Quien gobierne México a partir de 2024 enfrentará un escenario complicado en materia anticorrupción. Los retos no son menores: se requiere fortalecer las instituciones encargadas de la detección, investigación y sanción a fin de combatir la impunidad que ha caracterizado casos en el pasado; asimismo, será necesario asegurar los recursos suficientes para el funcionamiento del Sistema Nacional y los Sistemas Estatales Anticorrupción. También es inaplazable la necesidad de asegurar el aprovechamiento de las tecnologías actuales para prevenir posibles hechos irregulares.
La premisa a partir de la cual se construyó la estrategia sexenal en materia anticorrupción fue simple: “las escaleras se barren de arriba para abajo”. Al presidente López Obrador, en términos generales, se le percibe como una persona honesta y las encuestas lo demuestran: 61% valora positivamente sus atributos de honestidad. Tomando esta percepción como base, se construyó una estrategia insuficiente dada la magnitud del problema: si la punta de la pirámide se caracteriza por la honestidad, en los demás niveles no tiene por qué ser diferente. Hechos probados como el desfalco en Segalmex muestran que las escaleras no se han barrido efectivamente.
Para ejemplificar, vale la pena revisar la evidencia que el IMCO ha recopilado en la materia. En primer lugar, las compras públicas federales y estatales muestran deficiencias en transparencia, competencia y cumplimiento de la ley. En 2022, las instituciones de la Administración Pública Federal realizaron 13 mil adjudicaciones directas, pero no publicaron el documento del contrato. Además, se mantienen contrataciones con proveedores riesgosos como empresas sancionadas y empresas fantasma. En este momento pedir que las instituciones realicen cruces de bases de datos y tengan insumos para decidir mejor sobre los proveedores ya no es una aspiración, es una necesidad.
Asimismo, instituciones clave en el combate a la corrupción como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) enfrentan limitaciones. Por ejemplo, la recuperación de activos y las denuncias realizadas por la ASF han disminuido; también es menor el nivel de atención a las acciones que emite. En el mismo sentido, las fiscalías estatales anticorrupción presentaron desafíos en su nivel de autonomía y recursos humanos y presupuestales, lo que limita su acción de detección e investigación de casos. Sin instituciones sólidas -en todos los niveles de gobierno-, no habrá mejores resultados en la política anticorrupción.
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) -que completa ya ocho años de implementación-, aún no muestra resultados sólidos de coordinación y queda mucho por hacer para consolidar una visión sistémica anticorrupción. En términos de presupuesto, por ejemplo, el SNA presenta una disminución real de 10 % con respecto a 2018. A nivel estatal, el panorama es aún más difícil: recientemente, se ha mencionado en el Estado de México la iniciativa de eliminar el sistema estatal sin proponer alternativas. En otras entidades, como la Ciudad de México, la consolidación del sistema nunca se ha logrado.
Contrario a lo que el presidente ha defendido, la corrupción sigue entre nosotros y en 2024 será un elefante en la sala imposible de ignorar. La lucha anticorrupción durante la llamada “Cuarta Transformación” deja más dudas que certezas. ¿Ha habido cambios estructurales que garanticen mejores condiciones para prevenir la corrupción? No necesariamente. Las escaleras se barren de arriba hacia abajo -sí-, pero en este caso no están quedando limpias.
Publicado en Animal Político.
07-12-2023
