La foto muestra a Miguel Ángel Miramontes, un estudiante de secundaria que busca la mirada de Rubén Moreira, pero el gobernador de Coahuila prefiere voltear hacia el piso. El niño-adolescente todavía no tiene edad suficiente para votar, pero ya ejerce su derecho de exigirle cuentas a la autoridad. De acuerdo con el escueto testimonio encontrado en internet, este ciudadano del futuro le preguntó al mandatario norteño por el destino de los 36 mil millones de pesos que su hermano y antecesor contrató como deuda pública. El episodio ocurrió pocos días antes del asesinato del sobrino del gobernador. El dolor indecible y la tragedia que vive la familia Moreira no la eximen de la responsabilidad de responder a la pregunta de este precoz héroe cívico.
Al fondo de la imagen, detrás del chico que exige una explicación y del gobernador que no puede darla, aparecen varias cámaras y algunas grabadoras. Sin embargo, el hecho tuvo poco eco en los medios de comunicación. Apenas hay un puñado de notas sobre el incidente. En estados de la República, donde el gobernador mantiene un ferro control político y económico sobre la prensa local, las preguntas incómodas no las hacen los periodistas sino un niño con agallas. La libertad de expresión no es sólo un bastión de nuestra democracia, sino también un foco de alerta sobre la situación financiera de los tesoros públicos.
Primero fue Coahuila, luego vino Michoacán y ahora es Chiapas. La deuda pública de varios estados se desbocó sin mayor explicación al Congreso o la opinión pública. El gobernador chiapaneco Juan Sabines asumió el poder con un modesto pasivo de 800 millones de pesos. Ahora deja su estado con compromisos de pago por 40 mil millones pesos. El viernes 5 de octubre, Carlos Jiménez, el secretario de Hacienda chiapaneco, no tenía respuesta a una pregunta de la periodista Denise Maerker: ¿A cuánto asciende la deuda estatal con proveedores?
Ese es el tipo de interrogantes filosas que deberían hacer los legisladores chiapanecos. Sin embargo, el congreso local fue dócil y anuente para aprobar un último crédito a Sabines por 3 mil 870 millones de pesos, sin haber hecho públicos todos los compromisos de pago que tenía pendiente su administración. En estados como Coahuila o Chiapas, la mayoría de los diputados locales forman parte del equipo de servidumbre legislativa a las órdenes del gobernador. En estas comarcas feudales, sin prensa libre, ni división de poderes, los contrapesos y la rendición de cuentas dependen de la valentía de un adolescente o las interrogantes de una periodista afincada en la capital del país. La libertad de expresión en México es, en general, un derecho centralizado en periódicos y medios que tienen un pie en el Distrito Federal. Hoy muchos periodistas locales están sujetos al fuego de presiones cruzadas, por un lado, el asedio político y financiero de los gobiernos estatales, por el otro, el terror y las amenazas del crimen organizado.
Veracruz es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. En Nuevo León, el periódico El Norte ha sido objeto de tres atentados impunes. Como sostiene el Wall Street Journal, en un reportaje sobre los ataques contra la publicación hermana del diario Reforma, si no se puede proteger a El Norte, México se encuentra en una situación mucho más grave de lo que aparenta. La organización internacional Freedom House ya nos agrupa bajo el conjunto de países “no libres”.
Ya sea para denunciar la violencia del crimen organizado, las violaciones a los derechos humanos o las bacanales financieras de algunos gobernadores, México necesita proteger el derecho a escribir y hablar sin miedo. La libertad de expresión es el termómetro para medir el estado de salud del resto de las libertades. Nuestra débil aproximación al Estado de derecho y la joven democracia mexicana viajan en el mismo barco.
