Afines de abril, el Congreso aprobó la Ley Federal Anticorrupción. Esta nueva norma reconoce que para realizar un soborno se requiere al menos de dos participantes: un funcionario y un particular. La nueva ley asume que la corrupción no es un problema exclusivo de la autoridad, sino una patología compartida por los ciudadanos.Discrecionalidad + opacidad = Corrupción. Esta definición aritmética establece que, además de dos participantes, un acto de cochupo también requiere de un contexto de turbia arbitrariedad. El funcionario público tiene margen de maniobra para administrar los tiempos y costos que tiene un particular en una transacción con el gobierno. El ciudadano hace un análisis sobre las ventajas y riesgos que conlleva el acto indebido. Esta mezcla de factores se deja a cocinar en un ámbito con bajo nivel de visibilidad y se completa la fórmula con que inició este párrafo.

Pablo: el trabajo infantil es un fenómeno económico complejo que ha sido satanizado. A muchos nos parte el corazón pensar en pequeñines que en lugar de estudiar o de jugar tienen que ponerse a trabajar. Sin embargo, el que no nos parezca apropiado que los niños trabajen no significa que lo mejor sea prohibir el trabajo infantil. El trabajo infantil no necesariamente es terrible. Los niños que trabajan lo hacen para ayudar a sus padres. En muchos casos eso niños carecen de oportunidades reales para estudiar. No tienen una escuela cerca o no tienen quién los cuide después de la escuela. Y sólo una minoría está en condiciones de explotación. Los padres que ponen a sus hijos a ayudarles no son unos descorazonados. Lo hacen por necesidad. Lo más probable es que la gran mayoría de ellos también quisiera que no tuvieran que trabajar, que estuvieran en la escuela y que tuvieran una niñez sin carencias. Pero esa no es la realidad. En el pasado, el trabajo infantil era lo más común. De la generación de nuestros abuelos (o bisabuelos, en el caso de nuestros lectores jóvenes) más de la mitad no tenía estudios. Apenas una tercera parte tenía algunos años de primaria. ¿Dónde estaban esos niños si no estaban en la escuela? Ayudando a sus papás. Por un lado de mi familia mis abuelos no llegaron a secundaria. ¿Qué se pusieron a hacer? Ayudar a su familia en lo que pudieron. Desde labores domésticas (cuando las familias eran grandes eso era fundamental) hasta en el trabajo (como chalanes de los padres, tíos y otros parientes). Pocas personas de esas generaciones dirían que fueron explotados. Lo más seguro es que digan (como mis abuelos) que “era lo que tenían que hacer para sobrevivir. No había de otra”. Armando: yo no podría estar más de acuerdo con el propósito de erradicar la explotación infantil, pero que un niño dedique parte de su tiempo a trabajar no quiere decir que está siendo explotado. Quizá el problema no es del tamaño que piensa la CNDH. Las declaraciones y las estadísticas que presenta sugieren cosas que no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Si es verdad que esos 3 millones de menores trabajan para cubrir sus necesidades básicas, no puede ser cierto al mismo tiempo que la mitad de ellos trabaje y no les paguen. Si no les pagan, entonces no puede ser cierto que trabajen para cubrir sus necesidades. Una opción sería que los estuvieran forzando a trabajar. Pero esa es una razón distinta. A mí se me hace que están confundiendo la magnesia con la gimnasia.

Tic, tac, tic, tac. Este es el sonido de un paquete de bienvenida que recibirá el o la próxim@ president@ de México. Es la bomba del sistema de pensiones, o mejor dicho, el arsenal de artefactos explosivos que conforman los más de 100 planes de pensiones financiados con dinero público. Esta vasta constelación de programas de jubilación se compone de los sistemas de retiro de trabajadores de las dependencias federales, Pemex, CFE, los gobiernos estatales, las universidades públicas y otros organismos del Estado mexicano.De acuerdo con una investigación de Pedro Vázquez Colmenares, el tamaño de los pasivos por las pensiones públicas de México rebasa el tamaño del PIB. Si además se suman otros compromisos de pago como la deuda pública, los futuros agobios fiscales de México adquieren proporciones mediterráneas. La jubilación de un policía estatal, un médico del IMSS o una recepcionista en la Secretaría de la Reforma Agraria no representan, hoy, una carga directa sobre el presupuesto. Sin embargo, el día de mañana, cuando les llegue la edad del retiro habrá que cumplir con los derechos adquiridos en su vida laboral.

