Cualquier reforma en materia de pensiones, para ser verdaderamente justa y equitativa, debe contemplar las complejas condiciones laborales, económicas y sociales que delinean el camino de la población hacia la jubilación. Esta perspectiva es esencial en México, donde más de 67.6 millones de habitantes son mujeres. Sin embargo, las iniciativas propuestas por el Ejecutivo a inicios de febrero de este año para incrementar las pensiones de los trabajadores parecen ignorar las realidades que enfrentan las mujeres y desaprovechan la oportunidad de fomentar un debate para mejorar el sistema de pensiones que, en esencia, debería garantizar un retiro digno para todas.
La desigualdad de género es un problema extendido en los sistemas de pensiones a nivel mundial. Muchas mujeres, al retirarse, se enfrentan a escenarios de ingresos reducidos en comparación con sus contrapartes masculinas. Como muestra, en países de la OCDE, la diferencia promedio de ingresos por pensiones entre hombres y mujeres es de 26 %, con algunos casos que rebasan 40 % como en México o Japón. Este desequilibrio tiene su origen, en gran medida, en dos factores: las diferencias en las trayectorias laborales entre ambos géneros y las regulaciones mismas del sistema de pensiones.
En el caso de las mujeres mexicanas, el trayecto hacia su jubilación está marcado por múltiples desafíos en el mercado laboral. Por ejemplo, la informalidad laboral las afecta más a ellas que a los hombres y la brecha salarial es un problema que persiste: las mujeres tienen ingresos hasta 35 % menores a los de los hombres. Esta disparidad de ingresos también se registra en los ahorros acumulados en las Afores pues, en promedio, las mujeres tienen en sus cuentas individuales alrededor de 75,208 pesos, 24 % menos que los hombres (98,891 pesos).
En México, en 2024, la esperanza de vida de las mujeres es, en promedio, 6.5 años mayor que la de los hombres. Esto implica que, si bien las mujeres tienen una vida más larga, también enfrentan retos adicionales en términos financieros, pues tienen que costear durante más años su subsistencia, panorama que se complica por las limitaciones de sus ahorros por diferencias salariales o por las intermitencias en su permanencia en el mercado laboral.
En este sentido, de acuerdo con las proyecciones demográficas, se espera que para 2050 el número de adultos mayores se duplique en comparación con 2024: pasará de 11.2 a 26.7 millones. Se estima que de esta población, 14.7 millones serán mujeres mayores de 65 años o más, mientras que 12.0 millones serán hombres. Esto significa que las medidas adoptadas en el presente respecto a las pensiones, en algunos años tendrán un impacto directo en los ingresos y en el sustento de una población envejecida, en su mayoría compuesta por mujeres.
Las condiciones de retiro de las mujeres de hoy son resultado de políticas públicas diseñadas en el pasado y de estructuras arraigadas en una cultura de desigualdad de género. A pesar de los avances en la conciencia social y las políticas de igualdad, la realidad es que las mujeres continúan y continuarán enfrentando barreras significativas en la construcción de una pensión segura y digna si las reformas que presentó el titular del Ejecutivo se limitan a medidas superficiales y evitan abordar las profundas disparidades de género que residen en nuestro sistema de pensiones.
Publicado en Animal Político.
22-03-2024
