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Las presiones de las pensiones

FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

Las pensiones representan un pilar vital para aquellas personas que han alcanzado la edad avanzada o han sido afectadas por circunstancias que les impiden continuar en el mercado laboral. Más allá de suplir sus remuneraciones laborales con un ingreso económico periódico, son esenciales para garantizar su sustento y protección en una etapa de la vida en la que la vulnerabilidad se acentúa.

Recientemente el presidente envió al Congreso una serie de propuestas, entre las que destacan las relacionadas con las pensiones. Este movimiento adquiere relevancia en un contexto en el que resulta inevitable y urgente iniciar un debate sobre el porvenir de la población adulta mayor, pues surgen interrogantes sobre la capacidad del sistema de pensiones para cumplir con sus obligaciones. Hay varios aspectos que se entrelazan, como el fiscal, el demográfico y el económico.

En el IMCO nos dimos a la tarea de revisar estas iniciativas, la primera de ellas enfocada en plasmar constitucionalmente algo que hoy ya sucede, que es la posibilidad de ser beneficiario, a partir de los 65 años, de una pensión no contributiva – a través del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBPAM) –. La segunda otorgaría una pensión equivalente al 100 % de su último salario a quienes ganen hasta 16,778 pesos y sean elegibles con base en las semanas requeridas de cotización en el IMSS o el ISSSTE.

Un aspecto llamativo de estas propuestas es la ausencia de un análisis detallado sobre su costo y la falta de planes concretos para garantizar mecanismos de financiamiento factibles y sostenibles. Este vacío es significativo, dado que las reformas en materia de pensiones deben elaborarse considerando la complejidad de las condiciones actuales y las dificultades para proyectar el futuro.

Desde el presente, en el terreno fiscal y económico, ya se dibujan grandes desafíos. En 2024, para cumplir con los compromisos de gasto, que ascienden a 9.07 billones de pesos (bdp), el Gobierno Federal se endeudará con 1.74 bdp, el monto más alto desde el 2000. Por su parte, las pensiones, incluida la PBPAM, tendrán un presupuesto de 1.96 bdp para 2024. Para ponerlo en perspectiva, esto equivale a aproximadamente el doble del gasto en salud  –970.5 miles de millones de pesos (mmdp)–  o en educación –1.03 billones de pesos– para 2024.

Además, el peso de las pensiones sobre el gasto público aumenta cada año. Mientras que en 2018 representaron 14.8 % del gasto del sector público, en 2024 será del 21.7 %. Este incremento ejerce presión sobre el gasto y los ingresos que no han crecido al mismo ritmo que las pensiones, pues en todo el sexenio (2018-2024), las pensiones habrán crecido en promedio 9.9 % anual real, lo que contrasta con un aumento en el gasto de 3.2 % y en los ingresos de solo 1.0 %. De seguir con esta dinámica, es posible que las necesidades de endeudamiento aumenten y el margen disponible para atender otras áreas prioritarias, como educación, seguridad o justicia, se haga aún más estrecho.

A esto se abona el panorama demográfico. Según el Consejo Nacional de Población (Conapo), para 2050, México tendrá 147 millones de habitantes, pero habrá un cambio significativo: se espera que el número de personas mayores de 65 años se duplique y alcance los 26.8 millones en 2050: uno de cada cinco mexicanos estará en este grupo etario. Además, se pronostica un aumento de cinco años en la esperanza de vida: las mujeres vivirán hasta los 83.5 años y los hombres hasta los 77.1 años. Bajo estos supuestos, en 2050, otorgar una pensión como la PBPAM podría costar al erario hasta 2.08 billones de pesos.

Garantizar un retiro digno para quienes han contribuido al progreso del país sin dejar de lado la equidad entre generaciones podría iniciarse con la revisión del estado de las finanzas públicas y de iniciativas que se planteen bajo esquemas transparentes, progresivos y eficientes. Es fundamental que el Gobierno Federal y los legisladores aborden esta cuestión con responsabilidad y objetividad para construir políticas públicas que no solo aseguren el financiamiento adecuado de las pensiones, sino que consideren la estabilidad de los ingresos, el gasto y la deuda a largo plazo.

Publicad en Animal Político.

23-02-2024