En junio de 2021, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que de enero a mayo del 2021, se registraron 834 mil 118 delitos de fuero común a nivel nacional, mientras que de enero a junio de 2021 se registraron 39 mil 450 delitos del fuero federal. De los 15 estados donde hubo elecciones al cargo de gobernador, el promedio de delitos no denunciados es de 80%, lo que se traduce en altos índices de inseguridad y poca eficiencia de las instituciones de justicia para hacer frente a la misma.
La mayoría de delitos que ocurren en el país son del fuero común, es decir, delitos que afectan directamente a las personas en lo individual, y son las entidades federativas las encargadas de perseguirlos, los más recurrentes son robos, homicidios, extorsiones, secuestros, fraudes, etc. Según datos oficiales, 87% de la población privada de libertad fue sentenciada por un delito perteneciente a este fuero.
La seguridad pública está estrechamente ligada a la calidad de vida de los ciudadanos, al salvaguardar su integridad física y sus derechos a través de la prevención y eliminación de aquello que pone en riesgo sus libertades, el orden y la paz pública. Pese a ello, los datos del INEGI al segundo trimestre de 2021 demuestran que 66.6% de la población de 18 años y más percibió a su ciudad como insegura y 56.2% consideró la delincuencia como una de las principales problemáticas de su ciudad.
Por otro lado, el acceso a la justicia propicia la certeza jurídica, la cual es determinante para mantener condiciones favorables para la atracción y retención de talento e inversión en los estados.
Es por ello que desde el IMCO analizamos cuáles fueron las propuestas de campaña en materia de seguridad y justicia de las y los 15 gobernadores electos. Identificamos que, a pesar del contexto, dichas propuestas no respondieron a la urgencia de resolver los retos en materia de inseguridad y delincuencia.
Por ejemplo, en el caso de San Luis Potosí, el Gobernador electo José Ricardo Gallardo Cardona no realizó ninguna propuesta concreta para abordar este tema.
En Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Tlaxcala, las propuestas de campaña se enfocaron en mejorar el acceso a la justicia y seguridad para las mujeres. En Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Guerrero, Querétaro y Tlaxcala, se propuso incrementar el uso de tecnología para fortalecer las labores de seguridad, ya sea a través de cámaras de videovigilancia u otros medios.
También fueron presentadas propuestas novedosas. En Campeche, por ejemplo, la gobernadora Layda Sansores, propuso hacer brigadas a las cárceles y asegurar que las personas privadas de libertad tengan defensa jurídica de calidad. En Chihuahua la gobernadora electa, María Eugenia Campos, prometió realizar esfuerzos de coordinación con agentes de la sociedad civil, la academia y el empresariado para reforzar el tejido social y la seguridad. En Nuevo León, Samuel García aseguró que buscará mejorar los canales de denuncia para hacerlos más cercanos a la ciudadanía.
A pesar de lo anterior, no se identificó que las propuestas contaran con un diagnóstico previo, o explicación de los recursos e infraestructura necesaria para su materialización, y por lo tanto, no se dio la información suficiente a las y los ciudadanos que les permitiera reconocer que las propuestas hechas en campaña estaban basadas en evidencia.
Como hemos mencionado, los niveles de inseguridad e impunidad que viven las entidades son similares, lo cual posibilita que las estrategias que han funcionado para atender dichas problemáticas pueden ser adecuadas y replicadas en los estados en donde aún no se realizan. Por mencionar algunos ejemplos, la incorporación de los policías al servicio profesional de carrera, que consiste en reconocer y mejorar sus capacidades profesionales que mejoren la calidad de su desempeño, y asegurar su estabilidad laboral; o bien, como el caso de Nuevo León, Chihuahua y Michoacán, en donde la recaudación de impuestos para invertir en materia de seguridad ha sido clave para dar sostenibilidad a las labores de las policías y garantizar la seguridad.
Otro aspecto que observamos en las propuestas es que se omite que se fortalezcan las acciones preventivas, proactivas y de colaboración con otros actores sociales. Tampoco se explican las posibles estrategias o presupuestos que se estima podrían requerirse para llevar a cabo dichas propuestas.
Para dar solución a las problemáticas en materia de seguridad y acceso a la justicia, es necesario el compromiso de las y los nuevos gobernadores para conocer el contexto que actualmente viven sus entidades, y así, materializar propuestas sólidas, en donde promuevan y tomen en cuenta la participación ciudadana, desde la formulación de las mismas, hasta el monitoreo de sus resultados.
Publicado en La Silla Rota.
20/08/2021
