
20 horas de debate. ¿Debate? ¿De verdad? Dudo que se haya tratado de un verdadero debate, con la intención de escuchar al otro y hacer los ajustes que correspondieran. Más bien fueron 20 horas de jaloneos, exposición de diferentes posturas, pero poco ánimo de realmente debatir. De 1.760 reservas sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación no prosperó ninguna. El único cambio relevante, incorporado antes en el dictamen, fue un recorte de 6.000 millones de pesos al INE, al tambaleante INE. Todo lo demás quedó en el presupuesto tal como lo envió Hacienda. Se le movió una coma, una sola.
Podrían decirse muchas cosas, incluyendo que se trata de una mayoría disciplinada, pero dudo que vaya por ahí. Más bien, el presupuesto de egresos se ha vuelto un ejercicio de inercia. Buena parte del dinero ya está comprometido antes de que llegue a alguien siquiera a discutirlo.
Los 6.000 millones recortados al INE se fueron – tres mil de ellos – a La Escuela es Nuestra, 1.000 millones al sector medio ambiental, 700 a la aviación civil, 618 a los programas de primera infancia, 362 millones a la Secretaría de las Mujeres, 300 a la búsqueda de personas desaparecidas y 20 al turismo. Toda la discusión política sobre un presupuesto de 10,6 billones de pesos motivó la reasignación de menos del 0,06% del total.
El gasto total será de 10,6 billones de pesos, 1,3% más en términos reales para lo aprobado para este año. De esos 10,6 billones, 7,4 corresponden a gasto programable, el que financia servicios, programas específicos e inversión. Los 3,2 billones restantes son de gasto no programable, es decir, las obligaciones que el Gobierno tiene que cumplir a como dé lugar: el costo de la deuda ―casi 50% de ese rubro― y las participaciones a Estados y municipios que representan 48,3%.
Las participaciones, que se reparten según fórmulas establecidas en la ley, rondarán 1,5 billones de pesos, 6,3% más que las de este año. Además, habrá 1,2 billones en aportaciones que están etiquetadas para educación básica, salud, infraestructura y seguridad. En total, el gasto federalizado llegará a 3,05 billones, con un aumento real de 4,6%.
Al costo financiero de la deuda hay que ponerle especial atención. Rondará los 1,6 billones de pesos, equivalente al 4% del PIB. El costo de la deuda, es decir, los intereses que pagamos por la deuda que ya existe superará en 2027 la nueva deuda que adquiera el Gobierno ese año. Dicho de otro modo, todo lo que se solicite de financiamiento en 2027 no alcanzará para pagar lo intereses de lo que ya se debe. Habrá que completar con recursos fiscales que podrían destinarse a otra cosa.
De ese costo financiero, 1,3 billones corresponden a deuda contratada por el Gobierno federal y 203 mil millones a Pemex y CFE. La otra gran obligación son las pensiones. Las contributivas, del IMSS y del ISSSTE, suman 1,8 billones de pesos, 4,7% del PIB. A estas pensiones hay que agregar las no contributivas, las llamadas del Bienestar, que se estiman en unos 640.000 millones, más de 53.000 millones por mes. Entre las pensiones y el costo de la deuda se absorberán alrededor de 3,9 billones de pesos, más del triple de lo que se destinará a inversión física.
Entre los intereses que se pagarán sobre la deuda ya existente y las pensiones se irá más del 10% del total de los egresos del país, por encima del 9,4% que sumarán educación, salud, seguridad e infraestructura. En 2013, ese gasto en desarrollo superaba al de intereses y pensiones por 6,8 puntos del PIB. La relación ya se invirtió. Hoy se gasta más en pagar el pasado que en construir el futuro.
Para la salud y la educación hay buenas noticias. A la función salud se le asignan 1,1 billones de pesos, un aumento real de alrededor de 11%. A educación, 1,26 billones, un incremento real de 10,7%. Son aumentos significativos y bienvenidos tras años de presión que se han visto en estos rubros y que la población padece día a día.
Conviene, sin embargo, leerlos con cuidado. Un aumento en el presupuesto no se traduce automáticamente en gasto, aunque suene extraño, y mucho menos en mejores servicios. La experiencia reciente del sistema de salud, con desabasto de medicamentos y cambios institucionales desorganizados y sin sentido muestra que el problema no ha sido solo de recursos, sino primordialmente de gestión. Habrá que ver cuánto de esos recursos verdaderamente llega a las consultas médicas, a los hospitales y a las escuelas y cuánto se queda en estructuras administrativas o en gastos inerciales. Por ejemplo, a pesar de que el presupuesto del IMSS crecerá 9,8% en términos reales, 61% de ese incremento se irá a pensiones. Y haciendo eco de la primera línea de este párrafo, entre 2013 y 2025, el IMSS ejerció en inversión un tercio menos de lo que tenía aprobado.
Las transferencias sociales seguirán siendo el sello de esta administración, al igual que en la pasada. Los programas sociales recibirán alrededor de un billón de pesos. Las transferencias tienen amplio respaldo popular y se convierten, de alguna manera, en derechos adquiridos, son gasto que una vez otorgado difícilmente puede retirarse, mucho menos en año electoral. Cada año se irán sumando a la lista de compromisos ineludibles, junto con las pensiones y los intereses, y además indizadas a la inflación. Son, en buena medida, la definición misma de la inercia presupuestal.
La inversión pública sumará 1,13 billones de pesos. Crece, pero sigue siendo baja. Es precisamente el rubro que más se necesita para sostener el crecimiento futuro y es el que menos margen tiene, sobre todo, dado que se ha usado como la variable de ajuste para restrtingir el gasto. Una parte relevante de esa inversión se irá a Pemex y a CFE. Pemex recibirá 225.000 millones de pesos para proyectos “prioritarios” y la CFE, 61.000 millones destinados, en teoría, a generación y transmisión.
La deuda, por su parte, seguirá subiendo. El déficit presupuestario aprobado es de 1.36 millones de pesos y la medida más amplia, los requerimientos financieros del sector público, se ubicará en 3.9% del PIB. La consolidación fiscal va, pero no al ritmo que las calificadoras quisieran. No se trata de no reconocer los esfuerzos fiscales, sino de tener claro que mientras el país crezca a tasas tan bajas no se podrá alcanzar una recaudación que dé un respiro sostenido a las finanzas públicas.
La meta de disminución del déficit se ha ido postergando. En 2024 se decía que se llegaría a un déficit de 3% en 2027, en 2025 que se alcanzaría en 2028 y ahora será hasta entrado 2030. La consolidación fiscal no se alcanzará por más que el SAT haga mayores esfuerzos recaudatorios si seguimos subsidiando el IEPS, gastanto en proyectos sin retorno social y sobre todo, sin crecimiento.
Nada de esto se resuelve en un año ni en un solo paquete económico. La inercia no es culpa de un solo gobierno, es la acumulación de decisiones, compromisos, promesas de campaña y deudas de muchos años. Pero cada presupuesto que se aprueba sin cuestionar esa inercia solo la hace más pesada. Sin debates de verdad, sin discusiones serias sobre los temas relevantes, el margen para decidir se irá reduciendo año con año.
Un presupuesto es la expresión más clara de las prioridades de un país. El de 2027 dice, sobre todo, que nuestras prioridades ya están decididas. Poco nos queda más que seguir la inercia.