La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anunció hoy la solicitud de consultas para la solución de controversias al amparo del capítulo 31 del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). El motivo son las acciones de política pública y regulatorias del Estado mexicano que han impactado negativamente a las empresas estadounidenses del sector energético para beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex). Al respecto, Canadá señaló que apoya la solicitud de Estados Unidos y que lanzará sus propias consultas para abordar el tema.
El gobierno estadounidense reclama que la política energética de la actual administración, desplegada a partir de 2019, viola las disciplinas a las que el Estado mexicano se comprometió en el T-MEC, particularmente en capítulos como acceso a mercado, inversión y empresas propiedad del Estado. De no llegar a un acuerdo respecto al rumbo de la política energética de México y su implementación, el siguiente paso sería el establecimiento de un panel de solución de controversias, en el que el país corre el riesgo de enfrentar represalias comerciales. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) considera que el éxito del T-MEC depende de la disposición de todas las partes de cumplir con el espíritu y letra del Tratado.
Motivos de la solicitud
En específico, USTR destaca como motivo el cambio en el orden de despacho eléctrico para beneficiar a las centrales de la CFE sobre los generadores privados, establecido en la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de marzo de 2021. Entre los argumentos también se incluyen la revocación y el rechazo de nuevos permisos de generación eléctrica y almacenamiento de petrolíferos, así como las restricciones a la operación de estaciones de servicio e importación de combustibles por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Energía (Sener).
Además, cuestiona la regulación de diciembre de 2019 que extiende el plazo únicamente a Pemex para cumplir con la Norma Oficial Mexicana que establece los límites máximos de contenido de azufre en el diésel automotriz (NOM-016-CRE-2016), así como el exhorto de junio de 2022 de la Sener al Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) y a la CRE para obligar a los usuarios del servicio de transporte de gas natural a comprarle el hidrocarburo a las filiales de la CFE.
¿Qué disposiciones viola el gobierno mexicano?
Entre las violaciones al Tratado señaladas por la USTR se encuentran las referentes a los siguientes capítulos:
- Trato nacional y acceso a mercados (2.3 y 2.11), que determina que los países deben otorgar trato nacional a las mercancías de los otros países miembros.
- Inversión (14.4), que veta cambios a la regulación de magnitud suficiente para interferir con las expectativas originalmente proporcionadas a inversionistas.
- Empresas propiedad del Estado (22.5.2), el cual decreta que las empresas propiedad del Estado deberán otorgar un trato no menos favorable a empresas privadas nacionales o extranjeras.
- Publicación y administración (29.3), que establece que las partes deberán implementar su legislación nacional de forma uniforme, imparcial y razonable.
¿Qué sigue?
La petición de consultas detona un proceso que tiene una duración máxima de 75 días para solucionar el asunto, en el que las consultas se deberán celebrar a más tardar 30 días después de la solicitud formal. Si en el periodo de consultas no se alcanza un acuerdo, se podrá solicitar un panel de solución de controversias. El panel estaría integrado por 3 o 5 panelistas elegidos a partir de una lista pre-aprobada por los tres países miembros del Tratado. Una vez definidos los integrantes, el panel tendrá un plazo de 150 días para emitir un reporte inicial y después 30 días para presentar el reporte final, dependiendo del cual los países acordarán una solución a la controversia.
Durante el proceso de solución de la controversia energética, la Secretaría de Economía será la encargada de coordinar la defensa del Estado mexicano.
El IMCO ha subrayado la incongruencia de la política energética del Estado mexicano con sus compromisos plasmados en tratados comerciales internacionales. Esta no solo genera obstáculos para el aprovechamiento de los beneficios derivados del T-MEC, sino que pone en riesgo la estabilidad de la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, al mismo tiempo que merma la competitividad de la región.