Las ciudades mexicanas son las grandes ausentes de la política nacional actual. A pesar de que casi 78% de los mexicanos somos urbanos y cerca de 75% del PIB se genera en nuestras urbes (por arriba del promedio mundial, donde 51% de la población es urbana y donde 60% del PIB mundial se genera en éstas), los candidatos prácticamente no tienen propuestas para transformar nuestras ciudades en urbes sustentables y atractivas para la inversión y el talento.Salvo por algunas buenas ideas de un candidato, prácticamente no existen ideas de política urbana dentro de las campañas. Aunque desconozco la razón, imagino que probablemente los otros candidatos creen que los presidentes municipales tienen la responsabilidad de atender y resolver los problemas de nuestras urbes.

El pintor Eugenio Delacroix utilizó a una mujer con los pechos descubiertos para retratar la libertad, en una de las imágenes clásicas de la Revolución Francesa. Con ese antecedente iconográfico, el IFE escogió a una exconejita de Playboy como representación femenina de la democracia mexicana. La dama del vestido blanco ha sido motivo de controversias y parodias, pero también es síntoma de uno de los desafíos más importantes que tiene nuestro país: el manejo de los recursos públicos. Cuando se administra el dinero ajeno, siempre existe el riesgo de relajar los controles de costo. Si los fondos no salen del bolsillo propio, es más fuerte la tentación de tirar la casa por la ventana. El gobierno, los poderes del Estado y los organismos autónomos son instituciones que precisamente sobreviven gracias a la subvención colectiva. El debate presidencial fue un programa de televisión en estudio, de dos horas de duración, con un costo de producción superior a los 4 millones de pesos. La única manera de explicar el tamaño de la factura es una displicencia estructural en la contratación de los distintos servicios que conforman la producción. El maquillaje costó 50 mil pesos y una modelo de Playboy cumplió con la responsabilidad de pasar cuatro papelitos a los candidatos. El costo del debate puede ser trivial si se consideran las cifras monumentales que manejan los presupuestos oficiales. El problema es que esta forma de usar el dinero público es un uso y costumbre del servicio público en los tres niveles de gobierno.

Afines de abril, el Congreso aprobó la Ley Federal Anticorrupción. Esta nueva norma reconoce que para realizar un soborno se requiere al menos de dos participantes: un funcionario y un particular. La nueva ley asume que la corrupción no es un problema exclusivo de la autoridad, sino una patología compartida por los ciudadanos.Discrecionalidad + opacidad = Corrupción. Esta definición aritmética establece que, además de dos participantes, un acto de cochupo también requiere de un contexto de turbia arbitrariedad. El funcionario público tiene margen de maniobra para administrar los tiempos y costos que tiene un particular en una transacción con el gobierno. El ciudadano hace un análisis sobre las ventajas y riesgos que conlleva el acto indebido. Esta mezcla de factores se deja a cocinar en un ámbito con bajo nivel de visibilidad y se completa la fórmula con que inició este párrafo.

