En México, 56 % de los adultos entre 25 y 64 años no cuenta con estudios de educación media superior y 4.4 millones (4.7 %) no saben leer ni escribir. En lo que se refiere a educación técnica, solo 2 % de las personas entre 25 y 34 años posee este grado de estudio, un porcentaje bajo si se compara con otros países de la OCDE, como Costa Rica (4 %) y Turquía (11 %).
Estas cifras muestran un fenómeno de rezago educativo en la población adulta mexicana que responde a múltiples causas. Una de estas es que los recursos públicos destinados a acciones de promoción educativa no se han ejercido de forma óptima. En este artículo se explora un ejemplo: las irregularidades en el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA).
A través de este Fondo, que se constituyó en 1988 y se incorporó al Ramo 33 en 1999 con el fin de impulsar servicios de educación tecnológica y para adulto, se transfieren recursos públicos a los gobiernos de las entidades federativas para que sean ejercidos por los Institutos Estatales de Educación para Adultos y los planteles de CONALEP.
En la primera entrega de informes individuales de auditorías de la Cuenta Pública 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó 7,486 millones de pesos (mdp) correspondientes al gasto ejercido por el FAETA e identificó malas prácticas de gasto que no solo afectan la integridad del erario, sino que pueden impactar negativamente los resultados en materia de educación técnica y para adultos.
El monto por aclarar después de la revisión de la ASF en los estados es de 457.7 mdp (5 % del total transferido a través del Fondo). Las entidades federativas con los montos más altos por aclarar son: Guerrero (148 mdp), Veracruz (73.2 mdp), Chihuahua (44.7 mdp), Estado de México (38.8 mdp) y Chiapas (32.9 mdp).
Una práctica irregular observada durante el proceso de evaluación fue que las instituciones auditadas no entregaron la información necesaria a la ASF para llevar a cabo la fiscalización, es decir, no cumplieron con la condición básica para ser revisadas. Otra mala práctica documentada fue que se realizaron pagos a trabajadores que no cumplieron con el perfil académico requerido, que estaban dados de baja o que excedieron los montos estipulados en los contratos de prestación de servicios.
La falta de documentación que respalde el gasto es una práctica irregular recurrente y, en este caso, se identificaron deficiencias en la documentación comprobatoria de servicios de limpieza pagados con cargo al FAETA. Es decir, no fue posible corroborar que todos los servicios facturados se realizaron de forma completa, lo que puede impactar negativamente en el funcionamiento de los planteles y en la calidad de la experiencia de los estudiantes.
Para lograr atender exitosamente el fenómeno de rezago educativo en la población adulta, como sucede con todos los problemas públicos, se requieren -como mínimo- dos condiciones: que se destinen los recursos suficientes y que el gasto se realice bajo los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad. Los resultados de la fiscalización, con las limitaciones que puedan tener, muestran que esto no se está cumpliendo. ¿Hasta cuándo se mantendrán las malas prácticas de gasto que afectan, al final, a los estudiantes mexicanos y sus trayectorias de vida?
Publicado en Animal Político
18-07-2024
