Parlamento Abierto: Iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica
Los cambios propuestos en la iniciativa preferente enviada por el titular del Ejecutivo tendrán implicaciones sumamente negativas para los consumidores de electricidad, tanto individuos como empresas, para la certidumbre de las inversiones en el mercado eléctrico y para la economía mexicana en general. Pero no sólo eso: implicará un enorme deterioro a la salud financiera de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y por ende, a las finanzas públicas. A todo ello hay que sumar la afectación al medio ambiente y el freno a la transición energética.
Hoy me quiero concentrar en tres impactos tangibles si la iniciativa se aprueba en los términos en los que se envió al Congreso:
Energía eléctrica más costosa
Los costos de la iniciativa los pagaremos todos los mexicanos. Privilegiar a un jugador sobre el resto de los participantes del mercado no debiera ser un fin en sí mismo. El objetivo de la política energética debe ser beneficiar al ciudadano. Una comparación de costos entre los distintos generadores y tecnologías permite dimensionar la magnitud del impacto de la iniciativa para los consumidores, la CFE y las finanzas públicas.
De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el costo promedio por megawatt-hora de las energías renovables a partir de las subastas de largo plazo fue de $401 pesos en 2020, una reducción de aproximadamente 31% comparado con el año anterior, cuando fue de $583. En enero de 2021 bajó a $383 pesos. En comparación, el promedio de costo por megawatt-hora de la CFE en 2020 fue de $1,413. En enero 2021 este costo subió a $1,515. La diferencia es de 252% para 2020 y de 295% para enero 2021.
Los mayores costos se reflejarán en un mayor precio a los usuarios o en mayores subsidios etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). De una u otra forma, el costo de optar por un megawatt más caro lo paga el ciudadano.
La promesa del presidente López Obrador es no incrementar las tarifas en los recibos de luz. Si se parte de ese supuesto, el impacto se tendrá que reflejar en el PEF. Sólo para 2021 se destinaron $70 mil millones de pesos para compensar a la CFE las pérdidas por subsidio. De aprobarse la iniciativa, el impacto en el presupuesto de 2022 será incluso mayor, en menoscabo y detrimento de los recursos que tanto el gobierno como los particulares podemos destinar a la recuperación económica tras la pandemia.
Acabar en los hechos con el mercado eléctrico mayorista (MEM) al cambiar el orden de prelación (criterio de despacho), relajar los criterios para obtener Certificados de Energías Limpias (CELs) y dar discrecionalidad a CFE Suministrador de Servicios Básicos para suscribir contratos bilaterales en lugar de comprar energía a través de subastas basadas en eficiencia económica obligará a incrementar las compensaciones por subsidio en un contexto de austeridad y finanzas públicas presionadas. Los programas prioritarios de la actual administración se encuentran entre los perjudicados por esta reasignación del gasto, necesaria en caso de aprobarse la iniciativa.
Así, los costos de la iniciativa los pagaremos todos los mexicanos.
Mayor generación a partir de combustibles fósiles
El nuevo criterio de despacho, basado en un modelo de propiedad de las centrales en lugar de eficiencia económica, privilegia los combustibles fósiles. Las centrales hidroeléctricas de CFE no tienen la capacidad para satisfacer la demanda del sistema eléctrico. Las centrales de la CFE que operan con combustibles fósiles, más costosas y contaminantes que sus contrapartes privadas, serían las ganadoras en el nuevo orden de prelación.
La CFE no tiene la capacidad –ni los planes, como se refleja en el Plan de Negocios 2021-2025 publicado el mes pasado– para llevar a cabo la expansión en megawatts necesarios para cumplir con los compromisos de México en la Ley de Transición Energética y en el Acuerdo de París que establecen que para 2024 el 35% por ciento de la generación eléctrica deberá ser limpia. Si se compara las entradas en operación de megawatts renovables de privados con los de la CFE, es claro que esta última no puede reemplazar a las empresas privadas.
Este deterioro no sólo afectará nuestro medio ambiente y nuestra salud, sino que también el potencial del país para atraer y retener inversiones, para producir con calidad, para generar empleos bien remunerados. La política ambiental impacta la inversión en un país. Las acciones en materia de transición energética son cada vez más relevantes para atraer inversión y la falta de compromiso ambiental puede repercutir en barreras comerciales, arancelarias y no arancelarias. Ejemplos de esto es el compromiso de la administración Biden de ir más allá de París en los tratados comerciales o los compromisos de inversiones verdes de fondos y las demandas de sustentabilidad de los consumidores mismos en el mercado que exigen productos con origen sustentable. Impacta de igual forma en las empresas cuya operación requiere de un suministro confiable de electricidad, por ejemplo, las granjas de servidores en la nube que al día de hoy no se instalan en México por esta razón.
