¿Dejar propina en un restaurante es una forma de extorsión? La pregunta es relevante porque refleja lo internalizado de la extorsión en México y porque es el punto de partida de Luis de la Calle para plantear una teoría sobre la prevalencia de este fenómeno en el país, la aceptación y cotidianidad que hacen de la extorsión algo “cultural”, y sus consecuencias altamente negativas en términos de crecimiento y desarrollo.

De la Calle entiende la extorsión más allá de su definición legal, desde pagar a un franelero, hasta el secuestro y el cobro de derecho de piso por parte del crimen organizado, pasando por el dinero ilícito en campañas electorales a cambio de beneficios futuros, pagar una mordida a un funcionario a cambio de un permiso o que un sindicato emplace a huelga sin representatividad de los trabajadores.

La extorsión es el principal obstáculo para el progreso porque, mientras ésta prevalezca, México no será un país de iguales. La extorsión daña la capacidad de intercambiar ideas porque éstas carecen de protección, limita la productividad y obstaculiza la diversificación y expansión económicas. La tesis central de De la Calle está anclada en la premisa de Deidre McCloskey desarrollada en la trilogía The Bourgeois Era de que el progreso depende de la igualdad en los derechos ciudadanos y en el respeto a los demás. México no ha logrado transitar a ser un país de derechos, sino que se mantiene como uno de privilegios y concesiones. La transición a la democracia falló en desmantelar el régimen concesionario y no logró establecer un estado de derecho basado en la propiedad y el derecho a los demás. La propiedad aquí no se reduce a propiedad privada, sino al fruto del trabajo, la creación intelectual y la propiedad pública y comunal.

Las empresas grandes son relativamente inmunes a la extorsión por su mayor integración vertical, capacidad de diversificación, participación en asociaciones industriales para representar intereses y demandar acción del gobierno, así como su mayor capacidad de cumplir con la normatividad. Las principales víctimas de la economía de la extorsión son las micro, pequeñas y medianas empresas.

El argumento de La economía de la extorsión complementa el análisis de Santiago Levy sobre la mala asignación de recursos consecuencia de políticas fiscales, laborales y de seguridad social, así como del incumplimiento de contratos, como causa de la baja productividad de las micro pequeñas y medianas empresas en México, al destacar que la extorsión es el factor olvidado que explica el pobre crecimiento de éstas por el costo prohibitivo que este impuesto extraoficial representa.

En una economía donde prevalece la extorsión es racional permanecer pequeño, operar “por debajo del radar” para no llamar la atención de potenciales extorsionadores como gobiernos, crimen organizado, sindicatos o, inclusive, empresas más grandes. El ambiente de extorsión es, a su vez, un incentivo para permanecer en la informalidad. La extorsión en pymes informales es de “ventanilla única”, se paga una cuota al líder de ambulantes, al policía o al crimen organizado y el empresario puede operar con cierta seguridad dado el acuerdo implícito de pagar por protección. En la formalidad hay múltiples ventanas. La pyme formal se enfrenta al laberinto burocrático de obtener permisos y licencias, está expuesta a que la policía le pida una cuota para dejarla operar, al fisco, a los inspectores de distintas dependencias o a que un sindicato la emplace a huelga sin representatividad.

Explotar el potencial de las pymes mexicanas implica que la extorsión se vuelva la excepción y no la regla. En una publicación reciente De la Calle argumentaba que el problema no es el déficit económico, sino el déficit democrático. La economía de la extorsión se alimenta de esto, del déficit en la igualdad en el respeto y en los derechos, donde no todos los ciudadanos pueden participar con un piso parejo. De ahí que el antídoto contra la economía de la extorsión esté en mayor competencia, sea esta económica, política, sindical, de ideas o de cualquier tipo. El poder monopólico y la centralización son el ambiente propicio para que la extorsión florezca.

El libro identifica un cambio estructural que bien aprovechado puede ser un aliado para reducir la extorsión: la revolución digital. Ésta puede contribuir a solucionar el problema a partir de la creación de plataformas tecnológicas que impulsen a pequeños productores a participar en el comercio electrónico y mediante sistemas de pago y tecnologías tipo blockchain que descentralicen trámites y así bajen los costos de transacción.

Hace 10 años De la Calle publicó junto con Luis Rubio Clasemediero. Pobre no más, desarrollado aún no, donde los autores argumentaban que las personas que han sido esforzadas en la vida productiva, los emigrantes, los trabajadores informales y empresarios en ciernes acostumbrados a tomar riesgos eran el segmento de la clase media más abierto a la competencia porque a diferencia de los beneficiarios del régimen concesionario y rentista, éstos no tenían nada que no se hubieran ganado con trabajo. La economía de la extorsión viene a complementar el argumento de Clasemediero al ofrecer una ruta crítica para desencadenar el crecimiento y desarrollo del que probablemente sea el segmento con mayor potencial de detonar la competitividad del país. La crisis causada por la pandemia no hace sino enfatizar la necesidad de pymes competitivas que absorban la demanda laboral en el México post Covid-19.

El gran mérito de La economía de la extorsión no está tanto en los problemas que identifica, que ya han sido diagnosticados en el pasado, sino en sistematizarlos y ofrecer una explicación integral al señalar la causa de raíz: la extorsión prevalente en el país. La extorsión es el extremo contrario del respeto al derecho ajeno y sin este no hay competitividad. No es la falta de estado de derecho en abstracto, es la economía de la extorsión.

Recomendaciones:

El capítulo final propone una serie de medidas de política pública para modificar los incentivos en la estructura político-electoral y jurídica y encaminar al país hacia una salida de la economía de la extorsión y así completar el tránsito del régimen concesionario hacia un país de derechos y de iguales:

• Reducir las ventanillas de extorsión en los servicios públicos mediante la simplificación administrativa, eliminación de requisitos y normas, adecuación de normas para pymes.
• Fortalecer la sostenibilidad financiera de los municipios mediante una reforma que promueva el cobro del impuesto predial que incluya transferencias federales para los municipios menos favorecidos. Con esto se promovería el establecimiento de bienes inmuebles e infraestructura y así aumentar la recaudación, la protección de los derechos de propiedad y mejores servicios públicos.
• Reducir el tiempo y costo de las campañas electorales, establecer la segunda vuelta y la obligatoriedad del voto.
• Utilizar a las aseguradoras para garantizar el cumplimiento de normas y reglamentos para quitar el monopolio de los inspectores al gobierno.