Investigación

Estrategias en tiempo de crisis para las empresas energéticas

Investigadora invitada: Miriam Grunstein

¿A qué herramientas y estrategias pueden recurrir las empresas energéticas para interactuar con el gobierno? Las empresas necesitan mecanismos ya sea para defenderse de decisiones  que consideren violatorias a sus derechos o simplemente para sostener un diálogo con las autoridades en beneficio de ambas partes. Existen una gama de recursos a la disposición de las empresas para defenderse ante los actos de autoridad, desde el derecho de petición, establecido en al artículo 8 constitucional, hasta el proceso administrativo mismo, el juicio de amparo y los tratados comerciales internacionales.

En el documento El Diálogo es un Derecho: Reglas y Estrategias de Interacción entre Gobierno y Empresas de Energía en Tiempos de Crisis, Miriam Grunstein, senior partner en Brilliant Energy Consulting e investigadora invitada del IMCO, realiza una lectura del Procedimiento Administrativo a nivel federal y su papel como instrumento de facilitación de proyectos, pero también como un dispositivo de control político.

En los últimos dos años, se ha afectado el clima de inversión en el país en general y en específico en las empresas de energía. Es por ello, que Miriam ilustra esta problemática con una serie de decisiones de política energética por dependencia que han afectado el clima de inversión en México y a las empresas del sector en particular:

Por parte de la Secretaría de Energía:

  • Política De Confiabilidad, Seguridad, Continuidad Y Calidad En El Sistema Eléctrico Nacional. Esta política pretende la exclusión unilateral y arbitraria de los generadores de electricidad mediante fuentes renovables bajo el argumento de riesgos a la confiabilidad del sistema. Este acto de autoridad limita el acceso a energía eléctrica más limpia y más barata para los consumidores para beneficiar al jugador del Estado, la CFE.

Por parte de la Comisión Reguladora de Energía:

  • Desregulación asimétrica para Pemex que revierte las condiciones impuestas a la empresa sobre las ventas a primera mano por su naturaleza de jugador preponderante en el mercado. Al limitar la competencia en este mercado, se reduce el espacio para menores costos para el usuario final.
  • Incremento a las tarifas de “porteo estampilla” de casi 800% que afecta a centrales de energías renovables. Esta decisión impacta a las empresas que se abastecen de estos parques al subir significativamente el costo de un insumo fundamental para su producción: la electricidad.

A partir de estos y otros ejemplos, se enfatiza la importancia del monitoreo y la transparencia en las decisiones de las autoridades, así como de incorporar a todas las partes involucradas en los procesos para escuchar todas las voces y que esto se traduzca en mejores decisiones para el país. Asimismo, se reflexiona sobre las implicaciones de la judicialización de estos procesos y las implicaciones para reguladores como la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, así como su relación con las empresas productivas del Estado, Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y las interacciones posibles con estas empresas.}

En caso de enfrentarse a un acto de autoridad, resulta de la mayor importancia que las empresas tengan claridad sobre los instrumentos que tienen a su disposición y las posibles estrategias a seguir. Por ello,  se ahonda en los mecanismos en las esferas administrativa, judicial y de tratados internacionales a los que las empresas pueden recurrir para defender sus derechos de ser necesario:

  • Monitoreo a los anuncios y a las acciones administrativas de las autoridades
  • Procesos sancionadores a funcionarios
  • Responsabilidad patrimonial del Estado
  • Juicios de amparo
  • Mecanismos alternativos de solución de controversias
  • Arbitraje comercial

o   Arbitraje de inversión

o   T-MEC y otros tratados de protección a inversiones

El documento invita a una reflexión necesaria sobre la urgencia de democratizar la política energética, descentralizar la toma de decisiones, y que los usuarios sean, no solo receptores pasivos, sino proponentes y ejecutores de sus resoluciones.