
La inclusión de las mujeres en la economía no solo es un imperativo social, sino también un canal para promover el crecimiento de la economía en beneficio de todos. Aunque en México las mujeres representan 53% de la población en edad productiva, su participación en la economía es menor que la de los hombres. Mientras 76% de los hombres tienen o buscan un empleo, 46% de las mujeres lo hace.
Para poner en perspectiva el nivel de participación económica de las mexicanas, algunos países líderes en materia de igualdad de género –como Islandia, Países Bajos o Suecia– tienen una participación de las mujeres que rebasa 80%. Si comparas a México con otros países latinoamericanos, economías como Chile, Colombia o Costa Rica, tienen una participación económica de las mujeres cercana a 70%. Incluso, comparado con el desempeño promedio de los países que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que alcanza 67%, México está rezagado 20 puntos porcentuales (p.p.).
A pesar del bajo nivel de inclusión económica de las mujeres, el IMCO estima que su contribución a la economía en 2024 fue de 2.3 billones de pesos, lo equivalente a 9% del PIB. Esta cifra es suficiente para cubrir dos veces el presupuesto destinado a educación en 2025. ¿Qué pasaría si México se pareciera a los países de la OCDE?
En el IMCO calculamos los beneficios económicos que tendría el país de sumar 18.6 millones de mujeres a su economía para lograr la meta de aumentar la tasa de participación económica al nivel promedio de la OCDE (67%) para 2035. La aportación económica de las mujeres a la economía tiene un potencial enorme: el PIB de México podría crecer 6.9 billones de pesos durante la próxima década, lo que implica que para 2035 podría ser 3.7% mayor. Además, el valor económico del trabajo de las mujeres aumentaría 35%, al pasar de 3 billones de pesos a 4.1 billones de pesos. Tan solo el incremento de más de 1 billón de pesos en el PIB de 2035 sería suficiente para cubrir tres veces el costo del Sistema Nacional de Cuidados (SNC).
En este ejercicio también estimamos el impacto que tendría la integración económica de las mujeres a nivel estatal. Sin embargo, el impacto sería muy diferente ya que la inclusión económica en las entidades es muy dispar. Mientras que las entidades con mayor participación de mujeres en su economía rebasan 55%, como Baja California Sur, Colima y Ciudad de México, la mayoría de las entidades —17 de 32– tienen una tasa entre 46% y 49%. Por su parte, Tabasco (39%) y Chiapas (30%) son las que más se alejan de la meta de la OCDE .
Chiapas prácticamente tendría que triplicar la cantidad de mujeres que participan activamente en su economía, mientras que la Ciudad de México tendría que aumentarla 35%. En promedio, las entidades tendrían que crecer 75% el número de mujeres que buscan o tienen un empleo. El lado positivo es que los estados que más esfuerzos requieren son también los que más beneficiados se verían de aumentar la participación de las mujeres. Por ejemplo, el PIB de los estados podría ser, en promedio, 8.4% mayor en 2035, pero habría estados como Chiapas, en los que el incremento en la economía podría superar 30%.
El principal obstáculo para que las mujeres se sumen a la economía es la falta de corresponsabilidad de los cuidados. Casi la mitad de aquellas mujeres que no buscan ni tienen un empleo es porque no cuentan con quien cuide de sus hijos, adultos mayores o enfermos. Por ello, es imprescindible que la responsabilidad de los cuidados deje de recaer mayoritariamente en manos de las mujeres.Las mujeres son quienes renuncian a las actividades remuneradas: pierden autonomía económica y dejan de generar ingresos para sus familias. Pero este precio no solo lo pagan ellas, sino que las empresas desaprovechan talento e innovación y el país pierde capacidad de crecimiento económico.
Faltan muchas acciones para que México logre acercarse a la tendencia internacional. Por parte del sector público se requieren pasos más contundentes para la construcción de un SNC que redistribuya la responsabilidad de los cuidados. Para este mismo fin, también es indispensable que se garanticen licencias de paternidad obligatorias para promover la corresponsabilidad en estas labores. Pero el sector privado también tendrá un papel clave al poder establecer acciones que contribuyan a este fin, como el establecimiento de estancias de cuidado infantil en los centros de trabajo, apoyos para el cuidado y el otorgamiento voluntario de licencias de paternidad.
Publicado en El Sol de México
07-03-2025