El domingo pasado, nuestro país vivió el proceso electoral más grande de su historia democrática y los resultados fueron sorpresivos para un gran número de personas. Desde políticos pertenecientes a los partidos que gobiernan y los opositores, pasando por analistas e inversionistas en distintos activos financieros, vimos diferentes señales que confirman que la forma en que se configuró el resultado no era el escenario más esperado.
Dicho resultado lo conocemos todos: de acuerdo con la proyección del conteo rápido del INE, y a reserva de esperar el resultado de los cómputos distritales, Claudia Sheinbaum ganó la elección presidencial, la coalición de partidos que la postuló obtendrá la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y se quedará muy cerca en el Senado, y además resultó ganadora en siete de los nueve cargos a nivel estatal para renovar gubernaturas y la jefatura de la Ciudad de México.
Este escenario es contundente a favor de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. No solo resultaron vencedores, sino también recibieron un enorme respaldo del electorado para impulsar muchas de las políticas públicas que propusieron en campaña, entre las que destacan cambios profundos al sistema de pesos y contrapesos de la democracia mexicana, particularmente por la autonomía de diferentes órganos autónomos y la reforma al Poder Judicial que cambiaría por completo los criterios para elegir jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte.
Frente a todos estos cambios, no resulta extraño que exista preocupación sobre la conducción de la política macroeconómica del país, tanto por el lado fiscal, es decir, del manejo de las finanzas públicas, como por la parte monetaria, que se refiere a la responsabilidad del Banco de México para controlar la inflación desde su autonomía constitucional con respecto al gobierno.
Quizás por ello es por lo que el discurso de Claudia Sheinbaum el mismo domingo que se conoció su victoria es para llamar la atención. Entre sus primeros mensajes se comprometió a respetar la disciplina fiscal y la autonomía monetaria, esto es, no dudó en pronunciarse a favor del manejo responsable de los recursos públicos y el control de la inflación como ejes de la política económica de su gobierno. Lo anterior, en un momento en el que la administración saliente le heredará un nivel de déficit que no vemos desde finales de la década de los 80s y el Banco de México aún no culmina el proceso de convergencia de la inflación a su meta del 3%.
La postura es para destacar, pero al mismo tiempo está sujeta a retos considerables para que se materialice. El plan para reducir el déficit actual requerirá un proceso de consolidación fiscal que involucre medidas tributarias y de gasto que no están diseñadas para apoyar el crecimiento económico. Por otra parte, el Banco de México mantiene una postura restrictiva para lograr que la inflación regrese a su objetivo de 3%, con una tasa de interés objetivo históricamente alta que también limita la capacidad de que brinde cierto soporte al mercado interno a través de un costo de financiamiento relativamente reducido.
Es cierto que el primer paso para conseguir ambos objetivos comienza por la narrativa que elija la próxima presidenta, pero para lograrlo con éxito hace falta que el compromiso esté latente en la ejecución de su programa de gobierno. La primera prueba para ello estará en la presentación del paquete económico para 2025, cuyo plazo de presentación frente al Congreso vence el 15 de noviembre, alrededor de un mes y medio después de su toma de posesión del cargo.
Además, hay que añadir diferentes reformas que el propio presidente envió al Congreso el pasado cinco de febrero y que de aprobarse podrían complicar la labor de las autoridades. Particularmente la reforma al sistema de pensiones que crearía una presión significativa de gasto para las finanzas públicas y las reformas sobre el salario mínimo y los salarios de ciertos servidores públicos que podrían acentuar los riesgos al alza para la inflación subyacente, complicando con ello la tarea del Banco de México para controlarla.
Finalmente, será crucial la postura que elija con respecto a la relación con Pemex y CFE, ya que la estrategia de apoyarlas continuamente no ha propiciado una mejora en su rentabilidad y las necesidades de recursos que tienen de la Federación son cada vez mayores. No podemos olvidar que los riesgos que se acumulen en la parte fiscal se materializan en tasas más elevadas, lo que complica la tarea de autoridades fiscales y monetarias, por lo que será justo a través de esas decisiones donde realmente veremos si el compromiso con la disciplina y la autonomía existe más allá de la narrativa.
Publicado en El Financiero
06-06-2024
