La Auditoría Superior de la Federación identifica malas prácticas de nómina y contratación que afectan el gasto público
El 20 de febrero de 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó el tercer informe individual de la Cuenta Pública 2022 que incluyó 1,359 revisiones al gasto. Con esta entrega se finaliza el proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2022, en el que queda pendiente un monto por aclarar de 29,765 millones de pesos. De este total, 77% (22,892 millones) corresponde al gasto federalizado, es decir, el presupuesto que se transfiere a los estados y municipios.
Por su importancia para entender el uso de recursos públicos, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó los informes de auditoría realizados al gasto federal e identificó que las prácticas se concentran en dos categorías: irregularidades en la nómina y fallas en la contratación pública. Entre las fallas de nómina están pagos indebidos a trabajadores, errores de registro en las bases de datos y falta de documentación comprobatoria. Por otro lado, en la contratación se mantienen irregularidades en todas las etapas, desde los estudios de mercado hasta la recepción de bienes y servicios.
Fallas de nómina
En 2022, se aprobó 1 billón 033 pesos para la remuneración de los servidores públicos, un monto correspondiente al 15% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). En general, el pago de nómina constituye el rubro principal de gasto en las instituciones públicas y su mala gestión puede afectar la eficiencia y el cumplimiento de los objetivos. Algunos ejemplos que identificó la ASF son:
- Práctica 1: Pagos indebidos en la nómina. Los pagos irregulares de nómina incluyen pagos a personas fuera de las bases de datos o la falta de remuneración a trabajadores que efectivamente cumplieron con sus funciones.
En el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado se identificaron 74 millones de pesos pendientes de aclaración e irregularidades en la nómina en el marco del fideicomiso "Fondo de Pensiones del Sistema Banrural". Se hicieron pagos indebidos de 4 millones de pesos a 56 pensionados y jubilados, aunque la CURP de cada uno (de acuerdo con información de RENAPO) se encuentra reportada como “Baja por difusión”, “Baja sin uso” y “Baja por documento apócrifo”. Queda inconcluso quién recibió el pago de estos 56 trabajadores del instituto.
En el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se detectaron anomalías en la nómina del servicio de limpieza de las instalaciones: 58 personas asistieron a laborar, pero no recibieron compensación. Adicionalmente, se descubrió que algunas personas fueron presionadas a ceder entre el 10% y el 60% de sus sueldos y prestaciones de forma quincenal para mantener sus empleos. Se identificó la existencia de nepotismo, contratación de personal no calificado para los puestos, y empleados que no cumplen con sus obligaciones laborales.
La implementación de plataformas que permitan la actualización y el cruce de información entre bases de datos públicas evitaría pagos a personas que, por alguna razón, no deben recibir la remuneración. Esto implica fortalecer las capacidades de inteligencia de datos de las instituciones fiscalizadas.
- Práctica 2: Errores en el registro y los expedientes de nómina. Esto incluye errores en el registro de la base de nómina, falta de documentos en los expedientes y fallas en el cumplimiento de requisitos para ocupar perfiles.
En Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se identificaron pagos por 10.9 millones de pesos realizados por concepto de sueldos, aguinaldo y compensación sin considerar el tabulador autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De igual forma, 120 expedientes de personal no se encontraban integrados conforme a la normatividad vigente.
El Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García ordenó el pago a 26 docentes y 75 administrativos que no cumplieron con los requisitos señalados en las convocatorias y los convenios, incluyendo título y cédula profesional. Esto se relaciona con la falta de control en la verificación de la documentación presentada por los aspirantes.
Las instituciones deben establecer mecanismos de control en los sistemas de nómina que impidan pagos a personal que no cumpla con el perfil o no corresponda al nivel salarial.
Irregularidades en la contratación pública
En 2022, las instituciones de la Administración Pública Federal (APF) destinaron 513 mil millones de pesos a adquirir bienes y servicios a través de contratos públicos. A pesar de la magnitud del gasto en contratos, en las instituciones públicas se mantienen prácticas de riesgo que pueden afectar la calidad de los bienes y servicios adquiridos.
- Práctica 1: Fallas en los registros de servicios o bienes recibidos. Implica faltas en los soportes de pago de los contratos, discrepancias entre el monto pagado y los bienes entregados, y pagos a servicios que no se efectuaron.
