El Plan México marca un cambio relevante en la estrategia de desarrollo económico del país. Representa una apuesta renovada por la política industrial, es decir, por la intervención activa del Estado para impulsar sectores estratégicos y promover la inversión. A diferencia de modelos recientes que apostaban por un Estado más limitado en lo económico, esta estrategia busca elevar los niveles de inversión a partir de la participación del Estado en distintos ámbitos.
La política industrial se refiere a las acciones de los gobiernos para influir en la estructura productiva de un país. Estas medidas pueden estar orientadas tanto a empresas privadas como estatales, con el objetivo de elevar la productividad, generar empleo y fomentar el crecimiento económico.
Si bien hay un florecimiento de este tipo de estrategias en el mundo, distan de ser algo nuevo. Después de la Segunda Guerra Mundial, la política industrial fue clave para la reconstrucción económica de Europa a través del Programa de Reconstrucción Europea, conocido como Plan Marshall, y para el desarrollo de Japón, que impulsó sectores como la electrónica y la automotriz mediante una fuerte dirección estatal (gyōsei shidō). En América Latina, países como México adoptaron el modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), con el propósito de reducir la dependencia del extranjero y fomentar la producción nacional.
Durante gran parte del siglo XX, el Estado mexicano creó y consolidó empresas como Petróleos Mexicanos (Pemex), establecida después de la expropiación petrolera en 1938, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fundada en 1937. También surgieron otras paraestatales en sectores clave como la siderurgia (Altos Hornos de México), los ferrocarriles y la banca de desarrollo (Nafin, Bancomext).
Entre 1993 y 2018, las políticas industriales fueron reemplazadas por una visión centrada en la apertura comercial y la integración global acompañada de estrategias de fomento como el programa IMMEX o los Prosecs. La idea predominante era que el Estado debía retirarse de la economía y limitarse a garantizar condiciones para que los mercados funcionaran sin distorsiones. Aunque se promovieron tratados comerciales y se buscó atraer inversión extranjera, el Estado perdió protagonismo como motor directo del desarrollo.
En 2018 esa visión se alejó del gobierno, pero sin establecer una estrategia unificada y concreta como lo es el Plan México. Anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Plan establece 13 metas y 18 programas dirigidos a reindustrializar el país. Uno de sus componentes clave son los Polos de Desarrollo Económico del Bienestar (PODEBIS), regiones diseñadas para concentrar actividades industriales estratégicas y detonar el crecimiento regional. Los PODEBIS se asemejan a las Zonas Económicas Especiales del gobierno de Enrique Peña Nieto -en un intento de replicar el caso de China-, aunque tienen un enfoque y requisitos distintos.
Lo innovador del Plan México es su enfoque híbrido: promueve la participación del Estado y fomenta la inversión pública, pero sin romper con la lógica de integración comercial con América del Norte ni rechazar ideas como la de otorgar beneficios a empresas que se instalen en áreas especiales. El regreso de la política industrial no es en sí la solución, pero sí una señal alentadora: hay una visión sobre la mesa. El verdadero desafío será convertirla en resultados concretos y sostenibles.
