Había una vez un país próspero y prometedor. Sus finanzas públicas eran sanas. Su endeudamiento era manejable. La deuda total de los gobiernos subnacionales rondaba por el 5% del PIB. Ese país era España en el año 2007. En un lustro cambió todo. Este país, cercano en la historia y el afecto de los mexicanos, enfrenta hoy una crisis económica que ha desgarrado el tejido social y cimbrado el orden político. Para fines de 2012, la deuda pública superará el 90% del PIB. En 2013, los créditos por cobrar de las comunidades autónomas se habrán multiplicado por tres con respecto a 2007.
En materia de deuda pública, hoy México se parece a la España venturosa y estable de antaño. Nuestro país tiene pasivos cercanos al 33% del PIB. Hay estados y municipios que se han endeudado hasta la camiseta, pero en general la perspectiva de las entidades mexicanas no presenta focos rojos. Incluso hay varios estados que tienen cómodos márgenes para contratar nuevos créditos, siempre y cuando se respete a la letra el criterio contenido por el artículo 73 de la Constitución: “Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos…”.
La deuda pública es como un martillo: puede servir como una herramienta útil o como un arma letal. Si se contrata con prudencia y se invierte correctamente, un préstamo bancario puede ser la semilla y el abono para construir infraestructura fundamental para la competitividad de una región o un país. Uno de los principales problemas de las deudas estatales en México es la falta de transparencia en la contratación y el uso del dinero prestado. Hoy no tenemos un problema financiero de adeudos estatales, pero la débil rendición de cuentas sí prende varios focos amarillos.
En este contexto resulta muy importante la aprobación de las reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Si se ejecuta bien la iniciativa aprobada por el Congreso, los estados estarán obligados a presentar información no sólo sobre deudas con bancos, sino también con proveedores. La corrupción o el desparpajo financiero de algunos gobiernos estatales, los lleva a la práctica de dejar colgadas de la brocha a empresas que les vendieron algún bien o servicio. Desde modestas Pymes hasta algunas de las compañías multinacionales más grandes del mundo tienen que esperar más de un año para poder cobrar las cuentas por pagar. Este jineteo del dinero ajeno desincentiva la inversión de firmas extranjeras y pone en jaque a empresarios regionales.
Gracias a la nueva legislación, además se tendrán criterios detallados para el gasto en servicios personales, incluyendo un catálogo de plazas y el desglose de todas las remuneraciones que reciben las burocracias estatales y municipales. También se detallarán los montos asignados para garantizar las obligaciones financieras con trabajadores jubilados del presente y el futuro. Si la ley se cumple cabalmente, se podrá identificar las asignaciones para comunicación social.
Por cerca de 15 años, México vivió bajo un régimen político donde los gobiernos estatales tenían enormes márgenes de discrecionalidad para usar el dinero público. Mientras eso ocurría en las entidades, el gobierno federal se enfrentaba a contrapesos más funcionales y mejores procesos de fiscalización. Ese sistema político, marcado por rasgos feudales y federales, puede estar próximo a su fin, o por lo menos enfrentar una drástica evolución. La Ley de Contabilidad que se aprobó esta semana se debió haber aprobado en los últimos años del siglo XX. Primero descentralizamos los recursos a los estados y municipios y luego nos preocupamos de que rindieran cuentas. Las cosas debieron haber ocurrido al revés. Ese crimen contra el sentido común, ese retraso de tres lustros, implicó un desperdicio masivo de dinero que hubiera servido para mejores causas. No fue así. Sin embargo, queda el consuelo de que hoy estamos mejor pertrechados para evitar la pesadilla financiera que vive España.
