La elección del 6 de junio dio como resultado 6 gobernadoras y 9 gobernadores electos. La nueva composición en los ejecutivos locales será clave en el manejo de la agenda pública en los siguientes años. Las gubernaturas se pueden convertir en meras oficinas de representación del gobierno federal o bien pueden hacer valer su autonomía y articular una nueva dinámica para el federalismo mexicano.
Antes de la elección había 12 estados gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 10 estados gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN), 6 por el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), 1 por el Partido Revolucionario Institucional (PRD), 1 por el Partido Movimiento Ciudadano (MC), 1 por el Partido Encuentro Social (PES) y 1 por un candidato independiente. En unos meses está composición cambiará a 16 estados gobernados por MORENA, 8 por el PAN, 4 por el PRI, 2 por MC, 1 por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y 1 por el PES.
El cambio de gobierno no es inmediato. Se requiere de un periodo para realizar los últimos procesos de documentación y registro administrativo, y que propiamente se haga un proceso de entrega-recepción. Por eso, los tiempos de transición son importantes y no son iguales en todos los casos. En septiembre entrarán en funciones Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Nayarit, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas (8 estados), en octubre Guerrero, Michoacán, Nuevo León y Querétaro (4 estados) y en noviembre Baja California, Colima y Sinaloa (3 estados).
La transición tiene dos caras. Es el periodo en el que “se pierden o desaparecen” documentos, mobiliario, vehículos oficiales, se hacen contrataciones exprés y a modo, se rematan bienes públicos y otorgan los últimos permisos antes del cambio de gobierno. Revive la tristemente frase célebre del “Año de Hidalgo…” en pocas plantas, en los meses de transición se esconde la mugre debajo del tapete.
La cara amable en las transiciones de gobierno consiste en que se aprovechen los meses respectivos para dejar las cuentas claras por parte de la administración que sale. Pero la transición es aún más relevante para los gobiernos entrantes. Es el momento de convertir las promesas de campaña en verdaderas políticas públicas y acciones de gobierno que se puedan implementar. La transición debe servir para lograr la planeación y dejar la improvisación.
Bien aprovechados estos meses pueden ser clave para retomar la agenda federalista. Volver a plantear la necesidad de actualizar el pacto fiscal y que la reforma anunciada no solo se enfoque en una política de mayor eficiencia o “terrorismo fiscal”, sino en una reforma de facultades impositivas de los estados, de fondos de compensación con reglas claras y de mejores mecanismos redistributivos.
Habrá que estar pendientes de qué sucede también con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Después de la separación de algunos de sus miembros, la Conago debilitó su capacidad de discutir e incidir en la agenda local y nacional. La discordia y división entre los gobiernos estatales no puede tener un buen resultado. Si nuestros gobernadores y gobernadoras no son capaces de generar acuerdos y consolidar una agenda que beneficie a lo local, el debilitamiento del federalismo mexicano es inminente.
*Las opiniones expresadas en esta columna son personales y no reflejan la postura institucional.
Publicado en El Sol de México
28-06-2021
