Para que un país sea competitivo debe ofrecer bienes y servicios a su población de calidad, de tal forma que se forje, atraiga y retenga la inversión y el capital humano. Una de las vías para lograrlo son las contrataciones públicas. Hace 20 años se promulgó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Con esta ley se reglamenta la aplicación del artículo 134 de la Constitución Mexicana sobre las contrataciones del Gobierno. A lo largo de estos años, la legislación se ha reformado en 14 ocasiones, pero sigue sin responder a los retos cada vez más complejos sobre un gasto eficiente.
¿Qué entendemos por contratación pública? Al hablar de este término nos referimos a las compras realizadas por los gobiernos y empresas estatales sobre todos los bienes, servicios y obras. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la contratación pública en promedio para los países miembro representa el 13% de su PIB. En México, el porcentaje equivaldría a 2.36 billones de pesos para 2020.
Debido a la magnitud e impacto que estas contrataciones generan en nuestra sociedad y en la economía, se espera que todos los gobiernos las lleven a cabo de forma competitiva, con altos estándares de calidad, competencia, transparencia y sobre todo cumpliendo con la provisión de los servicios. La creación de una ley general permitirá establecer un mismo proceso para las contrataciones de todos los niveles de gobierno que favorezcan la libre competencia económica e incrementen la competitividad.
Con el propósito de contar con reglas claras que permitan llevar a cabo contrataciones públicas íntegras y más competitivas para proporcionar más y mejores bienes y servicios públicos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas unieron esfuerzos para elaborar una propuesta normativa. Se incorporan mecanismos que generan mayor competencia, reducen los riesgos de corrupción y maximizan la utilidad de los recursos.
¿Qué incluye la propuesta para que sean más competitivas las compras públicas?
- Se incorporan reglas de competencia económica, transparencia, publicidad y rendición de cuentas, igualdad, eficacia, eficiencia, imparcialidad, economía y gestión de riesgos.
- La investigación de mercado será el documento base para fundar y motivar las decisiones de los entes públicos.
- Los programas de adquisiciones deben registrarse en una Plataforma Nacional de Contrataciones Públicas y cualquier modificación o actualización debe ser documentada.
- Se incluye un proceso de prevalidación de posibles oferentes, licitantes y proveedores. Además, de presentar una Declaración de integridad.
- Se maneja como regla general la licitación pública internacional para las adquisiciones, arrendamientos y servicios.
- Se regulan los procedimientos de contratación de gran magnitud, contratos marco y compras consolidadas.
La propuesta técnica forma parte de los materiales que la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados pondrá a discusión y análisis en el marco del ejercicio de Parlamento Abierto que se desarrollará durante el mes de julio.
Un país competitivo es aquel que en materia de gasto público se apega a los estándares internacionales, elimina excepciones, establece procedimientos más sencillos y eficientes, y regula la planeación y la ejecución de manera integral. Se debe estudiar la conveniencia de contar con una ley general que elimine los 33 regímenes diferentes de contrataciones públicas, así como establecer un vínculo permanente con el sector privado para mejorar las condiciones del mercado, aumentar su tamaño y potenciar la inversión internacional.
Publicado por Animal Político
07-07-2020
