El pasado 11 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dispuso de la Fuerza Armada permanente (Ejército y Marina) para realizar tareas de seguridad pública de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” en la Guardia Nacional (GN).
Este acuerdo surge del decreto publicado el 26 de marzo de 2019, por el cual se modificó la Constitución mexicana con el fin de incluir esta nueva corporación de seguridad y establecer que durante los cinco años siguientes a su entrada en vigor, el presidente podría disponer de la Fuerza Armada permanente en la seguridad pública.
Diversas organizaciones seguimos preocupadas por su implementación, principalmente porque esta decisión es una “falsa salida a la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país”. Organismos como Amnistía Internacional han señalado que el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública viola las recomendaciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos.
En gran parte, esto se debe a que los militares o marinos no están capacitados para estas labores, lo que pone en riesgo a la ciudadanía. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de 2007 a 2017, las fuerzas armadas han obtenido la mayor parte de las recomendaciones respecto a violaciones graves de derechos humanos.
Existen esfuerzos conjuntos entre organismos internacionales y el gobierno federal para fortalecer las capacidades de la Guardia Nacional con el objetivo de que los más de 90 mil elementos que actualmente la integran, actúen bajo los principios de respeto a los derechos humanos y uso moderado de la fuerza. Si bien el personal denunciado puede ser distinto, lo cierto es que institucionalmente las fuerzas armadas han perpetrado graves crímenes.
Además, en los primeros cinco meses de la creación de la GN, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 32 quejas que referían presuntas violaciones a derechos humanos por parte de los elementos de este cuerpo de seguridad, con lo que incumple su principal objetivo, proteger a cada uno de los habitantes del territorio mexicano.
Sin embargo, detrás de la incertidumbre, esta corporación cuenta con un elemento importante a favor: la percepción pública. Desde junio de 2019 a marzo de 2020, el 69% de la población de 18 años y más consideró el desempeño de la Guardia Nacional como “muy o algo efectivo” en sus labores para prevenir y combatir la delincuencia, colocándose por encima de las policías estatales y municipales.
La realidad es que la información con la que se cuenta hasta el momento no es suficiente para evaluar y medir los impactos de la creación de la GN, por lo que se espera que su informe anual de actividades rinda cuentas de los casi 4 mil millones de pesos que fueron destinados para su ejercicio fiscal y de la transferencia de recursos materiales, humanos y financieros de la extinta policía federal. Especialmente, será necesario que en dicho informe se establezca lo que se ha logrado, qué sigue pendiente y cuáles son las metas para el segundo año de esta corporación.
En ese sentido, es fundamental reconocer la necesidad de contar con una política de seguridad eficaz y eficiente que disminuya la delincuencia en México. Por ello, es importante que el informe anual de actividades de la Guardia Nacional refleje decisiones estratégicas y medidas como la instauración de un auténtico servicio civil de carrera, controles internos y externos efectivos, así como protección sanitaria ante la COVID-19 para sus elementos, entre otras, como forma de reconocer y dignificar a quienes día a día ponen en riesgo su vida por asegurar nuestra libertad y seguridad.
Publicado por Animal Político
27-05-2020
