Las redes sociales revolucionaron la forma en la que nos relacionamos. Su evolución pasó de conectar a las personas a convertirse en un instrumento de trabajo y fuente de información y ahora en una herramienta de cambio social. Comenzando febrero, la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió en la revisión de un amparo que, en algunos casos, la autoridad está obligada a responder peticiones que se hayan recibido por Twitter. A pesar de que en casos futuros tendría que analizarse caso por caso, esta resolución marca un precedente sobre el derecho de petición a funcionarios y empleados públicos.
La historia comenzó cuando una persona realizó tres peticiones al Ayuntamiento de Guadalajara a través de Twitter. Como muchas veces sucede, no tuvo respuesta por parte de dicha autoridad y consideró que no eran peticiones con carácter formal. La persona presentó una demanda de amparo para solicitar fueran atendidas sus peticiones. El Juez de Distrito (primera instancia) le negó el amparo. La negativa argumentaba que el Ayuntamiento no había previsto en su forma de operar ni en sus reglas darle un carácter oficial a la cuenta de Twitter para responder peticiones de las personas.
No conforme con la negativa del amparo, la persona recurrió a revisión y ahí la historia cambió. La Primera Sala de la Suprema Corte determinó que las peticiones realizadas por Twitter sí están protegidas por el derecho de petición establecido en el artículo 8 constitucional desde 1917.
Como toda buena noticia siempre “hay un pero”. Los ministros concedieron el amparo porque se cumplieron estas condiciones: 1) que la autoridad sea titular de la cuenta a la que se formulan las peticiones; 2) que la autoridad considere normativamente u institucionalmente el uso de la red social para su actuación oficial; 3) hay indicios de que la autoridad recibe y responde peticiones y no solo da un uso de difusión o diálogo con las personas y; 4) que la petición sea una petición, no un comentario u opinión, y se haya realizado de forma pacífica y respetuosa como indica la Constitución.
De acuerdo con la última edición del Índice de Competitividad Internacional del IMCO, en el país el 72% de la población son usuarios de internet. El uso de tecnología continúa incrementando y sus aplicaciones diversificándose. Un gobierno competitivo no puede quedarse en el siglo pasado. Aunque sujeto a condiciones, el paso dado por la Corte marca una nueva dimensión entre la relación gobernante-gobernado.
Un gobierno digital no solo mejora la calidad de los servicios, sino que conecta a las instituciones y aprovecha la tecnología para gobernar de forma efectiva. Los servicios digitales, la interoperabilidad para que cualquier gobierno opere a distancia, una política de datos y de ciberseguridad son el futuro de las administraciones públicas. Para todos los que creíamos que tuiteando no se mejoraba el mundo, tal vez podríamos estar equivocados. Mejor pongámonos todos a tuitear.
*Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad del autor y no representan la postura institucional.
Publicado en El Sol de México.
08-02-2023
