El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho en reiteradas ocasiones que en México se está construyendo un estado de bienestar a través de los programas sociales. Nada más falso que eso.
Es imposible hablar de un estado de bienestar en un país donde 85.7 millones de personas reportaron en 2020 tener al menos una carencia social, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Esta cifra equivale a casi 68% de la población total.
Por carencia social se entiende algún derecho humano insatisfecho que es necesario para garantizar condiciones de vida aceptables: alimentación nutritiva, servicios de salud, educación, seguridad social, vivienda digna y servicios básicos.
El objetivo de un estado de bienestar es proteger de riesgos sociales, como vejez, desempleo o discapacidad. Yo lo entiendo como una red de servicios o beneficios gubernamentales capaz de cachar a una persona ante cualquier eventualidad. Esta definición coincide con lo que quiere el presidente: “darle seguridad al mexicano desde que nace hasta que muere”. No obstante, contrasta con los datos publicados por Coneval .
En 2020, 15.6 millones de personas perdieron el acceso a servicios de salud, lo que equivale a un crecimiento de 78% en esta carencia social en comparación con 2018, donde las mujeres fueron las más afectadas (con un cambio de 89%). La evidencia apunta a que esto se debió a que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) fue incapaz de absorber a todos los afiliados del Seguro Popular.
A pesar de un gasto público en salud 11% mayor que en 2018 (en términos reales) y un discurso alrededor del acceso universal a este tipo de servicios, esta carencia fue acompañada por un gasto de bolsillo 40% mayor que el de 2018, ese gasto que sale directamente de las familias para tratar alguna enfermedad. ¿Realmente nos protege este sistema de salud?
Por otro lado, la carencia social más prevalente es la falta de acceso a la seguridad social, la cual afecta a poco más de la mitad de la población. En gran medida esto se debe al mercado laboral dual que tenemos en México, donde poco más de 55% de los empleos están en la informalidad (Monitor de Mercado Laboral, IMCO ). Estos empleos no tienen certidumbre jurídica y ofrecen menores salarios.
Hay que reconocer que esta carencia se redujo 1.5 puntos porcentuales desde 2018. Sin embargo, no fue por un crecimiento en el empleo formal, sino por el programa de adultos mayores al que se le triplicó el presupuesto desde el inicio del sexenio y se modificó para otorgarse de manera universal.
Para los más jóvenes, el riesgo sigue siendo el mismo: falta de pensiones en caso de accidentes, cobertura de salud por parte del Insabi, mujeres sin acceso a licencias de maternidad ni guarderías (pues el programa de estancias infantiles se desmanteló, pero esa es otra historia). Y esta situación no cambiará sin acciones que apoyen a las pequeñas empresas y estimulen la creación de empleos de mejor calidad.
Para que México avance hacia un estado de bienestar, el Gobierno Federal necesita reflejar esta prioridad en el presupuesto y en el diseño de sus programas. Esto implica replantear una estrategia enfocada en transferencias monetarias, que solo compensan el ingreso, para invertir más y mejor en salud, educación o generación de empleos. Solo así los mexicanos tendremos mayor seguridad durante nuestras vidas, incluso después de la llamada cuarta transformación.
*Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad de la autora y no representan la postura institucional.
Publicado en Expansión.
16-08-2021
