Calificar actitudes de una persona es complicado, sobre todo si nos referimos a un alto funcionario o al presidente de la República. Sin embargo, calificar el desempeño con base en las funciones contempladas por las leyes agrega objetividad. En los más de 100 días que lleva en funciones la nueva Administración, ya contamos con elementos para identificar si existe una capacidad institucional para guiar una situación o, por el contrario, hay una falta de conocimiento o descuido en el ejercicio de las funciones.
En el ejercicio de los recursos públicos la estrategia se construyó sobre un discurso de austeridad. El empaque es nuevo, el contenido es el mismo. La Constitución señala en el artículo 134 que todo el dinero público se debe administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Los datos no mienten: en enero de 2019 la Oficina de Presidencia solamente utilizó el 5% (21 millones de pesos) de los recursos usados en el mismo mes de 2018 en la Administración de Peña Nieto (441 mdp).
Esta disminución del gasto puede calificarse como un gran logro en el manejo de los recursos públicos. La estrategia del Ejecutivo se tradujo en una reducción de un 16.5% menos presupuesto a los legisladores y de un 10.8% menos al Poder Judicial. Se aprobó (no sin controversia) la Ley de Austeridad Republicana que establece límites y restricciones en el sueldo de funcionarios y uso de los recursos públicos.
Desafortunadamente, no todo es así. La estrategia mediática de las conferencias mañaneras, hasta ahora, ha resultado ser una fórmula efectiva para guiar la agenda pública del país, pero como estrategia de Gobierno nos queda a deber. El acceso a la información pública y rendición de cuentas no queda resuelto con las declaraciones de los funcionarios cada mañana. Este hecho se agrava cuando al responder una solicitud de información, la Oficina de la Presidencia señala que la comunicación que realice el Ejecutivo no conlleva la obligación de poseer el soporte documental respectivo.
Responder sobre la planeación del que posiblemente será el mayor proyecto de obra pública del sexenio (el Tren Maya) no puede quedar en una mera estrategia de comunicación mañanera. La negligencia se presenta al no considerar que el 77% de la población por donde se pretende el paso del tren vive en pobreza. El descuido aparece cuando los derechos de vía deben estar liberados antes del inicio de la construcción, en una región con el 56% de la superficie como propiedad social.
De acuerdo con el Diagnóstico IMCO sobre el Tren Maya, la falta de cuidado en la planeación puede ocasionar que el costo de construcción del proyecto aumente entre 4 y 10 veces más que los 120 mil millones de pesos estimados por el Gobierno federal.
La negligencia ya se hizo presente en el tema de la refinería de Dos Bocas, en la que se realizó el desmonte de vegetación en el municipio de Paraíso, Tabasco, sin contar con la autorización de cambio de uso de suelo, ni con la autorización de impacto ambiental.
De continuar con una mera estrategia de comunicación y no una de Gobierno, la Administración federal está condenada a la negligencia. La capacidad de guiar un asunto público no depende únicamente de cómo se comunica. Tarde que temprano las acciones gubernamentales tienen un impacto en los gobernados, en la economía, en el medio ambiente, en las relaciones internacionales y un largo etcétera. La forma termina convirtiéndose en fondo. Por el bien de México, esperemos que la estrategia no termine en negligencia.
Publicado por El Sol de México
28-03-2019
