Toda ley que regula el trabajo dibuja una línea que parte a la sociedad en dos grupos: quienes tienen empleo formal y quienes carecen de él. Del lado privilegiado de esa frontera están los trabajadores que gozan de los derechos que otorga la ley. Al otro flanco de esa zanja están las personas en edad de trabajar, pero que las circunstancias las han condenado al desempleo, la informalidad o la migración. Ese límite fronterizo divide a dos países muy distintos, pero que comparten territorio, forma de gobierno, bandera e Himno Nacional. Ambos países se llaman México, pero de un lado los habitantes tienen un ingreso garantizado, acceso a servicios de salud de mejor calidad, más posibilidades de obtener un crédito y un sistema de jubilación. Del otro lado de la zanja, el ingreso es incierto, el acceso a la salud es desigual, el crédito es improbable y no hay pensión para la vejez.
Mientras más extensivos y onerosos sean los derechos de los trabajadores formales más alto será el muro y más difícil la obtención de una visa para ingresar al territorio del empleo con protección de la ley y seguridad social. Usemos un ejemplo extremo para ilustrar el punto. Supongamos que la norma impone a los patrones la obligación de pagar aguinaldos de 180 días. Este es un derecho maravilloso si vives en el país de la formalidad. El problema es que por cada dos trabajadores con aguinaldo de seis meses se cancela la posibilidad de que un tercer trabajador obtenga un salario por 12 meses.
Cada sociedad debe determinar dónde dibuja esa frontera interna. En algunos países existe el seguro al desempleo. El problema es que los contribuyentes tienen que pagar el costo de esta red de protección para las personas sin trabajo. Buena parte de esos impuestos vienen de empresas que al pagar más cargas tributarias tienen menos recursos disponibles para invertir y crear nuevas fuentes de empleo. La solución no es sencilla, ni económica ni éticamente, pero cada país debe tener claras las consecuencias sociales de su legislación laboral.
Nuestra ley laboral data de 1970 y en sus 42 años de existencia los resultados están a la vista. De acuerdo con el INEGI, el 29% de la población ocupada trabaja en la informalidad. Además hay cerca de 12 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, la mayoría ilegalmente. Esto quiere decir que más de 20 millones de mexicanos se quedaron del lado incorrecto de la frontera del empleo.
De todas las prerrogativas que contiene la actual Ley del Trabajo, la que más eleva la altura del muro fronterizo es la posibilidad de que las demandas por despido injustificado se prolonguen indefinidamente. Hoy existen más de 220 mil juicios en trámite que se desahogan en un tiempo promedio de 50 meses. Esto quiere decir que el despido de un trabajador que laboró durante un año en una empresa puede implicar el pago de cuatro años de salarios caídos. Una compañía grande tiene la liquidez y los equipos de abogados para enfrentar el juicio sin demasiados sobresaltos. Sin embargo, para una empresa pequeña los costos de un juicio laboral pueden hacer la diferencia entre la sobrevivencia y la bancarrota. Alrededor del 80% de los patrones registrados en el IMSS tiene empresas conformadas por entre uno y 10 trabajadores. La incertidumbre financiera que genera un juicio laboral es uno de los principales fardos del desarrollo de las Pymes y de la cultura empresarial en México.
Los grandes ganadores de estos juicios ad infinitum son los coyotes que incrementan sus márgenes de ganancia si se prolonga la disputa entre el patrón y el trabajador. La reforma laboral que envió al Congreso el presidente Felipe Calderón pone un límite de un año al horizonte de pago de salarios caídos en caso de un conflicto laboral. Si el juicio se prolonga aún más, sólo se pagaría un interés sobre el monto de los salarios acumulados. Este cambio puede abrir un enorme boquete en un muro imperceptible para la mirada, pero evidente para los ojos del sentido común.
