Por: Andrea Villegas y Manuel Sobral, investigadores de Gobierno Efectivo.
En los últimos años, exigir justicia se ha convertido en sinónimo de exigir mayor igualdad, uno de los mayores retos que tenemos como sociedad. Por la complejidad que conlleva garantizar la igualdad de género, no basta con buenas intenciones y establecer derechos. Como todo derecho, la igualdad necesita de recursos y políticas públicas que busquen solventar los problemas estructurales.
Para abordar esta problemática, las entidades federativas implementaron la perspectiva de género en la planeación y aprobación de los presupuestos en 2006. A pesar de esto, los estados carecen de la planificación y presupuestación necesaria para garantizar este derecho. De acuerdo con el Barómetro de Información Presupuestal Estatal 2023 del IMCO, cuatro de las 32 entidades federativas no presentaron un anexo (presupuesto) enfocado a la igualdad entre mujeres y hombres. Los otros 28 estados destinaron 84 mil 220 millones de pesos para garantizar la igualdad de género, equivalente a 3.1% del total de sus presupuestos. ¿Para qué se utilizan estos recursos?
Además de los limitados recursos que se destinaron a la igualdad de género a nivel estatal, el IMCO identificó malas prácticas alrededor de los presupuestos con este enfoque. En general, hay programas que no están orientados a la igualdad, lo cual muestra una incongruencia en el uso de los recursos públicos. En específico, hay dos estados que resaltan por su opacidad y mala planeación de estos presupuestos: Morelos y Tlaxcala.
En el caso de Morelos, queda claro que la igualdad no es prioridad. Varios programas están etiquetados para recibir recursos con perspectiva de género, como la seguridad de las mujeres. Pero, ante la pregunta ¿cuánto se debe destinar para garantizar la igualdad?, la respuesta del estado es: “esta acción se realiza sin un presupuesto específico, sin embargo, se ejecutan.” Los “presupuestos fantasmas” obstruyen la garantía del derecho, ya que la mitad de los programas para la igualdad en Morelos no cuentan con financiamiento.
El caso de Tlaxcala es uno en donde los recursos abundan a primera vista; sin embargo, al observar a detalle la realidad existen incongruencias. Al analizar los 70 programas que son parte del anexo en favor de la igualdad de género, se identificó que la mayoría no tienen objetivos claros para alcanzar este fin. Por ejemplo, el programa Ovinos PACO busca “mejorar la productividad de las personas productoras de ganado ovino”, este carece de perspectiva de género y recibió mil 554 millones de pesos en 2023.
Aunque se ha implementado la perspectiva de género en la planeación presupuestal, persiste el uso de las malas prácticas en los recursos asignados que nos impiden llegar a la igualdad. Existe una diferencia entre asignar recursos a la igualdad de género y de hecho impulsarla. La garantía del derecho a la igualdad no puede quedarse en intenciones y promesas vacías, sino que requiere una verdadera voluntad política y económica que aborde las desigualdades estructurales y promueva el bienestar de todas las personas. Es momento de pasar del papel a la práctica.
Publicado en La-Lista.
09-08-2023
