Ana Laura Martínez

Como atinadamente lo refleja la medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la pobreza es un fenómeno multidimensional, y como tal debe medirse. La pobreza resulta no sólo de un bajo ingreso, sino de la falta de acceso a los derechos sociales a los que todo ciudadano es acreedor. Esta condición presenta una estrecha relación con la falta de oportunidades que deberían facilitarle a las personas salir de tal situación.

El Coneval considera que una persona está en situación de pobreza cuando tiene un ingreso menor a la línea de bienestar (valor mensual total de la canasta alimentaria y no alimentaria), y al menos una carencia en el espacio de los derechos sociales: educación, salud, vivienda, seguridad social, servicios básicos y alimentación.

Si bien, es posible definir líneas de bienestar mínimo que nos permiten cuantificar el número de pobres, es importante comprender que dichas líneas son fronteras arbitrarias. En la vida real, un individuo se puede ubicar y transitar en un continuo entre la pobreza extrema y la no pobreza ni vulnerabilidad. Esta idea es central para comprender la dimensión del efecto dañino de la pobreza no sólo en la vida de las personas sino también en el crecimiento económico del país.

La incertidumbre que acompaña la vulnerabilidad de las familias afecta su productividad por varias razones: el vivir “al día”, como coloquialmente se dice, inhibe el ahorro y la inversión. En especial, la falta de inversión en educación reduce de forma considerable la posibilidad de un futuro aumento del ingreso en los hogares vulnerables y, con ello, del país en su conjunto. Cuando una familia vive con el riesgo de regresar a la pobreza por una enfermedad, un robo¹ o un desastre natural, podemos esperar decisiones subóptimas en cuanto a gasto, ahorro e inversión.

En el caso de México, la Gráfica 1 muestra que en promedio en el periodo del 2010 al 2016 sólo una quinta parte de la población podía considerarse como no pobre y no vulnerable, el 80% restante se encontraba entre ser pobre o vulnerable a serlo.

La distribución de la población en torno a su nivel económico se ha mantenido bastante estable desde el 2010. Entonces, vale la pena preguntarse: ¿Sirve de algo el presupuesto que cada año se le otorga a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para reducir la pobreza? Tan sólo para el año en curso, de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF2017), la Sedesol cuenta con 105 mil millones de pesos para operar sus distintos programas sociales. Entre ellos destacan Prospera, con un presupuesto de 46 mil millones, y el programa de Pensión para Adultos Mayores con 39 mil millones.

Si los programas sociales funcionan o no, depende en gran parte de la hipótesis en torno al porqué de la existencia de la pobreza. Es decir, si creemos que la pobreza se debe en gran parte a la falta de educación, dicha suposición nos debe llevar a hacer más eficiente nuestro gasto educativo. Si, por otro lado, la teoría descansa en las características de los grupos vulnerables, entonces deberíamos destinar presupuesto justamente a esos grupos.

En el 2010, 52.8 millones de mexicanos eran pobres, 53.4 millones lo eran en el 2016. Si bien, la pobreza extrema se ha reducido consistentemente (de 11.3 millones de personas en el 2010 a 7.6 en el 2016), en general, podemos hablar de un techo de cristal en torno a los 50 millones de mexicanos en pobreza que hemos sido incapaces de romper, con fuertes implicaciones para el bienestar de los más pobres y la competitividad del país. A partir de esta evidencia podemos argumentar que la hipótesis bajo la cual se ha buscado reducir la pobreza en México en las últimas décadas es parcialmente incorrecta, o cuando menos se ha agotado.

En México conceptualizamos a la pobreza como un fenómeno multidimensional. Por tanto, solucionarla implica atacar sus distintos frentes: los niveles de ingreso y el acceso a los derechos sociales. En contraste con el ingreso, cuando analizamos las carencias sociales (ver Tabla 1) en el periodo del 2010 al 2016, vemos una mejora en todos los indicadores: educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación. Destaca la carencia por acceso a servicios de salud, que se redujo del 29.2% al 15.5% de la población, según el estudio del Coneval.

