Las decisiones que el gobierno y la SEP han tomado en materia educativa en los últimos doce meses ya anunciaban un desastre educativo. En 20 días, el desastre se habrá materializado. La gota que derramó el vaso, después de múltiples polémicas, fue la filtración y consecuente análisis del contenido de los nuevos libros de texto que corresponden a la inminente aplicación del nuevo plan de estudios para educación básica. Esta polémica era de esperarse y es posible que su estallido haya llegado demasiado tarde como para dar marcha atrás.
El experimento que promueve la SEP, lejos de tener un fundamento pedagógico y educativo, tiene un trasfondo político. El nuevo plan de estudios se presentó en agosto de 2022 como la cereza del pastel del trabajo que realizó Delfina Gómez como secretaria de Educación. En el mismo evento donde se dio a conocer se anunció también la despedida de la secretaria, quien abandonó su puesto para perseguir su aspiración de ser gobernadora del Estado de México. El costo de politizar la educación lo asumirán principalmente los estudiantes, quienes verán menguadas sus oportunidades de aprendizaje, ya que el nuevo plan de estudios considera que “no es función de la escuela formar capital humano”.
Más allá de la polémica alrededor del contenido de los nuevos libros de texto, son alarmantes los riesgos que resultarán de la implementación del nuevo plan de estudios. Además de minar el desarrollo del talento que este país necesita para ser más competitivo, el IMCO identifica otros tres riesgos que profundizarán la crisis educativa que se vive en la actualidad.
En primer lugar, el nuevo plan de estudios elimina los límites de la autonomía curricular. El plan de estudios de 2017 incorporaba este concepto al garantizar un determinado número de horas a la semana para que los docentes enseñaran conocimientos relevantes dado su contexto educativo. Esta nueva propuesta no fija límites a la autonomía curricular, lo que podría aumentar la carga de trabajo de los docentes y no permitiría construir un piso parejo de conocimientos entre los estudiantes de educación básica.
En segundo lugar, al dejar fuera a la educación media superior de este nuevo plan, se perderá continuidad entre secundaria y bachillerato. El riesgo será un aumento del ya preocupante nivel de abandono escolar de media superior. Además, esto representa un paso atrás para los esfuerzos hechos hacia una integración educativa a lo largo de toda la educación obligatoria (preescolar-bachillerato).
Por último, aprendizajes claves como las matemáticas, quedarán relegados. El nuevo plan busca la transversalidad de las disciplinas; este concepto pedagógico es positivo y va de la mano de tendencias globales. Sin embargo, en este nuevo modelo la transversalidad está mal articulada y, aunado a un enfoque comunitario en exceso, irá en detrimento de la enseñanza de conocimientos y habilidades universales, como el pensamiento lógico, que son cada vez más importantes. Además, para lograrlo hubiera sido necesario una intensa capacitación de docentes y una planeación –ambas inexistentes.
Combinados, estos cuatro cambios suponen futuros retos para el talento mexicano, que se traducirán en menores oportunidades laborales para los jóvenes profesionistas y menos talento para los empleadores.
Para implementar adecuadamente tantos cambios, se hubiera esperado una ruta crítica estratégica para su puesta en marcha, pero nada más alejado de la realidad: el camino hacia la ejecución del nuevo plan de estudios ha sido un viaje turbulento.
Todo comenzó cuando la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la llegada del nuevo plan de estudios al mismo tiempo que notificó el tercer relevo de liderazgo para la Secretaría. El cambio de puesto con la entrada de Leticia Ramírez reveló la poca prioridad que la educación tiene para el gobierno actual. Unos días después de su llegada a la SEP, la secretaria fue entrevistada respecto al nuevo plan de estudios y fue incapaz de dar respuesta respecto a cómo aprenderían matemáticas los niños bajo el nuevo esquema planteado. Su respuesta –”no podría contestar eso”– indignó y preocupó a docentes y padres de familia: la máxima autoridad educativa en México desconocía el modelo educativo que se proponía.
Poco después, Educación con Rumbo, un movimiento nacional para fomentar la participación ciudadana en aras de mejorar la calidad educativa, presentó un amparo para cancelar el programa piloto que el gobierno pensaba poner en marcha en 960 escuelas a partir de octubre de 2022. Dicho amparo fue concedido por considerar que el pilotaje careció de consultas con las comunidades educativas y “sin la emisión y publicación de programas de estudio y sin la capacitación previa de maestros y maestras respecto a sus contenidos”, de acuerdo con la sentencia.
Esto, contrario a abrir la puerta al diálogo, desencadenó una serie de tropiezos que anticiparon el desastre educativo.
Sin el programa piloto, la ruta de acción debió de girar hacia repensar los contenidos curriculares junto con expertos, docentes y padres de familia. Sin embargo, en la búsqueda por terminar el sexenio con una victoria educativa, las autoridades decidieron continuar sobre el mismo camino sin cambiar o replantear el programa. Para esta administración, permear la educación antes de terminar el sexenio está por encima de tener a niñas, niños y jóvenes desarrollados.
El segundo amparo se concedió en mayo de 2023 a favor de detener la impresión de los libros de texto gratuitos. Esto detonó una batalla legal que continúa hasta la fecha entre juzgados federales y la SEP. Una vez más, esto llevó a expertos a considerar que, sin libros de texto y sin haber llevado a cabo el programa piloto, se pondría alto a la puesta en marcha del nuevo plan de estudios.
¿Habrá alguien que considere que, a pesar de los contratiempos, este plan pueda estar encaminado al éxito?
Entre tanta turbulencia, se ha olvidado que a principios de este sexenio se eliminaron las evaluaciones educativas en todos los grados. Estas no solo sirven para evaluar el progreso y los aprendizajes de estudiantes y docentes, sino también para poner a prueba el funcionamiento de las estrategias educativas.
A raíz de la desaparición del Instituto Nacional de Evaluaciones Educativas, decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aún desconocemos el impacto de la pandemia de covid-19 en la enseñanza de las y los niños, pero más allá, no tendremos mecanismos para comprobar el éxito o fracaso del nuevo experimento de gobierno.
Además, el gobierno no cuenta con el consenso de docentes, encargados de materializar la política educativa en las aulas, ni el apoyo de padres de familia. Ambos se encuentran inquietos con los nuevos libros de texto, inciertos respecto a los nuevos mecanismos de enseñanza y aprendizaje y alarmados por desconocer los planes curriculares a pocas semanas de su implementación en las aulas.
El riesgo de subir la educación al tablero político es que deja de enfocarse en atender los verdaderos problemas educativos como el abandono escolar y la pérdida de aprendizajes. La ruta educativa debe plantearse más allá de sexenios, de colores y de candidatos. Debe responder a la formación de talento que garantice más movilidad social y condiciones favorables para los estudiantes.
No existe una salida o solución fácil. El último eslabón que podrá fungir como una barrera o espada ante la inminente aplicación del nuevo plan de estudios serán los gobiernos estatales. Algunos gobiernos de oposición ya han mostrado su desacuerdo con los nuevos libros de texto y han comenzado a diseñar sus propios materiales. Estar en contra del nuevo plan de estudios no significa estar en contra del gobierno federal, sino en contra de apostar con la educación de los jóvenes.
Entre tanta incertidumbre, lo sucedido el último año es inconstitucional, pero además narra una historia conocida: la crónica de un desastre anunciado.
*Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad de la autora y no representan la postura institucional.
Publicado en Letras Libres.
08/08/2023