Recordemos que México compite con otras naciones para convertirse en un destino de inversión. El optar por tecnología obsoleta, muy por detrás de la de otros países, nos coloca en una posición desventajosa, lo cual es siempre preocupante, pero mucho más aún cuando la crisis económica resultado de la pandemia nos obliga a ser lo más competitivos posible.
Violaciones a tratados comerciales internacionales
El comercio internacional funciona a partir de principios. En el fondo, eso son los tratados comerciales internacionales, una serie de principios que las partes se comprometen a respetar, indistintamente de los vaivenes políticos y económicos. El gran éxito del TLCAN original fue precisamente que México se comprometió por primera vez a respetar una serie de disciplinas estrictas, en otras palabras, se comprometió a respetar el Estado de derecho en la parte exportadora de su economía y en las inversiones. La iniciativa implicaría perder esta certeza. Más allá de las sanciones económicas que se le fijen al Estado mexicano en paneles internacionales, mandaría la señal de que el gobierno mexicano no honra sus compromisos, no aquilata el valor de la seguridad jurídica y no ampara a los inversionistas extranjeros con los derechos que les confieren los tratados internacionales. Es una señal demoledora en contra de la confianza de los mercados en México. Recuperar esa confianza será un proceso que tomará años.
Afirmar que la electricidad no forma parte integral del Tratado México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es un error. No se puede leer el capítulo ocho sobre energía del T-MEC aislado, el cual además no hace mención alguna a la industria eléctrica. El T-MEC consolida la apertura del sector eléctrico en una serie de disposiciones, entre las que destacan:
- Empresas propiedad del Estado y monopolios designados (22), donde se establece la prohibición de un trato discriminatorio a privados para beneficiar a jugadores del Estado, en este caso la CFE.
- El sector eléctrico es uno de los seis cubiertos por el mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado entre México-Estados Unidos (14-D). El riesgo de que México tenga que defender su política ante paneles internacionales es real.
- Esta iniciativa es violatoria del T-MEC al cambiar las condiciones regulatorias de tal forma que las inversiones en el sector se vuelven inviables. La iniciativa representa una expropiación indirecta.
- El artículo 32.11 del T-MEC establece a la letra que México “se reserva el derecho de adoptar o mantener una medida con respecto a un sector o subsector para el cual México no haya tomado una reserva específica (…) solo en la medida en que sea compatible con las medidas menos restrictivas que México pueda adoptar o mantener”. Al estar consolidada en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico(TIPAT), la apertura del sector eléctrico pasa a estarlo también en el T-MEC, además de que ir contra esa cláusula sería una violación para con nuestros socios en el TIPAT, entre los que se encuentra Canadá.
- En el capítulo de medio ambiente las partes se comprometen a aplicar su legislación nacional en este tema y pueden ser llevadas a paneles en la medida que el no cumplimiento sistémico de la legislación afecte el comercio y la inversión.
Conclusiones
La iniciativa en los términos que se envió:
- Tiene un impacto negativo en el presupuesto de la federación, en el bolsillo de los ciudadanos e incluso en las finanzas de la propia CFE.
- Apuesta por el uso de energías fósiles costosas, contaminantes y lejos de las prácticas internacionales en la materia.
- Tiene repercusiones importantes para el Estado mexicano relacionadas con las consecuencias de violar flagrantemente tratados internacionales. Estas consecuencias incluirán costos para la hacienda pública en paneles internacionales y, más importante aún, constituyen una señal demoledora contra la inversión internacional. Lo anterior no sólo por el tema eléctrico en sí, sino por la señal de que en México no se honran las disciplinas comerciales.
Por todo esto, es imperante que esta iniciativa no sea aprobada. De lo contrario, las consecuencias las pagaremos todos los ciudadanos.
Haz clic aquí para conocer nuestro análisis de la propuesta a la ley de la industria eléctrica.
Mira la intervención de Oscar Ocampo en el la Cámara de Diputados:
https://https://www.youtube.com/watch?v=J6qGibpkE4k