“Desde ahora la economía se maneja desde Los Pinos”. La idea del mandatario Luis Echeverría de ubicar a la residencia presidencial como centro de operaciones financiero se sostenía sobre una premisa desastrosa: la lógica económica estaba supeditada a las necesidades políticas. Las decisiones sobre deuda, tasas de interés y tipo de cambio no se tomaban con racionalidad económica, sino con propósitos electorales. Por alguna coincidencia extraña, la tradición sexenal dictaba que las grandes crisis financieras explotaban pocos meses después de los comicios presidenciales.
La filosofía de utilizar las finanzas públicas como un instrumento político no es un problema que se acabó con el siglo pasado. En el México de 2011, los discípulos de Luis Echeverría gobiernan varios estados de la República. En mayo del 2009, el entonces gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás se puso espléndido con el dinero ajeno. Pocas semanas antes de las elecciones para escoger a su sucesor, Nati le disparó a los regios dos meses de Metro y agua. El transporte subterráneo y el flujo del líquido vital correrían a cargo del dinero público. Hoy Nuevo León es la entidad con la deuda pública por habitante más grande del país. En promedio, cada hombre, mujer y niño debe cerca de 7 mil pesos. Eso sí, en época de elecciones, el erario se pone al servicio de las urnas.
El problema es que los pupilos de Echeverría han superado las enseñanzas del maestro. En octubre pasado, el sucesor de Nati, Rodrigo Medina, decidió ocultar, hasta el año 2017, información relativa a la deuda pública del estado de Nuevo León. Datos como las tasas interés a las que contrataron los créditos y los pagos programados para saldar sus pasivos quedaron clasificados hasta el próximo sexenio. Este esfuerzo por ocultar información elemental sobre el endeudamiento público superó los peores ejemplos de opacidad financiera del presidencialismo mexicano. Gracias a la presión de organizaciones civiles y empresariales, el gobierno de Nuevo León se echó en reversa y apenas hace una semana volvió a transparentar datos sobre una deuda que tendrán que pagar los neoleoneses y el resto de los mexicanos.
En el otoño de 2010, el IMCO realizó una misma solicitud de información a las 32 entidades de la República: “Solicito el total agregado de las obligaciones financieras contratadas por el gobierno equis con instituciones de crédito durante los años 2008 y 2009”. El resultado de esta investigación deja claro que las prácticas de opacidad financiera no son exclusivas de Nuevo León. En Michoacán, la información sobre la deuda está clasificada como restringida, mediante un acuerdo aprobado en mayo del 2010. En Coahuila, la oficina de gobierno que maneja todo lo relacionado con los temas de finanzas públicas, el SATEC, no es sujeto obligado por la ley de transparencia estatal.
Ante este cúmulo de tentaciones por la opacidad y las nostalgias por la nula rendición de cuentas, resulta preocupante que algunos diputados busquen sabotear los cambios para fortalecer la Ley Federal de Transparencia, que fueron aprobados en el Senado. El diputado panista Gregorio Hurtado Leija y el priista Arturo Zamora quieren que las decisiones del IFAI puedan ser sujetas de controversia en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. De acuerdo al texto aprobado por los senadores, en el artículo 59 de la ley se establece que: “Las resoluciones del (IFAI) serán definitivas e inatacables para las dependencias y entidades”. Si los diputados Hurtado y Zamora se salen con la suya, México habrá tirado por la borda una década de avances en materia de transparencia y derecho a la información. ¿Si este retroceso ocurre a nivel de la ley Federal, qué ocurrirá con las normas estatales? Para conocer la deuda pública de un estado no se requerirá una solicitud de información, sino la sentencia de un tribunal. Luis Echeverría estará orgulloso que ahora la opacidad se administra desde San Lázaro.
