Brasil me da envidia. No son sus playas, ni sus carnavales. No es su futbol, ni sus impúdicos bikinis. No es la manera en que interpretan su música, sino la forma en que interpretan su Constitución. La Carta Magna brasileña le da al Poder Legislativo la facultad de aprobar leyes que son de cumplimiento obligatorio para los tres niveles de gobierno. Al igual que México, Brasil tiene un sistema federal para distribuir el poder político entre las regiones y los niveles de gobierno. Sin embargo, los diputados y senadores en Brasilia pueden emitir normas que meten en cintura al gobernador más impune o a la autoridad municipal en la región más remota de la amazonia.
En noviembre de 2011, el Congreso brasileño saldó una vieja deuda con sus ciudadanos al aprobar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Casi una década después que México, Brasil cumplió con este requisito de modernidad de las democracias contemporáneas. La enorme ventaja del país sudamericano es que en un solo acto legislativo se aprobó una norma aplicable a los 26 estados y 5 mil 560 municipios que componen a la República Federal de Brasil. Siempre será más fácil aprobar una norma que garantizar su cumplimiento. Ahora vendrá el enorme reto de convertir en herramientas ciudadanas el espíritu de la ley. Sin embargo, una legislación nacional es un primer paso fundamental, que brinda parámetros homogéneos sobre los derechos y obligaciones que implica el cumplimiento de una ley.
En México, el estado de Sonora tardó más de siete años en crear un Instituto de Transparencia, como órgano garante del derecho al acceso a información gubernamental. El modelo sonorense le otorgaba al Tribunal Estatal Electoral la facultad de dirimir las controversias entre los ciudadanos que demandaban información y las autoridades que se negaban a otorgarla. Cada solicitud rechazada entraba al laberinto de las resoluciones judiciales. En Coahuila, la Auditoría Superior reservó por ocho años la información de la Cuenta Pública de 2010, que contiene datos de las transacciones financieras del gobierno estatal. Sin este documento será imposible responder una pregunta clave: ¿a dónde fueron a parar las decenas de miles de millones de pesos del Moreirazo?
Si estas entidades hubieran tenido los mismos parámetros legales que las normas federales, la historia hubiera sido muy distinta. Los sonorenses no hubieran tenido que esperar siete años para tener un órgano equivalente al IFAI y en Coahuila jamás se hubieran podido ocultar las cuentas públicas hasta el año 2019.
El poder del Congreso brasileño para aprobar leyes de aplicación general también tiene sus riesgos. Si los legisladores federales aprueban una barbaridad, la regla del absurdo tendría que ser acatada por autoridades estatales y municipales. Sin embargo, hasta el momento los resultados han sido muy favorables. Gracias a la capacidad de imponer legislación sobre las autoridades locales, hoy los estados brasileños tienen un límite claro a su endeudamiento. La ley general de responsabilidad hacendaria de Brasil establece un tope sobre el porcentaje total del gasto, que se puede dedicar a los salarios de las burocracias en los tres niveles de gobierno.
La lógica virtuosa del federalismo establece que la pluralidad de soberanías permite forjar un laboratorio de experimentación sobre normas e instituciones. Sin embargo, los autores clásicos del federalismo no tenían en mente a personajes como Humberto Moreira cuando redactaron sus textos teóricos sobre el tema.
Hace unos meses el PRI propuso establecer una claúsula de gobernabilidad para facilitar que el próximo presidente de México tenga una mayoría en el Congreso. El verdadero problema de la gobernabilidad mexicana no está en la ausencia de mayorías legislativas, sino en la anarquía feudal de nuestro sistema federal. Fortalecer al Poder Legislativo para establecer leyes generales puede ayudar a tener una Federación más gobernable y un país más decente.
