Gabriel Tarriba
En 2011, el gobierno mexicano -en sus tres niveles- va a gastar 3.49 billones de pesos, es decir, 119 mil pesos por cada familia mexicana. Casi una cuarta parte de la riqueza generada en México es capturada por el gobierno.
¿Cuál es el valor de los bienes y servicios que recibimos a cambio? Hoy podemos saber cuánto cuestan, pero no cuánto valen. El paradigma actual de acceso a la información, la “Transparencia 1.0”, sólo nos dice en qué gasta el gobierno nuestro dinero, pero no en qué se traduce ese gasto.
Para evaluar la eficiencia y valor generado por el gasto público necesitamos avanzar migrar a la “Transparencia 2.0”.
Este modelo parte del principio de que cada peso que gasta el gobierno debe generar un retorno social mayor a un peso, que debe ser transparente, objetivo y sistemáticamente medible.
“Transparencia 2.0” no es sólo una herramienta anticorrupción y de rendición de cuentas, sino un instrumento para que los gobiernos conozcan mejor su propio funcionamiento y sepan cómo mejorarlo.
En todos los países, los gobiernos obligan a la sociedad a contratar una canasta de bienes y servicios a cambio de una fracción de la riqueza nacional. Los gobiernos suelen prometer garantizar la paz y proteger a la sociedad y su propiedad, fijar leyes que promuevan la convivencia y ofrecer servicios como la educación y la salud.
En teoría, en una democracia este intercambio surge de un “contrato social” entre gobierno y ciudadanos. En democracias avanzadas, los ciudadanos pueden modificar los términos de este intercambio a través de plebiscitos y elecciones. En la práctica, los mexicanos no tenemos ni la información ni los mecanismos para cambiar la canasta de bienes y servicios que el Estado nos obliga a contratar.
En México, apenas comenzamos a conocer cómo gastan el dinero nuestros gobiernos: la “Transparencia 1.0” avanza lentamente y de forma desigual en los tres niveles de gobierno. IMCO ha documentado que en 2009 sólo 67 de los 2,439 municipios del país reportaron información útil sobre finanzas públicas. En cambio, a nivel federal y en muchos estados la “Transparencia 1.0” se está volviendo la norma, aunque falta estandarizar y homologar su normatividad.
No obstante, la “Transparencia 1.0” -la información sobre el destino de recursos públicos- no nos dice nada sobre la eficiencia del gasto público. Un gobierno puede presumir su inversión en una carretera, pero sin un análisis costo-beneficio no sabemos si ese dinero está bien gastado -quizá se hubiera empleado mejor en un hospital-. Es decir, la “Transparencia 1.0” reporta el costo de los bienes y servicios del gobierno, pero no su valor. Es un gran avance respecto a la absoluta opacidad del pasado. Pero urge ir un paso más allá y comenzar a evaluar y comparar los retornos del gasto público. En ello consiste la “Transparencia 2.0”. Este nuevo paradigma de transparencia nos permitiría saber qué tan bien o mal gasta el gobierno nuestro dinero. Al transparentar los retornos de cada peso gastado por el gobierno, la “Transparencia 2.0” establecería el papel central de la eficiencia como criterio para el gasto público.
Lo más cercano que tenemos en México a la “Transparencia 2.0” es la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que se encarga de revisar las cuentas de las dependencias federales, y de emitir observaciones y recomendaciones. Pero la ASF no tiene facultades para vigilar que sus recomendaciones sean implementadas. La propia ASF ha sugerido la creación de un tribunal especializado con facultades para sancionar irregularidades en la cuenta pública. Pero los beneficios de la transparencia van más allá de la lucha anticorrupción. La “Transparencia 2.0” busca elevar la eficiencia del gasto público a través de información objetiva y relevante tanto para la sociedad como para el gobierno. Es por ello que debe ser percibida por los gobiernos no como una amenaza o molesta obligación, sino como un mecanismo para recabar feedback sobre proyectos de gasto y mejorar su diseño e implementación. Por su parte, a la sociedad nos corresponde no sólo defender los avances de la “Transparencia 1.0”, sino impulsar la versión 2.0, que ponga énfasis en los resultados de cada peso gastado y cree incentivos para aumentar la eficiencia del gasto público. De otra forma, seguiremos sin saber en qué se traducen los 119 mil pesos que el gobierno gastará en 2011 a nombre de cada familia.
Investigador del Instituto Mexicano
para la Competitividad
