Algo debe saber Felipe Calderón sobre los problemas que enfrenta nuestro país. El inminente ex mandatario mexicano sostuvo en una entrevista publicada esta semana en la revista The Economist: “Si tienes un problema serio en tu estado, el gobierno federal va a venir al rescate… Una de mis conclusiones como Presidente es que nuestro sistema federal no tiene los incentivos alineados correctamente”. Uno de los mayores retos que encontrará el presidente Peña Nieto será darle gobernabilidad y eficacia a nuestro régimen federal. Los desafíos más apremiantes de México están vinculados a nuestra disfuncionalidad federalista: la crisis de seguridad pública, la calidad de la educación y la urgencia de acelerar el crecimiento económico son problemas que no se pueden resolver sin la activa concurrencia de la autoridad federal, los estados y los ayuntamientos.

Un amplio sector de la población recibió con alegría la aprobación del nuevo impuesto. Corría el año de 1913 y Estados Unidos acababa de aprobar un tributo sobre la renta de personas y empresas. La Enmienda XVI a la Constitución de EU permitió al gobierno federal quedarse con los dineros de este gravamen, sin tener que transferir una porción a las entidades de la Unión Americana. Una coalición de causas nobles y buenas conciencias recibió el impuesto como una auspiciosa señal divina.Organizaciones feministas, movimientos a favor de la población negra y devotos feligreses vieron el impuesto como la piedra de toque para salvar a la sociedad norteamericana de la perdición. Antes de este nuevo orden tributario, el erario del gobierno federal era totalmente dependiente de los impuestos a las bebidas fermentadas y destiladas. Washington padecía de alcoholismo tributario. De acuerdo con Daniel Okrent, autor del libro Last Call sobre la historia de la prohibición, los ingresos tributarios derivados del alcohol llegaron a cubrir el 40% del gasto del gobierno central. La lucha por la prohibición del alcohol pasaba forzosamente por la sustentabilidad tributaria del fisco federal.

Había una vez un país próspero y prometedor. Sus finanzas públicas eran sanas. Su endeudamiento era manejable. La deuda total de los gobiernos subnacionales rondaba por el 5% del PIB. Ese país era España en el año 2007. En un lustro cambió todo. Este país, cercano en la historia y el afecto de los mexicanos, enfrenta hoy una crisis económica que ha desgarrado el tejido social y cimbrado el orden político. Para fines de 2012, la deuda pública superará el 90% del PIB. En 2013, los créditos por cobrar de las comunidades autónomas se habrán multiplicado por tres con respecto a 2007.En materia de deuda pública, hoy México se parece a la España venturosa y estable de antaño. Nuestro país tiene pasivos cercanos al 33% del PIB. Hay estados y municipios que se han endeudado hasta la camiseta, pero en general la perspectiva de las entidades mexicanas no presenta focos rojos. Incluso hay varios estados que tienen cómodos márgenes para contratar nuevos créditos, siempre y cuando se respete a la letra el criterio contenido por el artículo 73 de la Constitución: “Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos…”.

El próximo 1o. de diciembre, Enrique Peña Nieto se convertirá en el jefe de un Estado débil. Los síntomas de anemia en las autoridades mexicanas se expresan de muchas formas en los distintos niveles de gobierno. En Michoacán, ante las protestas de estudiantes normalistas, el gobierno estatal frenó un cambio en el plan de estudios que estaba inspirado por la brújula del sentido común. A nivel federal, no queda muy claro quién lleva el timón de la educación en nuestro país, ¿la SEP o el SNTE? Ante la inerme autonomía de la autoridad para tomar decisiones, una amplia constelación de grupos particulares impone su voluntad sobre el interés colectivo. El tema de las gasolineras es uno de los ejemplos más elocuentes para demostrar la fragilidad del Estado mexicano. Por años, los dispensarios de combustible han operado en México como repúblicas independientes y soberanas. La Norma Oficial Mexicana (NOM) sobre gasolineras, que rigió desde 2005 hasta la semana pasada, parece que fue redactada por los mismos señores que te venden Magna o Premium. La captura regulatoria ocurre cuando los payasos y los leones se encargan de dictar las normas con las que funciona el circo.

Gustavo Díaz Ordaz era presidente de la República en abril de 1970, cuando se aprobó la versión aún vigente de la Ley Federal del Trabajo. En sus mil 10 artículos (sí, leíste bien, mil 10) esta norma busca regular las relaciones entre empresas y trabajadores. Sin embargo, dicha legislación contiene ciertos preceptos que constituyen una franca licencia para extorsionar. En México tenemos leyes muy buenas que no se aplican con rigor y legislaciones estúpidas que se respetan cabalmente. La fracción más criminal de la Ley Laboral es la que permite que un sindicato fantasma, sin representatividad de los trabajadores, tenga la titularidad del contrato colectivo de trabajo.En el México de Díaz Ordaz y en el México de Felipe Calderón es posible registrar un sindicato o declarar una huelga sin el conocimiento o anuencia de los empleados de la empresa. En un excelente artículo en Nexos (09/2000), Raúl Trejo Delarbre narra su experiencia personal con el universo de la extorsión legalizada.

Esa cifra fue la diferencia entre el primer y el segundo lugar en las pasadas elecciones presidenciales en México. El 1o. de julio, Enrique Peña Nieto se convirtió en el candidato más votado en la historia de la democracia mexicana. Es la victoria más holgada de un aspirante presidencial desde 1994. El alud de sufragios debería representar un acervo de capital político que le permitiera al Presidente electo tomar distancia de aliados incómodos e impresentables. El inminente mandatario ha insistido que su gobierno no representará una vuelta al pasado. Sin embargo, en el tema de la reforma laboral, la agenda del PRI ha sido determinada por los liderazgos sindicales heredados del viejo régimen. Al parecer los 3.3 millones de votos que le permitieron ganar la Presidencia no fueron suficientes para obtener el poder.

Las áreas de la economía mexicana más expuestas a la competencia son también las más desarrolladas y en donde los consumidores hemos visto mayores beneficios en precio, variedad y calidad. Antes, en México se vendían sólo modelos de autos de muy pocas marcas; hoy encontramos prácticamente cualquiera y a precios muy similares a los de otros países, donde también hay competencia. Con la mayor competencia entre aerolíneas es cada vez más fácil y barato llegar a destinos dentro y fuera de México. Con la creciente apertura a los productos extranjeros podemos elegir entre mayor variedad de prendas, electrodomésticos, computadoras y casi todo lo que se nos pueda ocurrir. Las diferencias en precio se van achicando y la calidad crece. También se observan avances en los servicios financieros de todo tipo. Los bancos tienen que competir por la preferencia de sus clientes. Hasta en las telcos, donde hay gran controversia sobre el grado de competencia, se han expandido las opciones de proveedores de telefonía, televisión e Internet. Cada vez ofrecen más por nuestro dinero.