El Plan de Inversión en Infraestructura para el Bienestar es una noticia positiva después de cerrar 2025 con una caída en la inversión fija bruta (-5.7% a noviembre de 2025 comparado con los primeros once meses del año anterior, último dato disponible). Aunque falta presentar los detalles de proyectos específicos más allá del sector de energía, el plan anunciado, en caso de materializarse, puede representar un impulso relevante para el desarrollo de la economía nacional.
Después de cerrar el año con los menores niveles de inversión pública desde 2021, con una caída de 28.4% entre 2024 y 2025, el reto del Gobierno Federal es cómo detonar proyectos de inversión al mismo tiempo que mantiene el objetivo de consolidación fiscal de cerrar 2026 con un déficit de 4.1% (el cual no se cumplió en 2025).
Se pretende que los recursos para desarrollar los proyectos provengan de fuentes públicas y privadas, sin embargo, la liquidez será aportada principalmente por los socios privados mediante esquemas de contratos mixtos. El Gobierno Federal también busca impulsar la inversión mediante el uso de garantías y financiamiento de la banca de desarrollo, así como utilizar los vehículos de Fibra y Fibra E, y otros mecanismos del mercado financiero para poder ir más allá del presupuesto de inversión aprobado para 2026 (960.1 mil millones de pesos).
El monto total que plantea el plan para el periodo 2026-2030, de 5.6 billones de pesos, equivale a 15.5% del PIB estimado para México en 2026. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público pronostica que con el plan, el crecimiento económico del país podría alcanzar el rango de 2.5-3% en 2026 en lugar de la expectativa oficial actual (1.8-2.8%), aunque alcanzar este objetivo implicaría que los 722 mil millones de pesos contemplados para este año se ejerzan en su totalidad antes del fin de diciembre. Los proyectos de infraestructura tienden a presentar retrasos derivados desde procesos de asignación, contratos, permisos, conflictos laborales y sociales e impactos ambientales, entre otros temas, por ello es poco probable que el total de la inversión se materialice en los próximos meses.
La intención del Estado es conservar el control de los proyectos, particularmente en sectores prioritarios como energía, aguas y logística. Sin embargo, el control por sí mismo no garantiza capacidad de ejecución. Para que los proyectos avancen se requieren estructuras financieras capaces de atraer financiamiento a tasas competitivas. Esto implica procesos competitivos de asignación, esquemas contractuales claros, una administración adecuada de riesgos y certidumbre jurídica, este último componente es -quizá- el reto central en el contexto de nuevos reguladores económicos y la implementación de la reforma judicial.
El éxito del plan, en buena medida, definirá las posibilidades de elevar los niveles de crecimiento económico hacia el final de la administración. En un entorno de restricciones fiscales y bajo dinamismo económico, la inversión en infraestructura se perfila como uno de los pocos instrumentos con capacidad de incidir de manera directa en la actividad productiva.
Si la planeación logra traducirse en proyectos ejecutados de forma eficaz y detona mayores niveles de inversión privada se podría modificar la trayectoria de crecimiento a lo largo del sexenio (1.8% real entre 2025 y 2030, de acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional). De lo contrario, el riesgo es que el impacto económico se diluya, que los anuncios no se traduzcan en mayor actividad productiva y que el crecimiento permanezca acotado, profundizando las limitaciones estructurales que hoy enfrenta la economía. Las iniciativas de reformas que se envíen al Congreso en materia de inversiones mixtas los próximos días darán una primera idea del alcance real del plan.
*Oscar es director de Desarrollo Económico y Emiliano es investigador del IMCO.