A pesar de que perciben algunos cambios con años anteriores, en México, 9 de cada 10 personas aún declaran que la corrupción sigue siendo un problema grave para el país, según el Barómetro Global de la Corrupción: América Latina y el Caribe 2019 elaborado por Transparencia Internacional.
De acuerdo al organismo, los avances que se han logrado en los últimos años en América Latina y el Caribe representan una oportunidad real para combatir la corrupción en la región.
Para la elaboración del informe se realizaron 17 mil encuestas entre enero y marzo de este año a ciudadanos que viven en 18 países de la región, y se midieron dos puntos importantes de la corrupción: la percepción de los ciudadanos y la experiencia directa que tienen con ella.
Estos son algunos de los puntos más relevantes del informe:
El 53% de todos los ciudadanos de la región entrevistados considera que la corrupción aumentó en los últimos 12 meses. Solo el 16% de ellos opina que disminuyó.
Más de la mitad de las personas entrevistadas sostiene que la mayoría o todos los políticos electos y sus
funcionarios son corruptos y dan preferencia a los intereses privados sobre los públicos.
Solo el 39% de los encuestados sostiene que su Gobierno está haciendo un buen trabajo en la lucha contra la corrupción, mientras que el 57% considera que su Gobierno está teniendo un mal desempeño en ese aspecto.
El Barómetro Global de la Corrupción 2019 muestra que en América Latina y el Caribe, 1 de cada 5 personas (21%) tuvo que pagar un soborno para acceder a algún trámite o servicio.
Más de uno de cada cinco ciudadanos que accedieron a los servicios públicos, como atención médica y educación,
habían pagado sobornos el año anterior.
Uno de cada cinco ciudadanos experimentó extorsión sexual cuando accedieron a un servicio público, o bien, conocen a alguien que pasó por esta situación.
Uno de cada cuatro ciudadanos recibió sobornos a cambio de votos en los últimos cinco años.
Resultados para México
Nueve de cada 10 mexicanos aún declaran que la corrupción sigue siendo un problema para el país.
De acuerdo con el estudio, el 21% de la población encuestada en México consideró que la corrupción había disminuido.
El 44% de las y los encuestados consideraron que la corrupción en México había aumentado durante el último año. Este porcentaje es menor que el expresado en 2017, en el que el 61% de los encuestados consideró que la corrupción había aumentado.
Uno de cada tres mexicanos (34% de los encuestados) reconoce haber tenido que pagar un soborno para acceder a trámites y servicios, lo que convierte a nuestro país en el segundo de la región con más sobornos. Sin embargo, en 2017 la mitad de los encuestados (51%) reportó haber incurrido en esta práctica.
En 2019, el 61% de los encuestados señaló que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador está actuando “bien” o “muy bien” en la lucha contra la corrupción. En 2017, en contraste, el 24% de los encuestados consideró que el Gobierno de Enrique Peña Nieto actuaba “bien” o “muy bien” en contra de la corrupción.
Los servicios públicos en los que un mayor porcentaje de mexicanos reporta haber pagado un soborno se relacionan con la policía (52%), el acceso a la justicia (35%) y con la provisión de servicios públicos básicos (30%).
Con base en sus hallazgos, Transparencia Internacional formuló una serie de recomendaciones para combatir la corrupción en América Latina y el Caribe:
Los gobiernos deben establecer normas, asegurar la divulgación habitual de los ingresos, gastos, bienes y préstamos de los partidos políticos o los candidatos y cerciorarse de que toda la información se publica en un único portal en línea, en un formato de datos abiertos.
Los gobiernos deben involucrar a la sociedad civil y generar un entorno seguro y propicio para que las ONGs y los medios de comunicación vigilen y denuncien los casos de corrupción.
Los gobiernos deberían reconocer la extorsión sexual como una forma de corrupción y aplicar medidas para acabar con la cultura de avergonzar y culpar a las víctimas.
Los gobiernos deberían asegurar un entorno electoral transparente, imponer sanciones cuando se detecte la compra de votos y cumplir y reformar las normas de financiamiento de las campañas electorales.
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