Los primeros datos económicos de 2025 confirman que la economía mexicana arrancó el año sin impulso. El bajo ritmo al cierre de 2024, sumado a la incertidumbre comercial, el ajuste fiscal y los retos derivados de las reformas constitucionales –especialmente en el ámbito judicial–, evidencian la necesidad urgente de fortalecer la competitividad y resiliencia de la economía. Esto resulta aún más relevante en el contexto del sector energético, que también estrena un nuevo marco regulatorio.
El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de enero evidenció una caída mensual de -0.2% y un crecimiento nulo (0.0%) a tasa anual. La debilidad se concentra en sectores clave: la industria manufacturera se contrajo -0.9% anual (además, el indicador oportuno para febrero muestra una contracción de -2.4%), la construcción cayó -6.4% y el comercio al por mayor retrocedió -4.7%. Estos datos reflejan de forma inequívoca el estancamiento, en consonancia con el débil cierre de 2024, cuando el PIB creció apenas 1.2% y se registró una contracción en el último trimestre.
Este escenario se complica aún más ante las crecientes preocupaciones de una desaceleración en Estados Unidos. Cada vez más análisis advierten que un menor dinamismo en el principal socio comercial de México podría desencadenar una recesión en el país. La alta exposición exportadora implica que cualquier tropiezo en EE. UU. impacte directamente la actividad industrial nacional, sumado al riesgo de que medidas proteccionistas reconfiguren el marco comercial, incrementando la incertidumbre para sectores estratégicos como el automotriz y el agroalimentario.
Sin embargo, los desafíos no se limitan a factores externos. En el ámbito interno, la inversión muestra un deterioro persistente: en diciembre de 2024, la inversión fija bruta se contrajo -4.1% anual, tras varios meses de descenso. La confianza empresarial ha sufrido debido a la incertidumbre regulatoria, diversas debilidades institucionales y una política pública que no logra estimular adecuadamente la inversión privada en infraestructura productiva. La construcción, por ejemplo, continúa acumulando retrocesos, reflejo de la fatiga del gasto público y la renuencia del capital privado ante un entorno incierto.
Frente a este panorama, impulsar la competitividad y resiliencia de la economía mexicana requiere abordar los factores estructurales que la frenan, siendo el sector energético uno de los pilares fundamentales. En este sentido, resulta relevante la promulgación de la nueva legislación secundaria en materia energética, publicada el 18 de marzo, que consiste en un paquete compuesto por ocho leyes nuevas y tres reformas adicionales, destinadas a reconfigurar la estructura institucional del sector y a redefinir el papel del Estado, sus empresas y el sector privado.
El eje de estas reformas es claro: Pemex y la CFE recuperan centralidad. Se les reconoce como “empresas públicas del Estado” y se les otorgan atribuciones estratégicas en la planeación y operación de los mercados de hidrocarburos y electricidad. Esto implica una reintegración vertical de ambas y una opción preferencial por su participación, tanto con asignaciones petroleras que hacen de los contratos con el sector privado la excepción y una meta de generación mínima del 54% para la CFE en el mercado eléctrico nacional. A su vez, se abren espacios para proyectos mixtos en los que ambas empresas podrán asociarse con privados, aunque en condiciones más bien rígidas y definidas por el Estado.
Si bien aún queda por dilucidar el alcance práctico de la planeación vinculante de la Secretaría de Energía (Sener) en los mercados energéticos, este nuevo enfoque deja claro que el sector se regirá prioritariamente por criterios estatales, en lugar de seguir las reglas de la competencia.
Desde el punto de vista institucional, la reforma desplaza a los órganos reguladores reformados en 2013 (la CRE y la CNH) y crea una nueva Comisión Nacional de Energía (CNE), desconcentrada de la Sener. Muchas de las facultades regulatorias y operativas se concentran ahora en la propia Sener, lo que marca un cambio importante en el balance de poder entre el Ejecutivo y los reguladores. Esto ha generado preocupaciones legítimas sobre la pérdida de contrapesos y la autonomía técnica en la toma de decisiones, aunque cabe destacar que algunas resoluciones de la CNE se adoptarán de manera colegiada.
A pesar de estas inquietudes, la reacción del sector privado ha sido más mesurada que en ocasiones anteriores. Un claro ejemplo lo constituyó un foro energético nacional, organizado esta semana en conjunto por el Senado de la República y la revista Energía a Debate, que contó con la presencia de varios senadores, representantes del sector público y una significativa muestra de empresarios de hidrocarburos, gas natural, combustibles y del sector eléctrico.
Una parte del empresariado valora que, al menos, ahora existe un marco normativo claro, aunque aún falten detalles cruciales. La certidumbre legal, tan ausente en años recientes, posibilita la planificación de inversiones bajo unas nuevas reglas del juego. También se reconocen oportunidades concretas, como la posibilidad de diversificar la matriz eléctrica -e impulsar la transición energética-, en la que el sector privado podría capturar una porción significativa del mercado o adjudicarse contratos para el desarrollo mixto en asociación con Pemex.
Sin embargo, persisten áreas grises que requieren atención inmediata y un acompañamiento coordinado entre el sector público y el privado para establecer incentivos claros y brindar mayor certidumbre a las inversiones. Por ejemplo, en los esquemas de alianzas de Pemex, aún no se han definido con precisión los mecanismos de gobernanza de los contratos, los procesos de selección de socios –que deberían ser transparentes–, el manejo de la proveeduría ni los modelos de comercialización.
En cuanto al sector eléctrico y la colaboración con la CFE, todavía se requieren lineamientos operativos precisos sobre la licitación y adjudicación de los nuevos proyectos mixtos. Del mismo modo, persisten incertidumbres en aspectos fundamentales, como los contratos de largo plazo, las tarifas, las reglas específicas del mercado mayorista y los procedimientos para la obtención de permisos.
Durante su intervención en el evento mencionado, el senador Waldo Fernández afirmó que el nuevo entorno legal posibilita el desarrollo de la función social del Estado y de sus empresas, y que esta reforma energética podría contribuir a un desarrollo regional más equilibrado, promoviendo una mejor convivencia entre los actores públicos y privados.
Sin duda, si la nueva arquitectura institucional se traduce en decisiones técnicas, procesos eficientes y reglas claras, es posible que el modelo ofrezca la certidumbre necesaria para canalizar inversiones en áreas estratégicas y elevar la competitividad de la economía mexicana. Pero si la centralización se acompaña de discrecionalidad, opacidad o decisiones meramente políticas, el riesgo es perpetuar la desconfianza que ha limitado el potencial del sector energético y agravar la situación de las empresas estatales.
El país necesita un modelo energético que conjugue la rectoría del Estado con una capacidad de ejecución efectiva, disciplina financiera y una apertura ordenada hacia la inversión privada. En un entorno económico tan incierto, el sector energético tiene el potencial de ser un motor de crecimiento o, por el contrario, un lastre, dependiendo de cómo se afine y se implemente la nueva legislación. En simple castellano, el horno no está para bollos.
Publicado en El Economista
26-03-2025
