• México participa en convenciones internacionales para combatir la corrupción, pero no tiene un sola sanción por cohecho internacional, mantiene al Sistema Nacional Anticorrupción con recursos mínimos y persiste en la realización de adjudicaciones directas.

En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, es crucial revisar y analizar la estrategia de los gobiernos federal y locales  para asegurar que el discurso y compromiso del combate a la corrupción se convierta en persecución efectiva de este delito, para beneficio de todos los mexicanos.

En las últimas décadas, México ha suscrito diversos tratados internacionales para abatir la corrupción y el soborno en todas sus formas. Sin embargo, la firma de estos compromisos no ha sido acompañada por acciones concretas, incluso, algunos mecanismos de evaluación han advertido su incumplimiento en reiteradas ocasiones. Durante décadas, los gobiernos mexicanos han prometido medidas contra la corrupción sin cumplir ni entregar resultados satisfactorios.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reconoce que México es partícipe vigente y está comprometido a cumplir las acciones establecidas en las siguientes convenciones internacionales anticorrupción:

Cada convención cuenta con mecanismos de seguimiento (la tabla muestra los reportes más recientes y el año en el que se realizaron), los cuales señalan acciones en los que México requiere crear o modificar el marco regulatorio, o bien, fortalecer las instituciones existentes para que en su conjunto sea posible detectar y sancionar la corrupción de manera efectiva. 

Dentro de los rubros más relevantes de dichas convenciones son:

1. Cohecho Internacional

De 1999 a diciembre del 2017, México inició únicamente tres investigaciones en contra de empresas, pero ninguna de ellas derivó en sanciones de algún tipo. Caso contrario a distintos países signatarios de la convención de la OCDE que sí han empleado sus leyes de cohecho internacional. En Estados Unidos, las autoridades han sancionado a 125 empresas por este delito, Alemania ha generado 11 sanciones, los Países Bajos y el Reino Unido 7, entre otros países que han sancionado de una a seis empresas.

2. Compras públicas. El Mecanismo de Seguimiento para la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESISIC, por sus siglas en inglés) de la OEA, ha documentado tres preocupaciones principales acerca de la manera en la que México realiza sus compras públicas:

Priorizar la licitación pública. Esta debe ser la principal modalidad de contratación al momento de realizar una compra pública. Sin embargo, hasta noviembre de 2019, CompraNet reporta que la Administración actual adjudicó de manera directa el 77% de sus contratos. Porcentaje superior al de sexenios anteriores, ya que entre 2010 y 2018, el promedio de contratos adjudicados de manera directa fue de 72%.

• Fortalecer los mecanismos de impugnación. México tiene pendiente reforzar los mecanismos de impugnación de los fallos, lo que incluye la posibilidad de impugnar en casos de adjudicación directa. Es necesario que las empresas interesadas en venderle al Gobierno, y otros actores relevantes, puedan reclamar inconformidades en los procedimientos de compra, incluso cuando estas no hayan sido invitadas a participar en el proceso.
• Mejorar los mecanismos de control social. En todas las fases de contratación pública, desde la planeación hasta su ejecución, son necesarias herramientas de evaluación y vigilancia de cumplimiento con la normatividad 

3. Fortalecimiento Institucional. Un aspecto clave para la reducción de la corrupción es la existencia de instituciones sólidas que lleven a cabo sus actividades sin ningún tipo de barreras. Dentro de las acciones pendientes que México tiene, se encuentran:

• Incrementar el presupuesto. Uno de los puntos más importantes para la creación de instituciones sólidas es destinar los recursos económicos necesarios para garantizar su funcionamiento. No obstante, en los últimos años ha habido recortes de más del 20% en el presupuesto destinado al Sistema Nacional Anticorrupción, a pesar de que su creación es considerada una buena práctica por los organismos internacionales.
• Dotar de independencia y autonomía a los órganos e instituciones que se encargan de combatir la corrupción para que cumplan con sus responsabilidades de manera transparente e imparcial. El control de la corrupción no puede partir de una aplicación selectiva de la ley.  
• Consolidar los sistemas estatales anticorrupción, al garantizar que no sean capturados por las fuerzas políticas locales y proporcionar suficientes recursos económicos que permitan el cumplimiento de sus obligaciones. 
• Fortalecer las autoridades estatales y locales para tener la capacidad de detectar casos de soborno en el extranjero e irregularidades en los procesos de contratación pública. Lo anterior, por medio de líneas de cooperación y de denuncia con las autoridades federales e internacionales.

En conclusión, las evaluaciones de los compromisos internacionales coinciden: México no ha cumplido con sus compromisos durante décadas. Las políticas implementadas durante el primer año del actual Gobierno federal no están alineadas con las recomendaciones de organismos internacionales.

IMCO propone

• Alinear la estrategia anticorrupción actual con los compromisos internacionales adquiridos. 
• Revisar y reforzar la tipificación del cohecho internacional para mejorar los mecanismos de detección, investigación y sanción del delito.
• Mejorar los procesos de planeación y contratación de las compras públicas con especial énfasis en la disminución del uso de adjudicaciones directas.
• Destinar los recursos materiales, humanos y financieros suficientes para garantizar el buen funcionamiento de los sistemas anticorrupción nacional y locales, así como de las fiscalías anticorrupción.