- Iberdrola venderá el 80% de sus activos en México a un fideicomiso privado con participación mayoritaria de entidades públicas por $6 mil millones de dólares.
- El Gobierno Federal anunció que Fonadin, fondo mexicano gubernamental, y otras entidades públicas aportarán la mayor parte del financiamiento sin desglosar el porcentaje de participación pública.
- La propiedad de las centrales no será de la CFE, sino que se mantendrá privada.
El 4 de abril, la empresa de energía Iberdrola anunció a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España la venta de 13 centrales de generación eléctrica en México por un total de $6 mil millones de dólares a un fideicomiso privado con participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y otras instituciones públicas mexicanas, gestionado por Mexico Infrastructure Partners (MIP), una administradora de fondos mexicana enfocada en inversiones en infraestructura y energía.
El contar con financiamiento del sector público no cambia que legalmente la propiedad de las centrales se mantendrá privada. Sin embargo, todavía no es público a cuánto asciende la participación de las entidades públicas, hasta el momento se desconoce la composición del capital del fideicomiso que gestionará estas centrales.
Para el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), es importante destacar que, a pesar de contar con financiamiento público, legalmente la propiedad de las centrales y la gestión del fideicomiso será privada, ajena al Gobierno Federal y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Es decir, la CFE no está incrementando su participación de mercado en la generación eléctrica.
Del total de activos en la transacción, 12 centrales son de ciclo combinado (gas natural y vapor) -8,436 MW- y una es eólica -103 MW-. Asimismo, 10 operan bajo la figura de Productores Independientes de Energía (PIEs) -centrales privadas que venden toda su producción a la CFE en contratos de hasta 30 años instaladas previo a la apertura del sector energético en 2013/14- y tres lo hacen de forma privada (es decir, participan directamente en el Mercado Eléctrico Mayorista).
Para Iberdrola, esta transacción se da en un contexto que busca reducir gradualmente la huella de carbono en su matriz de generación eléctrica y centrar sus inversiones en tecnologías bajas en emisiones. En noviembre de 2022, la empresa anunció el objetivo de invertir 47 mil millones de euros (51 mil millones de dólares) en proyectos de infraestructura de redes y generación renovable en un plazo de tres años. En este sentido, la venta le permite liberar capital invertido en proyectos fósiles de mayor antigüedad a nuevos proyectos de energías limpias.
El Gobierno Federal argumenta que el porcentaje de generación eléctrica bajo control de la CFE se incrementará de 39.6% a 55.5%. No obstante, es necesario subrayar que la mayor parte de esta generación ya está bajo control de CFE, dado que los PIEs ya forman parte de la matriz de generación de la empresa a través de la subsidiaria CFE Generación V, encargada de administrar los contratos con estas centrales, de representarlas en el mercado y de reportar su estado de resultados ante la Cuenta Pública. En otras palabras, estas centrales operan legalmente en los términos impuestos por la empresa y forman parte jurídica, contable y económicamente de la CFE.
Esta venta no representa una nacionalización de la industria, ni cambia la operación del Mercado Eléctrico Mayorista, únicamente cambia la propiedad de una canasta de centrales entre privados. El anuncio que CFE operará estas centrales no cambia este hecho, aunque abre la puerta a que la empresa estatal expanda las condiciones de su contrato colectivo de trabajo a los trabajadores de las nuevas centrales, y pone en riesgo su rentabilidad en el mediano y largo plazo, dadas las condiciones establecidas desde la renegociación de 2020 que redujo en 10 años la edad de retiro.
Hasta el momento se desconoce el monto de los recursos con los que participará Fonadin y el resto de las entidades públicas, sin embargo, aunque estos no impacten la deuda pública ni la de la CFE, el costo saldrá de recursos públicos. A pesar de que en este momento no se ha desglosado a cuánto asciende el financiamiento público, es necesario cuestionar la conveniencia de asignar recursos, por definición escasos, en adquirir centrales eléctricas mayoritariamente ancladas en combustibles fósiles a costa de inversiones que aceleren la transición energética en el país.