Pablo: el trabajo infantil es un fenómeno económico complejo que ha sido satanizado. A muchos nos parte el corazón pensar en pequeñines que en lugar de estudiar o de jugar tienen que ponerse a trabajar. Sin embargo, el que no nos parezca apropiado que los niños trabajen no significa que lo mejor sea prohibir el trabajo infantil. El trabajo infantil no necesariamente es terrible. Los niños que trabajan lo hacen para ayudar a sus padres. En muchos casos eso niños carecen de oportunidades reales para estudiar. No tienen una escuela cerca o no tienen quién los cuide después de la escuela. Y sólo una minoría está en condiciones de explotación. Los padres que ponen a sus hijos a ayudarles no son unos descorazonados. Lo hacen por necesidad. Lo más probable es que la gran mayoría de ellos también quisiera que no tuvieran que trabajar, que estuvieran en la escuela y que tuvieran una niñez sin carencias. Pero esa no es la realidad. En el pasado, el trabajo infantil era lo más común. De la generación de nuestros abuelos (o bisabuelos, en el caso de nuestros lectores jóvenes) más de la mitad no tenía estudios. Apenas una tercera parte tenía algunos años de primaria. ¿Dónde estaban esos niños si no estaban en la escuela? Ayudando a sus papás. Por un lado de mi familia mis abuelos no llegaron a secundaria. ¿Qué se pusieron a hacer? Ayudar a su familia en lo que pudieron. Desde labores domésticas (cuando las familias eran grandes eso era fundamental) hasta en el trabajo (como chalanes de los padres, tíos y otros parientes). Pocas personas de esas generaciones dirían que fueron explotados. Lo más seguro es que digan (como mis abuelos) que “era lo que tenían que hacer para sobrevivir. No había de otra”. Armando: yo no podría estar más de acuerdo con el propósito de erradicar la explotación infantil, pero que un niño dedique parte de su tiempo a trabajar no quiere decir que está siendo explotado. Quizá el problema no es del tamaño que piensa la CNDH. Las declaraciones y las estadísticas que presenta sugieren cosas que no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Si es verdad que esos 3 millones de menores trabajan para cubrir sus necesidades básicas, no puede ser cierto al mismo tiempo que la mitad de ellos trabaje y no les paguen. Si no les pagan, entonces no puede ser cierto que trabajen para cubrir sus necesidades. Una opción sería que los estuvieran forzando a trabajar. Pero esa es una razón distinta. A mí se me hace que están confundiendo la magnesia con la gimnasia.

Tic, tac, tic, tac. Este es el sonido de un paquete de bienvenida que recibirá el o la próxim@ president@ de México. Es la bomba del sistema de pensiones, o mejor dicho, el arsenal de artefactos explosivos que conforman los más de 100 planes de pensiones financiados con dinero público. Esta vasta constelación de programas de jubilación se compone de los sistemas de retiro de trabajadores de las dependencias federales, Pemex, CFE, los gobiernos estatales, las universidades públicas y otros organismos del Estado mexicano.De acuerdo con una investigación de Pedro Vázquez Colmenares, el tamaño de los pasivos por las pensiones públicas de México rebasa el tamaño del PIB. Si además se suman otros compromisos de pago como la deuda pública, los futuros agobios fiscales de México adquieren proporciones mediterráneas. La jubilación de un policía estatal, un médico del IMSS o una recepcionista en la Secretaría de la Reforma Agraria no representan, hoy, una carga directa sobre el presupuesto. Sin embargo, el día de mañana, cuando les llegue la edad del retiro habrá que cumplir con los derechos adquiridos en su vida laboral.

En el marco del Día del Niño, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha insistido en su campaña para erradicar el trabajo infantil. Habría que estar mal de la cabeza para no reconocer la importancia de que se preserven los derechos de los niños en el país, pero hay que ser cuidadosos al distinguir entre explotación infantil y trabajo infantil. Son dos cosas muy distintas. No distinguirlas adecuadamente puede llevarnos a intentar reparar cosas que no están descompuestas.La Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no habla de erradicar el trabajo infantil sino de proteger a los niños de la explotación económica y de hacer trabajos que interfieran con su educación o que pongan en peligro su desarrollo.Al hacer la distinción, la referida Convención reconoce implícitamente que hay trabajos que sí son adecuados y que no constituyen explotación infantil.

El jurista José Roldán Xopa define los cambios a la Constitución mexicana como una especie de pulserita mágica. Esos brazaletes, además de vestir la muñeca, te prometen la cura del cáncer, el remedio a la fatiga crónica y el mal de ojo. Los cambios en el marco legal son, en muchas ocasiones, un placebo anestésico para disimular los dolores que aquejan a nuestra República. Yo mismo he probado en carne propia el adormecimiento y euforia que puede provocar una reforma constitucional.En 2008, el Congreso aprobó una importante innovación en el texto de la Carta Maga. Los legisladores federales se otorgaron la facultad de expedir leyes para armonizar la contabilidad financiera de los tres niveles de gobierno. El cambio constitucional me hizo suponer que, de forma súbita, iniciaba una nueva etapa en la rendición de cuentas en estados y municipios. Cuatro años después, en entidades como Coahuila y Michoacán, todavía es posible esconder las deudas del gobierno. Sobre la armonización contable de los municipios, hay muy poca información para saber si se ha cumplido en los hechos el espíritu de la ley.