Los terremotos de septiembre de 2017 dañaron 20 mil escuelas en 11 estados, sin embargo, a casi diez meses de lo ocurrido no se sabe a ciencia cierta cuándo estarán listos estos planteles para que sus 4.5 millones de alumnos vuelvan a clases. El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Otto Granados Roldán, dijo que con excepción del Estado de México, Oaxaca y Chiapas, las demás entidades presentan un avance del 80% en la reconstrucción y estimó que todas las escuelas estarán listas antes de que el ciclo escolar finalice en junio, sin embargo, no hay información disponible para verificar que eso sea factible.
Las estimaciones propias que hemos realizado nos indican que al parecer se ha avanzado en la asignación de recursos: el programa Escuelas al CIEN ha programado 6 mil millones de pesos (mmdp) en 5 mil 177 planteles, el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden) ha asignado 9 mmdp a 3 mil 646 planteles, aseguradoras han conciliado 354 millones en 585 escuelas y el Programa de la Reforma Educativa tiene un padrón con 10 mil 546 escuelas, aunque todavía no transparenta sus montos. En total, se reporta la asignación de 15 mmdp, de los 20 mmdp con los que la SEP estima que cuenta.
Lo que genera incertidumbre es no saber cuántos de esos recursos han llegado a las escuelas, en cuántos planteles se han comenzando obras, si todas las escuelas con recursos asignados realmente fueron dañadas en los sismos o si todas las que fueron dañadas ya han recibido apoyos. Para complicar la situación, este proceso ocurre en año electoral y con campañas que estuvieron salivando por recursos todo este tiempo.
La falta de información confiable y actualizada es un reto recurrente en el sistema educativo y ha dificultado la respuesta a los sismos de 2017. A más de 9 meses de los desastres, todavía no se cuenta con un censo definitivo y público de las escuelas afectadas y de sus daños. Las bases de datos que proporcionan las autoridades estatales presentan diferencias respecto a la información de las autoridades federales. Los datos de estas dos fuentes reportan información que no siempre corresponde con lo que encuentran quienes realizan trabajo de campo en las escuelas.
Además, el censo reciente que detalla las condiciones de infraestructura de los planteles educativos antes de los sismos no se encuentra disponible en formato electrónico. De hecho, el último censo de infraestructura se realizó en 2013. Los mecanismos que desde entonces han recogido información sobre las instalaciones escolares están en papel y el alcance de sus datos es menor.
No contar con información completa sobre infraestructura escolar significa que las autoridades han tenido que ser sumamente cuidadosas al validar que las escuelas que solicitan recursos etiquetados para la reconstrucción realmente los necesiten a raíz de los sismos y no por carencias previas. La falta de información de línea base sobre infraestructura escolar, pública y en datos abiertos, será una limitante para la rendición de cuentas de las intervenciones en los planteles afectados por los sismos, como ya lo ha sido al intentar evaluar el impacto de otros programas gubernamentales de infraestructura escolar.
En marzo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil y sector privado, publicamos el portal: reconstruccion.mejoratuescuela.org. La plataforma consolida las bases de datos proporcionadas por autoridades federales, estatales y por la iniciativa privada. Un mapa interactivo muestra las escuelas reportadas con afectaciones, su nivel de daño, instancias públicas y privadas que la apoyan, así como los montos financieros asignados.
Al consolidar todos los datos, encontramos una serie de preocupantes inconsistencias. Por ejemplo, todavía en marzo, a seis meses de los sismos, en el padrón de apoyo del Fonden había mil 173 escuelas, con un monto asignado de 2.1 mil millones de pesos, que no aparecían en el listado de planteles afectados que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) consolidó y publicó a partir de la información que le reportaron las autoridades estatales.
Las inconsistencias en los datos pueden derivarse de problemas en la generación de la información. La única manera de comprobar que así es y que no se deben al tipo de situaciones más siniestras que le suceden a los recursos públicos en nuestro país es transparentando toda la información necesaria. Han pasado más de 9 meses de los sismos y la SEP sostiene que terminará la reconstrucción en dos meses más, así que no es posible aceptar que no ha habido suficiente tiempo para que las autoridades generen toda la información necesaria.
Por otra parte, es de reconocer que al publicar estas diferencias en los datos hubo un acercamiento de las autoridades educativas federales y que su colaboración ha sido de gran utilidad para revisar las bases de datos existentes y para transparentar nueva información. Por ejemplo, el Inifed proporcionó el padrón de Escuelas al CIEN y el monto a invertir por plantel, en un gesto de transparencia proactiva. Sin embargo, un proceso de revisión completa de los datos debió haber ocurrido hace meses como un requisito indispensable antes de empezar a programar recursos y de realizar obras.
Al analizar las discrepancias en la información se identificó que la mayoría tenían su origen en lo reportado por las autoridades educativas locales (AEL) de cada estado. Los problemas en la generación y transparencia de la información de las AEL no son nuevos. De hecho, para contrarrestarlos se incluyó en la reforma educativa de 2013 un componente del que poco se habla: el Sistema de Información y Gestión Educativa (Siged), que se pensó como una plataforma centralizada de datos y comunicación entre las escuelas, padres de familia y autoridades educativas locales y federales, alimentada con datos de las autoridades educativas locales pero administrada por las autoridades federales.
En los procedimientos de generación y transparencia de información centralizar procesos es optimizar esfuerzos. Los datos consolidados de manera oportuna y publicados con transparencia son un insumo indispensable para la eficacia, evaluación y rendición de cuentas de la atención a las comunidades escolares afectadas por los sismos de septiembre de 2017.
Por ejemplo, una directora de escuela podría reportar a una plataforma central los daños que sufrió su plantel, para que la autoridad educativa local mandara a una especialista a verificar las condiciones, misma que validaría la información en la plataforma y la enviaría a las autoridades federales, las cuales usarían estos datos para diseñar una óptima distribución de los recursos y reportarlos en el sistema, el cual a su vez le notificaría a la directora y a los padres de familia para dar seguimiento, apoyar y vigilar las obras en su escuela.
El problema del Siged es que nunca ha estado cerca de cumplir los objetivos que la ley marca, en buena parte porque no se le ha asignado el presupuesto necesario para implementar un proyecto con esa ambición. Parece ser que el este sistema está a cargo del proceso gubernamental de consolidar los datos de daños y atención a los planteles, pero a ocho meses de los sismos no ha transparentado información y no sabemos si sus productos finales serán públicos. El Siged es un esbozo de lo que debería ser una gran herramienta para agilizar los procesos de generación y transparencia de la información del sistema educativo.
El trabajo de fiscalizar los recursos públicos de la reconstrucción caerá sobre el Gobierno federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador. Es una oportunidad para que desde el inicio de su administración demuestre su compromiso real con un gasto educativo transparente y que rinda cuentas. Por ahora, la información pública disponible crea graves dudas sobre la factibilidad de terminar todos los trabajos de reconstrucción de planteles antes de finalizar el ciclo escolar actual. Seguramente se concluirán las obras en las 13 mil escuelas con daño menor, pero no hay certeza de que se han iniciado trabajos en las 7 mil escuelas con daño severo o en los 210 planteles que se van a reconstruir por completo. Los arquitectos llaman obra negra a la fase inicial de una construcción. La reconstrucción del sistema educativo sigue en esa etapa, en obra negra, por su superficial avance y su profunda opacidad.
Publicado por Nexos
04-07-2018
