Lo que pasa en Texas impacta en México. Esto es cierto desde el comercio, la política y la migración, hasta la energía, especialmente en términos de gas natural. Desde inicios de la década pasada el estado de las seis banderas ha experimentado un auge sin precedentes en la producción de gas natural de la cuenca pérmica producto de la fractura hidráulica –fracking-.
México aprovechó esa coyuntura para promover una expansión sin precedentes de la red de ductos que permitiera traer ese gas al país y utilizarlo principalmente para la generación eléctrica (aproximadamente 60 % depende de este combustible) y las actividades industriales.
Al igual que en febrero de 2021, una onda fría afecta a Estados Unidos y especialmente al estado de Texas, estado del que provienen prácticamente la totalidad de las importaciones de gas natural de México, con temperaturas de hasta -34 grados celsius.
A diferencia de hace tres años, el servicio eléctrico en México no ha sido interrumpido. Esto se debe a dos razones centrales. En primer lugar, la onda fría no alcanzó temperaturas tan bajas como las del invierno de 2021 en Texas (el registro más bajo es de -23 grados celsius). Segundo, Ercot –el operador de la red eléctrica en ese estado de Estados Unidos– tomó medidas para evitar que la confiabilidad del sistema volviera a estar expuesta a fenómenos climáticos.
Algunas de esas acciones incluyeron aumentar los días de almacenamiento del combustible, invertir en almacenamiento en baterías, diversificar su matriz de generación al incorporar más capacidad solar y eólicas, así como incrementar su demanda controlable (es decir, de usuarios que pueden reducir su consumo en tiempo real).
La pregunta no es si estos fenómenos se repetirán, sino cuándo. Entonces, México no puede depender de que en Estados Unidos se tomen las precauciones adecuadas. El problema no es en sí la dependencia de las importaciones de gas texano –probablemente el más competitivo del mundo– sino la falta de alternativas en casos fortuitos o de fuerza mayor.
La urgencia más evidente es apostar por desarrollar infraestructura de almacenamiento de gas natural en México. Hoy el país tiene capacidad para únicamente 2.4 días de inventarios en instalaciones que no están propiamente diseñadas para almacenar, sino para operaciones de compra-venta de gas natural. México debería aspirar a tener por lo menos cinco días de almacenamiento asegurados.
Aún más, nuestro país debe aprovechar su diversidad geográfica y climática para acelerar la expansión de la capacidad de generación eléctrica con baja huella de carbono, al mismo tiempo que refuerza y expande las redes para absorber esta carga. Una matriz de generación eléctrica diversificada es el mejor antídoto para reducir la exposición mexicana al riesgo de cortes en el suministro de gas texano.
De cara a la elección presidencial y la entrada de una nueva administración, es necesario atender la cuestión de la seguridad energética, es decir, garantizar el acceso a la energía independientemente de cambios abruptos en la oferta y la demanda. Esto es fundamental para capitalizar el cambio estructural en la economía global que representa la relocalización de las cadenas de valor, o nearshoring. A pesar de su geografía privilegiada en América del Norte y de su red de tratados comerciales, un sistema eléctrico vulnerable resulta atractivo para la inversión en el país.
En un contexto de finanzas públicas presionadas y altas tasas de interés, no es viable esperar que el sector público pueda llevar a cabo las inversiones necesarias para que esto suceda. En el fondo, la condición indispensable para fortalecer la infraestructura de energía es fomentar un clima propicio para la inversión, pública y privada.
Sería un error abordar esto únicamente en términos de seguridad energética y de desarrollo económico, es también un asunto ambiental. Aquí no existe una dicotomía: la seguridad y la transición energética son dos caras de la misma moneda.
Publicado en Animal Político.
18-01-2024
