Una parte importante del crecimiento económico y su potencial para producir bienestar y oportunidades para la población pasa por la construcción de todo tipo de infraestructura. En México, desde hace al menos sesenta años, el desarrollo de un sistema eléctrico confiable, seguro y competitivo es un reto. En el sexenio que concluye el desafío creció y la próxima administración tendrá que hacerse cargo.
Los apagones que ocurrieron durante el primer semestre son un síntoma avanzado del estado precario en que se encuentra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Se ha reiterado, con razón, que las redes de transmisión y distribución son el foco más rojo y donde se encuentran los riesgos más complejos, en parte porque las inversiones necesarias para modernizarlas y expandirlas son muy grandes y toman tiempo.
En el segmento de la generación eléctrica la situación tampoco es fácil. De forma general, la capacidad de oferta está creciendo más despacio que la demanda. Tan solo entre 2022 y 2023, la demanda creció 3.5 % y la capacidad incorporada al Mercado Eléctrico Mayorista solo 0.6 %. Las cifras no son exactamente compatibles por la diferencia técnica entre potencia y energía, pero ilustran bien el rezago en la instalación de capacidad.
Ahora bien, si observamos las tendencias en aprobaciones y construcciones de centrales de generación, el problema es más nítido. Como se documenta en el estudio “México ante los déficits eléctricos”, que publicó el IMCO, entre 2013 y 2024 se autorizó la instalación de un poco más de 49 GW. Sin embargo, entre 2013 y 2018 se autorizaron 75 % de ellos, y solo la cuarta parte durante este sexenio. Cuando más lo requiere la economía mexicana, menos proyectos tienen luz verde.
Un problema adicional que subyace es que, al cierre de julio de 2024, habían entrado en operación solo 31 GW (63 % de los 49 autorizados). Pero de esos, 31.87 % se autorizaron entre 2013 y 2018. Construir proyectos toma tiempo, pero ¿cuánto tiempo más tomará que los proyectos pendientes sean puestos en línea?
Por otra parte, la autorización de esos proyectos también refleja y posiblemente profundiza las desigualdades regionales. En Sonora, Nuevo León y Tamaulipas se ubican o ubicarán casi 30 % de los proyectos, mientras que en Guerrero y Colima no se autorizó ningún proyecto, y en Michoacán, Nayarit y Chiapas se instalaría apenas 3 % de la capacidad autorizada en ambos sexenios.
No es indispensable que cada estado (ni cada región) genere toda su electricidad. Precisamente para eso existen las redes. Y así es como queda claro el laberinto en el que se encuentra el sistema eléctrico.
A todo lo anterior se le suma un sentido de urgencia económico y ambiental. Los mercados internacionales exigirán cada vez productos elaborados con menos contenido de carbono y los acuerdos que México ha suscrito exigen que se reduzca la generación de gases de efecto invernadero. Esto implica que la capacidad de generación que se instale deberá ser, tanta como se pueda, de fuentes renovables.
Hay oportunidades alternativas y, de hecho, la generación distribuida (generación básicamente pegada al consumo) ha crecido relativamente rápido, pero difícilmente será suficiente para resolver el entramado de dificultades que tiene el SEN. La administración que se estrena en octubre enfrentará varios problemas de seguridad energética. Ojalá quienes se encarguen de la política en el sector tengan completamente claro que la gasolina es el menor de ellos, mientras que el del sector eléctrico crece y se complejiza.