Mientras que en promedio las carencias sociales presentaron una mejora de 5.5% al comparar el 2010 con el 2016, el porcentaje de población con ingreso menor a la línea de bienestar tuvo apenas una leve mejora, del 52% al 50.6% de la población total. La magnitud de tal avance fue pequeña (1.4%) y altamente volátil a través del tiempo (presentando un aumento para el 2014). Incluso, en términos absolutos, en el 2016 hubo 2.4 millones de mexicanos más con un ingreso por debajo de la línea de bienestar en comparación con el 2010, de acuerdo con cifras del Coneval.

La evidencia muestra que aunque la política social ha sido exitosa en reducir las carencias sociales, la mejora en el ingreso ha sido marginal y muy dependiente de la evolución de la inflación. La política social ha expuesto su inhabilidad para aumentar el ingreso de las familias más pobres de forma sostenida, principalmente por la falta de acceso a trabajos formales para personas en esta condición. De hecho, la carencia por acceso a la seguridad social, en la cual se encontraron 68.4 millones de mexicanos (55.8% de la población) en el 2016, es la más extendida en el país.²

Si la política social llegó a su límite para aumentar el ingreso monetario de las familias, necesitamos una nueva visión para el combate a la pobreza en México. Los datos de los últimos seis años revelan la necesidad imperiosa de repensar nuestra hipótesis en torno a las causas de la pobreza. Debemos mantener y diseñar programas que atiendan a los grupos y regiones geográficas más vulnerables —en especial la población indígena cuyos niveles de pobreza al día de hoy³ hablan no sólo de la incapacidad del Estado por incluir a todos su habitantes en el modelo de desarrollo, sino de una profunda injusticia social y económica—, así como generar nuevas estrategias para incluir a los más pobres en el mercado laboral formal.

Hay aquí una hipótesis alternativa: la falta de acceso a trabajos formales que aseguren una disminución en la carencia por acceso a la seguridad social y reduzcan la vulnerabilidad laboral es una de las principales causas de la pobreza en México. Por lo tanto, la política social pierde fuerza, y las políticas económica y laboral surgen como aparatos clave del Estado en el combate a la pobreza.

Esta nueva hipótesis implica varias propuestas:

1. Aumentar la coordinación entre distintos rubros del gobierno. El techo de cristal de la pobreza no lo puede romper la Sedesol por sí sola; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y los gobiernos estatales y municipales resultan eslabones clave en dicha tarea.
2. Realizar una reforma fiscal y una de seguridad social que reduzcan de una vez por todas el sesgo a la informalidad del que llevamos tantos años hablando.⁴
3. Poner a la informalidad en el centro de la agenda pública. Esto requiere reconocer que la informalidad es uno de los principales problemas públicos del México de hoy e identificar su naturaleza multidimensional.

Aunque en este sexenio hemos visto aumentos en los niveles de formalidad laboral, es posible que dicha mejora se deba en gran parte a avances tecnológicos en las bases de datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como a un mayor número de inspecciones laborales, efectos que pueden agotarse en los próximos meses.

Los datos de pobreza que hoy observamos nos dejan claramente la tarea de analizar mejor el porqué de la vulnerabilidad del ingreso laboral. Comprender las causas y consecuencias de la informalidad puede arrojar mucha luz sobre esta materia.

Si queremos vivir en un México sin pobreza, es imperativo trabajar en la solución de los retos y limitaciones del mercado laboral. Sólo con más trabajos formales y una mejor remuneración es que podremos de una vez por todas romper el techo de cristal de la pobreza y mejorar la vida de los mexicanos.

NOTAS

1. Problema especialmente grave dada la vulnerabilidad de los más pobres a los delitos y a las graves fallas en la impartición de justicia en nuestro país.

2. Coneval (2017).

3. De acuerdo a las cifras del Coneval (2017), el 77.6% de la población indígena (85.1% para las mujeres indígenas) era pobre en el 2016 contra 41% de la no-indígena.

4. Ver: Antón y Hernández, “Reforma de la hacienda pública y de la seguridad social en México. Evolución reciente y factibilidad financiera”, CEEY, 2017. (http://www.ceey.org.mx/reforma-hacienda-publica-seguridad-social-mexico-evolucion-reciente-factibilidad-financiera).

Publicado por Este País
01-10-2017