¿Por qué no tratar al adicto/pequeño traficante como a un enfermo en lugar de meterlo a una cárcel de donde saldrá con un doctorado en formas de asesinar, técnicas de delinquir y traficar? Para este tipo de delincuentes México podría aplicar el programa de Cortes de Drogas que ha dado resultados positivos y eficientes en Estados Unidos.Las Cortes de Drogas son órganos judiciales encargados de atender los casos de infractores no violentos con problemas de abuso de drogas. Trabajan con un modelo especializado en el cual órganos de justicia, cumplimiento de la ley, salud mental, servicio social y tratamiento, trabajan juntos para ayudar a infractores no violentos a recuperarse y superar los problemas de adicción que puedan tener. Básicamente, le ofrecen al infractor tratamiento y reincorporación en la sociedad, y evitan su paso por la cárcel.

Los incentivos a la informalidad no se agotan en temas de impuestos y subsidios. El pasado mes de abril, la Asamblea Legislativa del DF aprobó la llamada Norma 29, que restringe el desarrollo de nuevas áreas para supermercados, tiendas de conveniencia y minisúpers. Este reglamento es un fardo monumental al crecimiento del comercio formal que sí contribuye al erario público. Los ganadores de esta medida son los tianguistas y comerciantes informales que le devolverán el favor al PRD con apoyos financieros y electorales. Ante la rentabilidad política y económica de frenar el desarrollo del comercio formal, nadie debería de sorprenderse que otros estados y municipios se muestren ávidos de copiar la Norma 29.

Por primera vez en muchos meses, la semana pasada leí en la prensa internacional una serie de reportajes positivos sobre lo que ocurre en México. El New York Times, el Wall Street Journal y la revista británica The Economist contaron que el Congreso aprobó la nueva ley de competencia, la autoridad antimonopolios aplicó una multa histórica a Telcel y la Suprema Corte emitió una sentencia que agiliza los juicios sobre interconexión telefónica. Al menos por una semana aprendimos la lección de Brasil: con cambios sustantivos en la economía, podemos balancear la cobertura noticiosa sobre nuestro país. En unos días, México avanzó más en la agenda de competencia económica que en toda la década anterior. Como dicen los colegas de la prensa: eso es nota.

Tengo el privilegio de haber participado como consejero independiente de empresas cotizadas en Bolsa.  Corresponde a los independientes cumplir y hacer normas relacionadas con el uso y difusión de la información contable de la empresa, así como asegurar que la empresa se conduzca con apego a las leyes del país.  Los consejeros independientes son como el pequeño grillo que acompañaba a Pinocho en sus aventuras: les corresponde actuar como la conciencia de las empresas.Una empresa internacional que conozco ha instituido procesos que exceden las normas establecidas para las empresas cotizadas en bolsa.  Exige a sus funcionarios a que anualmente firmen cartas en las cuales reconocen y hacen suyas las normas de la empresa respecto de tres cuestiones: uso de información privilegiada, prácticas corruptas y participación en prácticas anti-competitivas.

Ante la violencia y la zozobra, hay grupos sociales que han planteado la necesidad de hacer un pacto con los criminales para pacificar al país. Este acto sería reconocer que las gavillas de asesinos y secuestradores son interlocutores válidos de nuestros representantes electos. La única fuente de legitimidad que tiene el crimen organizado para sentarse a una mesa de negociación es su profundo desprecio por la vida humana. Si aspiramos a tener una mínima convivencia civilizada, esa opción de diálogo debería estar totalmente cancelada.

Sin embargo, muchas industrias siguen siendo zonas de libre competencia. Juan Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad, think-tank, señala que la nueva ley no hará nada para desafiar el poder de los monopolios estatales de petróleo y electricidad.Incluso en el sector privado, algunas empresas no se preocupan demasiado por la amenaza de multas más altas. La comisión estima que las tasas excesivas de conexión han costado a los clientes de telefonía móvil $ 6 billones al año, la mayoría de los cuales ha ido a los bolsillos de las compañías telefónicas. De repente, mil millones dólares de Telcel bien no parece tan difícil de tragar.

Vivir en la utopía de los combustibles baratos tiene un costo altísimo para el desarrollo del país. Durante 2011, nuestro país gastará cerca de 100 mil millones de pesos en abaratar artificialmente el precio de la gasolina. Esto equivale al presupuesto anual de la Secretaría Salud o tres veces los recursos asignados a la Policía Federal. México tiene un perverso desorden de prioridades.¿Cómo liberalizar los precios de la gasolina sin provocar inestabilidad política o una catástrofe electoral para el partido en el poder? El hecho de que los mexicanos paguemos los costos reales por la gasolina no implica sólo un cambio en la política económica, sino una nueva relación entre el gobierno y los contribuyentes. Dejar de subsidiar la energía y aumentar el gasto en salud o seguridad pública significa fundar un nuevo pacto social.