En Diconsa, se identificaron 116.4 millones de pesos pendientes de aclarar, lo que indica malas prácticas en el uso de recursos públicos. En particular, se hallaron problemas relacionados con la recepción de bienes dado que Diconsa no cumplió con la obligación de proporcionar el soporte de pago correspondiente en el sistema.
Además, encontró cargas de combustible en vehículos no registrados en el Sistema Integral de Transportes, sin evidencia que respalde su uso para actividades de Diconsa y sin la presentación de los vales de combustible por un monto de 108 mil 869 pesos. La institución tampoco ha podido acreditar el servicio de depósito mercantil ya que los comprobantes fiscales no concuerdan con los tonelajes de entradas y salidas del almacén registrados en el SICOM.
Es necesario realizar un diagnóstico de los sistemas de pagos vigentes en Diconsa, Liconsa y Segalmex para identificar las causas de las discrepancias en documentos. También se debe mejorar la difusión de los manuales de las tres instituciones.
- Práctica 2: Incumplimiento de ley. Se identificaron violaciones a las leyes de contratación y falta de publicación de documentos que afectan el desarrollo de los proyectos.
En la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se identificó que 10 proyectos estratégicos no fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, por lo que no se produjeron los efectos jurídicos correspondientes.
Además, se otorgaron recursos a beneficiarios fuera de los ciclos agrícolas para los que estaban destinados, y algunos conceptos de apoyo carecían de la mecánica operativa establecida en los acuerdos de los proyectos estratégicos. Se encontró una falta de acreditación de la compra-venta de semillas por 4.4 millones de pesos realizadas por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) a 2 mil 259 beneficiarios del subcomponente Producción y Productividad Agroecológica para la Alimentación y Autosuficiencia Alimentaria.
Es urgente fortalecer los sistemas de control interno para que emitan una alerta ante la simulación de pagos que constituyen un daño al presupuesto público.
- Práctica 3: Falta de supervisión de contratos. Esta se relaciona con la falta de seguimiento a los procesos contractuales que afectan la calidad de los proveedores seleccionados.
En Segalmex se identificaron malas prácticas por un total de 177 millones de pesos. Entre las acciones están pagos indebidos a la empresa “Enzo Real Solutions” y una falta de documentación adecuada. También se evidenció la falta de documentación en los contratos de granos y unidades vehiculares. Además, se efectuaron pagos por sets de laboratorios, transportes helicoidales y equipos de pesajes que estaban incompletos. Además, en algunos procesos de contratación, la Institución excedió el porcentaje máximo autorizado por la Ley de Adquisiciones, lo que constituye una violación a la normatividad vigente.
Para mejorar la supervisión de contratos, es preciso actualizar, digitalizar y difundir los formatos de recepción de los bienes y servicios adquiridos y así garantizar la calidad de la contratación pública.
- Práctica 4: Deficiencias en órdenes de compra y en la recepción de bienes. Fallas en el registro de las órdenes de compra y baja calidad en los expedientes contractuales.
Al analizar al Instituto Mexicano del Seguro Social, se encontró en la auditoría a la compra, distribución y almacenamiento de víveres y alimentos, que la institución no contó con la documentación necesaria para comprobar la recepción de los víveres y alimentos ni para acreditar su calidad o entrada al almacén. Además, algunas órdenes de compra no contaban con los datos de los servidores públicos o tenían errores en sus páginas. En general, no se integraron correctamente los expedientes de los procedimientos de contratación para la adquisición de víveres y alimentos.
Generar manuales de integración de expedientes y de gestión de documentos contractuales evitaría errores de registro y captura que afecten el monitoreo de las adquisiciones públicas.
Los resultados de la fiscalización superior evidencian la existencia de malas prácticas que afectan el presupuesto y funcionamiento de las instituciones públicas. Las recomendaciones que la Auditoría Superior de la Federación realiza en el marco de su acción de vigilancia son un buen punto de partida para los cambios organizacionales necesarios para mejorar el gasto público en México.
El IMCO es un centro de investigación apartidista y sin fines de lucro dedicado a enriquecer con evidencia la toma de decisiones públicas para avanzar hacia un México justo e incluyente.