Por: Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas, y Manuel Sobral, investigador de Gobierno y Finanzas.
La “Austeridad Republicana” pasó de ser una narrativa a convertirse en una realidad. Desde la emisión de la Ley Federal de Austeridad Republicana en el 2019, el sector público ha enfrentado una disminución del gasto sin precedentes en algunos rubros. La Austeridad Republicana es entendida como una conducta que todos los poderes y órganos autónomos deben acatar para “lograr combatir la desigualdad social, la corrupción y el despilfarro de bienes a través de una administración eficiente y transparente de los recursos públicos”.
Mientras que el gasto del Gobierno federal no ha parado de crecer (hay 16 % de variación real entre el presupuesto ejercido en 2019 y el presupuesto aprobado para 2023), los recursos destinados a sueldos, salarios, contratación de servicios e insumos básicos para el funcionamiento del aparato público presentan recortes superiores a 80 % en dependencias como Función Pública, Relaciones Exteriores y Oficina de Presidencia.
Al analizar los recortes en las cuentas públicas, informes financieros y presupuestos de egresos, los recortes son un número más dentro de los miles de cifras reportadas. En el último informe de gobierno se mencionó que los ahorros derivados de la política de austeridad ascendían a 300 mil millones de pesos. Sin embargo, al analizar a mayor detalle encontramos que esta disminución del gasto ha tenido repercusiones importantes en temas como la ciberseguridad, las remuneraciones de los funcionarios públicos, el mantenimiento de carreteras, los servicios públicos y los órganos constitucionales autónomos.
La pregunta relevante entonces es ¿para qué es toda esta austeridad? No hay respuesta evidente que justifique todos los recortes presupuestarios que se han hecho bajo esta bandera. La Ley en cuestión es clara al respecto de los diversos objetivos y medidas de austeridad: la prohibición de vehículos de lujo, prohibición de seguros de ahorro, prohibición de vehículos aéreos y gastos de oficina innecesarios son tan solo unos ejemplos de estas medidas. Sin embargo, no existen reglas claras sobre la manera en que se deben utilizar los recursos que se logren ahorrar por medio del ejercicio de un gasto austero.
Lo anterior tiene dos repercusiones claras: la posibilidad de una utilización de los recursos de manera discrecional y el encubrimiento de recortes presupuestales bajo la bandera de la austeridad. El primer problema es consecuencia de una regulación deficiente, más que un ejercicio eficiente y transparente del gasto. A pesar de que dentro de los motivos originales de la Ley de Austeridad están la eficiencia y la transparencia, la realidad es que no sabemos con claridad a dónde terminaron todos los recursos que se han ahorrado por medio de las medidas de austeridad.
El segundo problema está relacionado con la operación y funcionamiento de las instituciones públicas. Dependencias, órganos desconcentrados, descentralizados y organismos autónomos han sufrido recortes con motivo de la implementación de esta política de austeridad. Los casos del CONEVAL (dejó de evaluar algunos programas) y el INEGI (canceló censos y encuestas) son tan solo ejemplos de lo que un gasto austero ha implicado para el país. En un contexto de austeridad, parece incongruente que las instituciones que nos proporcionan mejor información para la toma de decisiones sean de las más vulneradas.
La narrativa se convirtió en realidad. Sin embargo, la realidad es que el “ahorro” termina por tener un alto costo. La pregunta persiste: ¿para quién es la austeridad?
Publicado en Animal Político.
05-01-2023
