La corrupción es un fenómeno que no respeta fronteras. Desde 1999, México ha adquirido compromisos internacionales enfocados en investigar y sancionar el cohecho internacional. Sin embargo, no ha impuesto una sola sanción por este delito. México es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) peor calificados en el combate al cohecho internacional.
El cohecho internacional ocurre cuando una persona o empresa soborna a un funcionario público de otro país para conseguir una ventaja ilícita al momento de realizar negocios en el extranjero. Este tipo de soborno puede ocurrir en:
- La obtención de contratos públicos mediante concursos internacionales.
- La entrega de permisos de operación de una empresa.
- La importación y exportación de productos que requieran pasar por aduanas.
El número de investigaciones iniciadas por México es considerablemente bajo al compararlo con otros países y socios comerciales. A pesar de que la persecución del cohecho internacional también es parte de los tratados comerciales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los esfuerzos realizados por nuestro país para investigar y aplicar sanciones no están a la par de sus socios comerciales.
Mientras que Estados Unidos inició 96 investigaciones y concluyó o sancionó 130 casos entre 2016 y 2019, México únicamente ha iniciado tres y no ha sancionado ningún caso. Si bien, nuestra nación inició una investigación adicional a Canadá en los últimos años, este último fue capaz de sancionar cuatro casos de cohecho, por lo que México tiene un peor grado de cumplimiento.
Investigar y sancionar el cohecho internacional es una medida para garantizar que las empresas que realicen negocios a través de estos tratados comerciales lo hagan de una manera íntegra que beneficie al comercio y a la economía de todos los países involucrados.
Al no perseguir de manera efectiva este delito, México está incumpliendo compromisos comerciales importantes y convenios internacionales, lo cual tiene un impacto negativo en la economía, el comercio, la competitividad y representa un obstáculo para la inversión extranjera.
IMCO Propone
Con el objetivo de fortalecer las capacidades de las autoridades responsables de la detección, investigación y sanción del cohecho internacional, proponemos:
- Reconocer la erradicación del cohecho internacional como una prioridad del Gobierno de México. Actualmente, no hay una sola mención del cohecho internacional en la Política Nacional Anticorrupción. La detección y sanción de esta conducta requiere de la coordinación y cooperación entre distintas dependencias que solo será posible si se prioriza la erradicación de esta conducta.
- Transparentar y mantener actualizada la información de investigaciones abiertas y sanciones aplicadas. Los datos relativos a las acciones para erradicar el cohecho internacional son insuficientes y están desactualizados. Es necesario crear plataformas accesibles que publiquen información oportuna que incluya por lo menos, datos respecto a las investigaciones iniciadas, investigaciones en curso, sanciones aplicadas, y motivos por los cuales se determinó no aplicar una sanción.
- Fomentar la autodenuncia de las empresas mediante el otorgamiento de beneficios que incentiven la cooperación con las autoridades. México debe implementar políticas similares a las de otros países donde se reduzcan de manera considerable las penas a las empresas que denuncien sus propios actos y que cooperen en el transcurso de las investigaciones. De esta forma será posible aumentar el número de casos detectados, corregir el daño realizado y prevenir futuros actos indebidos.
- Habilitar la denuncia por casos de cohecho internacional en el portal de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Desde hace poco más de un año, la SFP cuenta con un portal de alertadores contra la corrupción. Sin embargo, la plataforma no admite denuncias sobre actos de cohecho internacional. Tomando en cuenta que el principal canal de denuncia de este delito es la autodenuncia, es fundamental habilitar esta opción para las personas físicas y morales.
