrieron en el Estado de México. De hecho, 55% de los robos en transporte colectivo a nivel nacional, con y sin violencia, ocurrieron en la entidad mexiquense.
4. Poca inversión para su operación y mantenimiento. Aunque el Estado de México es la quinta entidad con el gasto en transporte público más alto per cápita, la inversión en transporte público masivo ha sido limitada. En 2021, el monto ejercido en este rubro fue de 9 mil 785 millones de pesos reales, de los cuales 53% fue destinado a la modernización del transporte masivo.
De acuerdo con la Cuenta Pública Estatal, desde 2018 el presupuesto ejercido por el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico, que incluye el Mexibús, Mexicable y Mexipuerto, no ha aumentado de forma considerable; incluso, entre 2019 y 2020 disminuyó 31% en términos reales.
Los altos costos, la inseguridad y la falta de enfoque en el presupuesto del transporte público se asocian con riesgos en la calidad de vida de las y los mexiquenses, así como la competitividad del Estado de México. De hecho, de acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal 2022 del IMCO, la entidad se ubicó en la posición 21 de 32, con un nivel de competitividad medio baja. En este escenario, el IMCO Propone:
- Identificar los espacios de coordinación metropolitana en materia de transporte e implementar mecanismos que permitan abordar los principales desafíos de movilidad. Es importante que las autoridades mexiquenses garanticen la coordinación e implementación de políticas tanto entre organizaciones de la entidad como con otras entidades de la ZMVM. Por ejemplo, aunque un alto número de ciudadanos mexiquenses utilizan el metro de la Ciudad de México y en el Plan Maestro 2018-2030 de este sistema masivo se incluye la ampliación en tres líneas hacia municipios del Estado de México (Politécnico – Tlalnepantla, La Paz – Chalco y Martín Carrera- Villa de Aragón), el gobierno estatal no destina recursos a la construcción o mantenimiento de este sistema.
- Crear una tarjeta única de movilidad. Entre las acciones urgentes está la creación de una tarjeta única que permita la movilidad entre las diferentes modalidades que se utilizan en la ZMVM, ya que las personas usuarias deben usar una para el Mexibús, otra para el Tren Suburbano y otra para el Metro de la Ciudad de México.
- Actualizar la información referente a las dinámicas de transporte público en la Zona Metropolitana del Valle de México. La Encuesta Origen - Destino realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no ha sido actualizada desde 2017. Si bien supone un alto costo de levantamiento, estructuración y publicación, es pertinente que las autoridades estatales como la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México diseñen un mecanismo para capturar información sobre las dinámicas actuales de transporte tal como la frecuencia de los viajes que realizan las personas y los medios de transporte más utilizados. Esto con el fin de formular políticas públicas con base en la mejor evidencia posible.
- Asegurar el cumplimiento de las tarifas del transporte colectivo. Es necesario que la Secretaría de Movilidad del Estado de México y de la Ciudad de México diseñen una estrategia colaborativa que permita identificar con precisión los vehículos que cobran tarifas irregulares con el fin de generar las sanciones correspondientes y proteger los derechos de los usuarios. Generar certeza en el precio del transporte público permite a las familias una mejor planeación financiera.
- Diseñar estrategias enfocadas en la reducción de tiempos de traslado de los pasajeros. La inversión en transporte debe estar enfocada en las particularidades del transporte colectivo y sus usuarios. La Secretaría de Movilidad y los órganos encargados de operar medios masivos de transporte público deben priorizar la atención, los recursos presupuestales y humanos en proyectos que permitan reducir el tiempo de traslado de la población con el fin de crear ciudades más atractivas y competitivas para las personas.
Quien sea electo para ocupar el cargo de gobernador del Estado de México deberá enfrentar múltiples retos, entre ellos la actualización y mejora del sistema de transporte público del estado, no solo por sus efectos en el desarrollo económico y la competitividad, sino por el impacto que tiene en la vida diaria de las personas.