Por lo menos desde el inicio del siglo XXI, la reinvención sexenal del país incluye la energía. Cada titular entrante del ejecutivo federal ha intentado –con distintos niveles de éxito– realizar cambios mayúsculos al andamiaje legal e institucional para plasmar su visión económica y política en el sector energético.
Durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se promovió una visión descentralizadora para el sector. Los cambios que plasma la iniciativa de la reforma energética aprobada en la Cámara de Diputados y próxima a votarse en el Senado de la República –con altas probabilidades de alcanzar las dos terceras partes necesarias para pasar– apuntan hacia la centralización del sector. En esencia, se busca transitar de la figura de empresas productivas del Estado a empresas públicas y la “prevalencia” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre cualquier competidor.
El problema fundamental de tirios y troyanos es actuar mirando el retrovisor. Hace poco más de una década el mundo de la energía sufrió dos cambios tectónicos: el auge de los yacimientos de hidrocarburos no convencionales y el despunte de las energías solar fotovoltaica y eólica. Es en ese contexto que surgen las reformas de 2013-14 que abrieron el sector a la inversión privada.
En la actualidad la evolución tecnológica se encamina hacia la reducción de emisiones en la producción de hidrocarburos con proyectos de captura de carbono, el hidrógeno gana impulso como fuente alternativa de energía, la industria de los vehículos eléctricos busca un camino hacia la rentabilidad, el desarrollo del almacenamiento eléctrico continúa su avance, entre otras tendencias hacia la descarbonización del sector.
México necesita una legislación que permita la adaptabilidad a esta realidad emergente. A diferencia de la fallida reforma de 2022 que legislaba en el rango constitucional –e incluso de la reforma de 2013–, la propuesta actual tiene la virtud de plasmar principios y generalidades en la constitución y dejar los específicos para la legislación secundaria. Esto abre un área de oportunidad para legislar con una visión de futuro y dar mayor facilidad de modificarla si el panorama cambia, como probablemente sucederá.
Estas tendencias forman, a su vez, parte integral del compromiso de reducir emisiones de la administración que empieza. De ahí que la pregunta central a la que la legislación secundaria deberá dar respuesta es ¿cómo cumplir con el mandato de fortalecer a las empresas estatales para brindar servicios públicos de primera, sin que esto vaya en detrimento de la agenda medioambiental y de cambio climático del gobierno?
En primer lugar, es posible garantizar 54 % de la capacidad instalada a la CFE, mientras que el criterio de despacho eléctrico obedezca a criterios técnicos y de eficiencia, de tal suerte que promueva menores costos. De esta forma se atendería la consideración de soberanía y seguridad energética al mismo tiempo que se promovería la inyección de energías renovables al sistema y se fomentaría un ambiente propicio para la inversión pública y privada.
Aunado a ello, para fortalecer las finanzas y la operación de la CFE, la legislación secundaria tendría que prohibir que la empresa otorgue subsidios y condonaciones con sus propios recursos. Si por cuestiones de política pública -o de política electoral- se deciden otorgar subsidios, estos deberán correr por cuenta de la Secretaría de Hacienda, no de la CFE.
Una ley secundaria en estas líneas facilitaría la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) en 2026. En el fondo, el T-MEC reconoce la soberanía energética, pero con Estado de derecho.
Publicado en Animal Político
17-10-2024