En el marco del Día del Niño, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha insistido en su campaña para erradicar el trabajo infantil. Habría que estar mal de la cabeza para no reconocer la importancia de que se preserven los derechos de los niños en el país, pero hay que ser cuidadosos al distinguir entre explotación infantil y trabajo infantil. Son dos cosas muy distintas. No distinguirlas adecuadamente puede llevarnos a intentar reparar cosas que no están descompuestas.La Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no habla de erradicar el trabajo infantil sino de proteger a los niños de la explotación económica y de hacer trabajos que interfieran con su educación o que pongan en peligro su desarrollo.Al hacer la distinción, la referida Convención reconoce implícitamente que hay trabajos que sí son adecuados y que no constituyen explotación infantil.

El jurista José Roldán Xopa define los cambios a la Constitución mexicana como una especie de pulserita mágica. Esos brazaletes, además de vestir la muñeca, te prometen la cura del cáncer, el remedio a la fatiga crónica y el mal de ojo. Los cambios en el marco legal son, en muchas ocasiones, un placebo anestésico para disimular los dolores que aquejan a nuestra República. Yo mismo he probado en carne propia el adormecimiento y euforia que puede provocar una reforma constitucional.En 2008, el Congreso aprobó una importante innovación en el texto de la Carta Maga. Los legisladores federales se otorgaron la facultad de expedir leyes para armonizar la contabilidad financiera de los tres niveles de gobierno. El cambio constitucional me hizo suponer que, de forma súbita, iniciaba una nueva etapa en la rendición de cuentas en estados y municipios. Cuatro años después, en entidades como Coahuila y Michoacán, todavía es posible esconder las deudas del gobierno. Sobre la armonización contable de los municipios, hay muy poca información para saber si se ha cumplido en los hechos el espíritu de la ley.

En varios países existe un periodo de veda electoral, que limita la propaganda política en periodos de elecciones para: a) generar un espacio de reflexión (en teoría) para los ciudadanos previo a las elecciones y proteger así a los electores de propagandas políticas. Por ello, en algunos países se conoce este periodo como espacio de reflexión, donde no se permite la publicación de encuestas y la realización de eventos masivos, entre otros; b) evitar incidentes entre simpatizantes de diferentes partidos políticos, y c) limitar la manipulación de los partidos sobre los electores, distrayéndolos con espectáculos para que no vayan a votar. Ésta es la razón por la cual durante las vedas es común que se prohíba la venta de alcohol o la realización de espectáculos públicos.En México, la veda electoral sirve para limitar el uso de recursos públicos de los gobiernos en turno para las campañas políticas de sus partidos. Dicha veda se aplica durante los meses en los que las entidades se encuentran inmersas en los procesos electorales.

La publicidad de una tarjeta de crédito nos dice que hay cosas que no tienen precio. Los anuncios de MasterCard tienen mucha razón en cuanto a los sentimientos de las personas, pero su hipótesis no se cumple para la vida de las naciones. ¿Cuánto vale la paz social? ¿Qué presupuesto alcanza para garantizar la estabilidad política?En Bolivia, por ejemplo, la anestesia contra revueltas populares cuesta 38 dólares por habitante al año. En Nigeria, la factura es equivalente a 41 dólares per cápita. En México, por el mismo servicio pagamos el equivalente a 120 dólares por cada compatriota. Esa es la factura que estos países han pagado en años recientes para sufragar los subsidios a la gasolina.A fines de 2010, el presidente boliviano Evo Morales decidió dejar de disfrazar los precios del combustible con el dinero de su magro erario. La medida implicó un aumentó del 73% en las bombas de gasolina. En respuesta, Evo recibió una sobredosis de un propio chocolate. Huelgas, protestas masivas y bloqueos carreteros obligaron ha echar reversa al incremento de precios. A principios de 2012, en Nigeria, el gobierno intentó la misma estrategia de política pública, pero con resultados mixtos. La gente ventiló su disgusto con disturbios y manifestaciones callejeras. Sin embargo, al final del episodio el subsidio a la gasolina se logró reducir en un 30%, con un ahorro anual cercano a los 2 mil millones de dólares.