Los mandatarios estatales se han ganado el apodo de los gobernadores ninis, que ni recaudan impuestos ni transparentan el gasto. El mote se lo cosecharon a pulso. En México, apenas el 3% de los ingresos totales del sector público se origina en estados y municipios. En Chile, los gobiernos locales generan el 7% de la recaudación total. El problema es que este país sudamericano no tiene un sistema federal, sino centralista. Su territorio no está dividido en estados soberanos sino en regiones. Los dirigentes políticos de estos territorios son designados directamente por el presidente de la República y forman parte del gobierno central. Esto quiere decir que, en materia de impuestos, el federalismo mexicano es más centralista que una de las naciones más centralistas de América Latina. En dos países con sincera vocación federalista, Argentina y Brasil, el esfuerzo de recaudación tributaria de los gobiernos estatales es hasta 5 y 10 veces superior que el de sus pares mexicanos.
¿Los gobernadores son los únicos responsables de esta situación? Nuestro centralismo fiscal tiene una profunda inspiración constitucional. Como muestra basta un precepto de la Carta Magna: Artículo 73. El Congreso tiene facultad… para establecer contribuciones… especiales sobre… tabaco, gasolina, cerillos y productos fermentados. Esta ordenanza constitucional impide que la Cámara de Diputados de algún estado o la Asamblea Legislativa del DF pueda cobrar impuestos sobre esta lucrativa base fiscal. Esta misma semana, la SHCP anunció una evolución muy positiva de los impuestos sobre tabaco y el alcohol. Si la Constitución no lo prohibiera, las entidades de la República podrían beneficiarse directamente de estos impuestos al pecado.
En Estados Unidos, cada estado impone un impuesto local al tabaco. El rango del tributo varía notablemente de una entidad a otra. En Missouri son 17 centavos por cajetilla y en Nueva York son 4.35 dólares. En gasolinas, California cobra 48 centavos por galón, pero en el estado vecino de Nevada el impuesto es de 33 centavos. En Canadá, las provincias y ciudades tienen la soberanía para cobrar distintos impuestos cada vez que se llena el tanque del coche: al tránsito, a la emisión de carbón y a la venta de combustible.
El origen de esta rama del centralismo fiscal mexicano no tiene una lógica económica sino política. En octubre de 1942, en pleno sexenio de Manuel Ávila Camacho, se modificó el artículo 73 de la Carta Magna para darle al Congreso federal la exclusividad de legislar sobre estos impuestos. La redacción constitucional sobre el tema es tan anticuada que todavía se menciona al aguamiel como una fuente específica de recaudación tributaria. Por más que busqué la cifra, no logré encontrar cuánto colecta Hacienda por consumo de pulque en nuestro país.
El mayor desafío político de México, en la primera mitad del siglo XX, fue centralizar el poder alrededor de la figura presidencial. En contraste, el reto más grande al final del siglo pasado fue precisamente el inverso: descentralizar las potestades del señorpresidente. El problema fue que se descentralizaron muchas facultades, pero se preservó la responsabilidad fundamental de cosechar tributos para alimentar al erario. Ávila Camacho no quería que los caudillos regionales tuvieran una fuente directa para financiar asonadas y revueltas. En los años anteriores había costado mucha sangre y fuego el proceso de “pacificación” de ambiciones de los caciques estatales. Dejarles a estos jefes militares una eficiente fuente de recaudación tributaria implicaba una amenaza a la estabilidad del frágil orden posrevolucionario.
Setenta años después, en un país muy distinto que también se llama México, los gobernadores no tienen facultades para cobrar impuestos al tabaco o la gasolina. En algo se parece aquella nación de caudillos al país donde vivimos el día de hoy: no se recaudan suficientes impuestos. Si algún día esto cambia, nuestros caciques modernos tendrán que cooperar en la impopular tarea de recaudar una porción de los recursos que genera la sociedad.
