- El Presidente de la República presentó una iniciativa de reforma para centralizar las compras públicas y el ejercicio del gasto en la Secretaría de la Función Pública (SFP), que además tiene a su cargo el control interno.
- Esta iniciativa revertiría los cambios realizados en 2018 por la actual administración, al devolverle las funciones a la SFP que habían sido transferidas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), además de otorgarle facultades nuevas.
- La iniciativa podría fortalecer a la SFP; sin embargo, centralizar las funciones presenta un riesgo en la imparcialidad del ejercicio y fiscalización del gasto.
En noviembre de 2018, se publicó un decreto que reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para transferir facultades de la Secretaría de la Función Pública a la Secretaría de Hacienda. La iniciativa presentada el 26 de abril de 2022 por el Presidente de la República otorga a la SFP la coordinación y conducción de las Unidades de Administración y Finanzas, y reconcentra la política general de compras públicas en dicha institución, de la que además dependen los órganos internos de control que serán rediseñados.
La SFP es una de las instituciones de la Administración Pública Federal (APF) más importantes en la prevención, investigación y sanción de la corrupción. La centralización de procesos y estructuras, así como de las compras públicas, puede agilizar y fortalecer el ejercicio de las atribuciones de la Secretaría en materia anticorrupción. No obstante, existe el riesgo de que la operación, funcionamiento e imparcialidad se vean comprometidas al recaer en una misma dependencia las compras públicas y su fiscalización.
En el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizamos la iniciativa de reforma y estos son los principales cambios propuestos a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:
- Las Unidades de Administración y Finanzas (UAF) dependerán directamente de la SFP
Con el objetivo de incrementar las capacidades de prevención de conductas indebidas en el ejercicio del gasto público, se plantea que la SFP coordine y conduzca la operación de las UAF de las dependencias, organismos desconcentrados y organismos paraestatales, con excepción de las Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y las empresas productivas del Estado, que se mantendrán independientes.
La iniciativa plantea que los órganos del sector paraestatal cuenten con sus propias UAF para homologar dichos organismos en el ejercicio del gasto. Además, propone que la SFP se encargue de nombrar y remover a las personas titulares de las UAF, atribución que desde diciembre de 2018 corresponde a la SHCP.
Implicaciones: La coordinación de las operaciones de las UAF puede mejorar la ejecución del gasto público, prevenir desvíos y posibles actos de corrupción. Sin embargo, la concentración de estas en la SFP convertiría a la Secretaría en fiscalizadora y ejecutora de forma simultánea, lo que arriesgaría la imparcialidad.
IMCO Propone: Asegurar que las labores de fiscalización del gasto y administración de finanzas que lleve a cabo la SFP se realicen bajo estricta separación. Además, es importante que los criterios de elegibilidad y remoción de los titulares de las UAF se apeguen a la promoción de perfiles idóneos y no bajo designaciones directas.
- La estructura de los órganos internos de control (OIC) será reducida al mínimo indispensable
La SFP tiene bajo su responsabilidad el control interno, la prevención de actos de corrupción, así como la fiscalización y evaluación de la gestión pública. La iniciativa propone mantener esa función, pero prevé reducir estructuras administrativas y redistribuir funciones para generar ahorros. Los OIC serían agrupados por sector, materia o ente público para armonizar funciones, reducir costos y promover la independencia e imparcialidad de las decisiones.
Implicaciones: La reducción de los órganos internos de control podría representar tanto un beneficio como un riesgo. Unirlos bajo temas o funciones podría fortalecer la especialización y promover mayor independencia en las funciones de auditoría y fiscalización. Sin embargo, la reducción de estructuras administrativas al mínimo indispensable podría comprometer la correcta operación de los OIC al aumentar la carga de trabajo.
IMCO Propone: Garantizar que el rediseño de las estructuras de control interno no comprometan o debiliten su funcionamiento a través de recursos humanos y materiales suficientes.
- La SFP retomará la facultad de consolidar todas las compras públicas federales
La iniciativa propone transferir a la SFP la facultad para consolidar las contrataciones federales de bienes y servicios con el objetivo de garantizar mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad. También plantea que la SFP participe en las negociaciones comerciales internacionales relacionadas con compras del sector público para hacer más eficientes los procesos y asesorar a las dependencias en el cumplimiento de la ley en la materia.
Implicaciones: La consolidación de compras de bienes y servicios es un mecanismo efectivo para asegurar una planeación adecuada, abasto suficiente y ahorros en el sistema de compras a largo plazo, siempre que dicha coordinación se ejecute de manera correcta. La iniciativa puede ser benéfica al volver menos costosos y más eficientes los procesos de compras públicas, así como permitir que la SFP retome el control de la plataforma Compranet. Esto significaría mayor vigilancia sobre las compras públicas, una de las áreas más vulnerables a actos de corrupción en cualquier administración pública.
Por otro lado, otorgarle de manera simultánea a la SFP las facultades para ejecutar y fiscalizar las compras públicas podría implicar un conflicto de interés, por lo que es fundamental separar ambas funciones de manera efectiva.
IMCO Propone: Identificar las necesidades de compra de las dependencias y promover la coordinación entre la SFP y las instituciones para solicitar los bienes y asegurar las mejores prácticas en materia de centralización de compras.
Próximamente, la iniciativa de reforma será discutida en la Cámara de Diputados. Desde el IMCO daremos seguimiento a las discusiones que determinarán, o no, su aprobación.